Las empresas cántabras de Celsa, tranquilas a la espera de cambios en la gestión del grupo

Esta pasada semana, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó sentencia y acordó la homologación del plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa ( fondos entre los que destacan Deutsche Bank y Attestor) por lo que estos serán accionistas de la compañía en sustitución de los actuales propietarios, la familia Rubiralta.

Las empresas cántabras de grupo permanecen tranquilas a la espera de que se produzcan los cambios en la gestión y de que se conozcan los pormenores del plan industrial. En esta linea se ha expresado tanto el Comité de Empresa de GSW, tras reunirse con la dirección, como el Gobierno de Cantabria tras el contacto de consejero de Industria, Eduardo Arasti, con los directivos del grupo. A nivel nacional, el sindicato USO ha obtenido el compromiso de que la actividad no se verá afectada por los cambios y de que se va a conocer pormenorizadamente el plan industrial para el grupo.

Sin embargo, en este escenario, ahora lo más importante es la postura del Gobierno de España. Según parece, el traspaso de poderes en Celsa no será vetado por el Ejecutivo español, aunque sí contará con algunas condiciones, principalmente relacionadas con el compromiso de mantener la sede y los centros de producción en España, así como los puestos de trabajo.

El Ministerio de Industria confirmó tras conocerse el fallo judicial, que otorga el control de la empresa a los tenedores de la deuda, que el cambio de propiedad debería contar con la aprobación del Consejo de Ministros, dado que la mayoría de ellos son inversores extranjeros que tomarán más del 10% del capital de una empresa considerada como estratégica, como es el caso de Celsa.

La intervención del Ejecutivo en este caso se había puesto en duda, toda vez que no se trata de una inversión directa sino de una capitalización de deuda; no obstante, la situación es bien conocida por el actual Gobierno dado que, previamente a la presentación del plan de reestructuración, el Consejo de Ministros sometió a aprobación la concesión de dos préstamos públicos para ayudar a la compañía a resolver su delicada situación financiera, por un valor total de 550 millones de euros.

Fue en su día el mayor rescate llevado a cabo por el fondo articulado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) destinado a compañías que se hubieran visto notablemente lastradas por las consecuencias de la pandemia, aunque todo parece indicar que, finalmente, no terminará por desembolsarse.

A falta de un análisis más pormenorizado y al desarrollo del correspondiente expediente, el Gobierno tiene claro que deberá establecer la conservación de los puestos de trabajo, aspecto en el que ha insistido en los casos en los que ha tenido que determinar sobre una situación similar.

En este caso concreto, se da la circunstancia de que esa exigencia también aparece mencionada en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, que da el visto bueno a la estrategia de los fondos y echa por tierra los argumentos de la familia Rubiralta, propietaria hasta ahora de Celsa, que sostenía que el grupo era y podía seguir siendo solvente bajo su dirección y su plan de negocio articulado.