Los acreedores de Celsa presentan un plan para sanear el grupo a cambio de su control

Estos acreedores, que representan el 90 % de la deuda jumbo y el 89 % de la deuda convertible, han pedido que se designe a un experto para ejecutar el plan de reestructuración, que, si se aplicara, dejaría a la familia Rubiralta fuera del control de Celsa, que ahora es de su propiedad al cien por cien. Esta propuesta no contaría con el apoyo de los bancos acreedores, que son Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, además de no tener en cuenta el plan de rescate de la SEPI.

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Los acreedores han explicado que están comprometidos en mantener el centro de operaciones de la empresa en España y en asegurar el empleo de todo el grupo, y han lamentado que esta propuesta llega en un contexto en que la empresa no ha hecho ningún «intento razonable de llegar a un acuerdo comercialmente aceptable» con ellos.

Los acreedores emprenden esta acción con el objetivo de aumentar su incidencia en la negociación que mantienen con la empresa –negociación «que sigue viva»– y han remarcado que sí han presentado propuestas viables.

La compañía, por su parte, asegura que ha hecho en los últimos meses «significativos movimientos de aproximación» a las aspiraciones de los acreedores, que se concretaron en una oferta del pasado 22 de julio, muy cercana a las exigencias de los fondos de inversión, expresada en su propuesta del 9 de junio. En este sentido, la diferencia entre ambas partes radica en el importe de la deuda adicional a la reestructurada y en su tipo de interés, según la empresa.

«El grupo Celsa considera que su oferta económica y la planteada por los acreedores son cercanas, y reafirma su voluntad de acuerdo y negociación en un marco consensuado, por lo que no resultaría comprensible la posición de los fondos rechazando la ayuda del Gobierno de España» a través de la SEPI, dijo ayer, por medio de un comunicado oficial, la multinacional española.

Asimismo, asegura que continuará negociando con los fondos de inversión como ha venido haciendo durante los últimos meses, y afirma que «actúa con la máxima transparencia» y que espera que «se impondrá el sentido común en las negociaciones y se llegará en breve a acuerdos beneficiosos para todas las partes».