Los siete condicionantes para el futuro de Sniace

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en su resolución publicada el pasado viernes, establece siete condicionantes para la viabilidad futura de Sniace en el marco de la ampliación de capital que abrirá la empresa que preside Blas Mezquita a partir del 5 de mayo por importe de 15,5 millones de euros. Varios de estos condicionantes no dependen de Sniace sino que requieren la conformidad de otros agentes.

El éxito de la ampliación de capital es el primer hito que destaca la CNMV en su documento. Sobre este punto resalta que los accionistas de referencia de la sociedad «no tienen suscritos compromisos de acudir al aumento de capital en proporción alguna». Y añade que el aumento de capital «no está asegurado por ninguna persona o entidad». De no alcanzarse la cifra mínima de 15,6 millones, la sociedad «no tendría asegurada su continuidad», no podría hacer frente a los pagos pendientes y «tendría que iniciar un proceso de liquidación». Hay, de momento, compromisos condicionados de Félix Revuelta, el mayor accionista, y de Sabino Vallina, el segundo, para acudir a esta ampliación.

El segundo apartado es el referido a la reestructuración de la deuda a los acreedores singulares, entre los que se encuentran Hacienda y la Seguridad Social, cuyo importe actual es de 48 millones de euros. Esta reestructuración tampoco está firmada, aunque ya ha habido conversaciones entre las partes.

Las inversiones necesarias para reiniciar la actividad, por importe de 8,4 millones de euros, son evidentemente otro de los condicionantes citados. De este dinero, 7,4 millones se destinan a obras en la planta de producción de fibra de viscosa y un millón de euros a la puesta en marcha de distintas instalaciones del grupo.

El acuerdo laboral para la readmisión de 326 trabajadores de los 533 que fueron despedidos es el cuarto condicionante. La CNMV recuerda que el acuerdo laboral «se encuentra pendiente del cumplimiento de alguna de sus condiciones suspensivas y de la correspondiente transacción judicial ante el Tribunal Supremo para revertir el ERE de extinción en otro de suspensión. El tribunal tiene como fecha para tratar el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional el próximo 18 de mayo y, a partir de entonces, dictará sentencia. Antes de que esto ocurra deberá llegarse a un acuerdo validable por el Supremo y para eso tiene que haber dinero sobre la mesa. La compañía estima que la ejecución del plan laboral generará un pasivo de 16 millones de euros, de los que 9,2 millones están contabilizados por lo que el resto, 6,8 millones, engrosarían las ya abundantes deudas de Sniace.

Otro de los condicionantes establecidos por la CNMV es «la obtención de determinadas ayudas públicas por importe aproximado de dos millones de euros». Esta cantidad va destinada a la financiación del plan de prejubilaciones. Hay compromisos del Ministerio de Trabajo sobre ello, con condiciones.

Sobre la mesa quedan también los permisos ambientales pertinentes para reiniciar la actividad. Son responsabilidad del Gobierno cántabro y el accionista Revuelta los situó como una de las condiciones para su participación en la ampliación de capital.

Finalmente, el último requisito que se fija es el cumplimiento del plan de viabilidad, «para lo cual es necesario que las hipótesis elaboradas por el Consejo de Administración de Sniace se materialicen». Entre otras, se encuentran el coste de la materia prima y los precios estimados de venta de los productos.

Es la propia CNMV la que advierte de que el plan de viabilidad «se basa en asunciones e hipótesis de futuro» por lo que el organismo hace referencia a posibles «acontecimientos no previstos que podrían producir diferencias significativas entre los resultados presupuestados y los reales».

En el caso de que el aumento de capital no fuese suficiente para obtener los fondos necesarios para el cumplimiento del plan de viabilidad, la sociedad contempla la posibilidad de obtener «determinados ingresos extraordinarios». Las alternativas pasan por la ejecución «de un compromiso en firme» asumido por el grupo noruego Borregaard para la adquisición del 40% de las acciones de Lignotech que el grupo, a través de Celltech, mantiene.

Otra alternativa es solicitar la concesión de «determinadas subvenciones incluidas en programas de ayudas a la inversión del Gobierno de Cantabria». Y no se olvida una vieja aspiración de Sniace para la «venta de parte de los terrenos no afectos a la sociedad productiva». La CNMV advierte de que todo esto «se encuentra en una fase muy preliminar».

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