El Gobierno lleva el 'caso Nestor Martin' a la Fiscalía al apreciar indicios de delito

El caso Ecomasa (antigua Nestor Martin), proyecto empresarial creado en 2012, ya está en los Juzgados. Así lo acaba de anunciar la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, que ha precisado que en horas se formalizará una denuncia ante la Fiscalía para que proceda a abrir diligencias que permitan investigar a la compañía, que está cerrada y en fase de liquidación de sus activos productivos. La decisión del Ejecutivo regional se produce tras conocer el resultado de la auditoría forense encargada por Sodercán , sociedad pública que al tiempo es socio minoritario -posee el 30,6% de las acciones- de la sociedad Ecomasa World Investiments (EWI), empresa dedicada a la fabricación de estufas y con sede en Maliaño.

La pretensión del Ejecutivo regional pasa por lograr averiguar el destino de los 18 millones de euros de fondos públicos aportados al proyecto por el Instituto Cántabro de Finanzas (12 millones) y Sodercán (6 millones). Las ayudas públicas a la compañía fueron decididas por el Gobierno del PP, que presidía Ignacio Diego, a quien la actual vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, ha calificado como "el gran valedor" de este proyecto "fallido". Con su decisión, el bipartito (PRC-PSOE) acude por primera vez a los tribunales poniendo en tela de juicio la 'herencia recibida' por sus predecesores. Díaz Tezanos ha asegurado que mantiene su compromiso de llevar el caso al Parlamento, e incluso instar la creación de comisión parlamentaria de investigación, pero de momento se mantendrán a la espera y dejará que sea la Justicia la que trate de esclarecer el caso.

Una cantidad a la que hay que sumar la destinada por el empresa Teka, que entregó 3.289.781 euros a la sociedad patrimonial del grupo, Ecomasa y no a la empresa EWI, sociedad propietaria de la factoría de Maliaño. Un extremo que, para los auditores, también es 'oscuro' y requiere un total esclarecimiento, ya que el dinero de Teka era en teoría el monto de las indemnizaciones que deberían recibir los 88 trabajadores de esa firma que habían sido despedidos y que supuestamente cambiaron las cantidades que se les adeudada por un nuevo puesto de trabajo en Ecomasa (Nestor Martin).

Los hechos son "constitutivos de delito"

Según los datos que se incluyen en la auditoría, realizada por la empresa Ernst&Young, los hechos analizados son "constitutivos de delito" por lo que el único camino a seguir es acudir a la Fiscalía. De ahí que representantes legales de Sodercán, el socio minoritario, ya hayan presentado una demanda con el fin último de tratar de averiguar el destino final de los 18 millones de euros salidos de las arcas públicas. Además, la petición de apertura de diligencias por vía judicial busca poder tener acceso a totalidad de la documentación del grupo Ecomasa. Y ello porque los dueños de la citada compañía y de ese complejo grupo empresarial -Andrés de León y Jesús Lavín-, se han negado a facilitar datos e incluso han llegado a presentar en los últimas semanas varios requerimientos notariales (dirigidos a los administradores concursales y a los actuales gestores de la firma) para que devolvieran la documentación referida a la empresa. Una petición hecha bajo amenaza de que, de no cumplirse, los supuestos 'infractores' acabarían en los tribunales. Esa negativa ha hecho inviable que los auditores accedieran a gran parte de información necesaria para aclarar el caso.

En su comparecencia en la sede del Gobierno, Eva Díaz Tezanos ha recordado que el proyecto de la factoría de estufas, fue auspiciado y defendido por el anterior Ejecutivo del Partido Popular y muy especialmente por el entonces presidente regional Ignacio Diego. Junto a ese 'recuerdo', ha explicado que el Gobierno y Sodercán han adoptado la única decisión posible y obligada para defender el dinero de todos los cántabros.

En el relato de hechos probados que se recoge en la auditoría se revela que los dueños de la empresa de estufas utilizaron gran parte del dinero público para ir tejiendo y construyendo su propio grupo empresarial, por lo que en realidad una buena parte de las ayudas (vía préstamos y avales) otorgadas por el ICAF y Sodercán no llegó al proyecto inicial de Maliaño. De ahí que ante la complejidad de la trama se pretenda conocer el 'destino' de esas cantidades ya que los gestores de la empresa lejos de consolidar su proyecto han provocado que la factoría esté en quiebra, se viera obligada a presentar concurso de acreedores, a un posterior cierre y a entrar en liquidación.

EWI, además, tampoco ha encontrado posibles compradores que pudieran llegar al rescate mediante una nueva capitalización de la compañía. El grupo bosnio, único que se interesó por la firma, ha desistido, y ha comunicado por escrito a Sodercán que definitivamente desestima seguir analizando una posible adquisición. Los datos de EWI son además concluyentes: sus resultados económicos no pueden ser peores, con un ebitda negativo de 6,9 millones de euros y una descapitalización progresiva de la sociedad desde 2012.