El ICAF se une a la acusación contra los gestores de Ecomasa

De esta forma, el ICAF ejercerá la acusación particular junto con Sodercán, los dos organismos públicos dependientes del Gobierno de Cantabria que concedieron a Ecomasa 18 millones de euros en financiación y avales. El ICAF, una entidad nacida en su día para financiar proyectos viables por la vía de la concesión de créditos y avales, decidió personarse en la causa para intentar recuperar aunque admiten que es muy complicado los 12 de los 18 millones de euros de fondos públicos aportados a la compañía con sede en Maliaño (Camargo). Los otros seis se otorgaron vía Sodercán.

Ahora, la magistrada no se ha pronunciado aún sobre la petición de la abogada de los trabajadores que reclama la imputación de tres directivos de Teka. Tampoco sobre la aceptación como prueba de la auditoría forense encargada por el Gobierno, una vez que el informe pericial encargado por la jueza llega, según Sodercan, a las mismas conclusiones que aquella.

Para conseguir su personación como acusación particular, el ICAF ha tenido previamente que justificar el perjuicio sufrido. Y para ello se apoya en esa auditoría que encargó el Gobierno PRC-PSOE para esclarecer el destino de los 18 millones de euros de dinero público que se concedieron a Ecomasa (EWI) en la anterior legislatura -desde 2012-, y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los 88 trabajadores despedidos de Teka que fueron contratados por Ecomasa.

Desvío de fondos

La auditoría recoge, tal y como argumenta el ICAF para justificar su perjuicio, que el beneficio bruto de explotación -Ebitda- de Ecomasa arrojaba un saldo negativo de 6,9 millones entre 2013 y el primer semestre de 2015, y que EWI registró salidas netas de efectivo hacia otras empresas del Grupo Ecomasa vinculadas a Lavín y De León por importe de 11 millones de euros desde su constitución.

De esa cantidad, se señala que EWI estaba financiando a otras empresas vinculadas a Lavín y De León en un importe 1,16 millones, cantidad "no recuperada hasta la fecha"; y que EWI compró y pagó elementos de inmovilizado a Mahenor (Manuel Jesús Lavín Cobo) por importe de 2,46 millones, con salida de efectivo de EWI en 2012 y 2013.

Igualmente, la auditoría forense señala que el Grupo Ecomasa realizó en 2012 una inversión por importe de 3,5 millones en la compra del Grupo Wanders, que resultó "ruinosa" para la sociedad, ya que a fecha actual se encuentra en liquidación. Y añade que se han producido salidas de fondos en concepto de préstamos a empresas vinculadas a Lavín y De León por importe de casi cuatro millones de euros.

"En tal estado de cosas, con una aportación de 18 millones de euros desviados, al parecer, en los términos indicados en el informe emitido por Ernst&Young, junto con el Ebitda negativo, cabe concluir la clara situación del Instituto Cántabro de Finanzas de perjudicado, y la imposibilidad de seguir aportando fondos públicos a la sociedad", argumenta el ICAF, para añadir que esos fondos públicos, "en la actualidad han desaparecido por imprevisión en la inversión y por desvío de fondos por parte de los entonces responsables de Ecomasa".

Las ayudas públicas a la compañía fueron decididas por el Gobierno del PP, que entonces presidía Ignacio Diego, a quien el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha calificado como "el gran valedor" de este proyecto "fallido". Con su decisión, el bipartito (PRC-PSOE) acude por a los tribunales poniendo en tela de juicio la "herencia recibida" por sus predecesores.

De hecho, el fiasco de la antigua Nestor Martin le ha costado un buen susto al ICAF. El instituto público es víctima de su propia gestión y de los proyectos que financió, y que hoy están o desaparecidos o en vía muerta.

A principio de febrero se formalizaron los despidos de los pocos trabajadores que quedaban en la empresa.