La Audiencia ratifica la absolución de los dueños de Ecomasa

La Sección Tercera de la AP ha confirmado el fallo dictado hace dos años y medio por la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, que tras la prueba practicada en la vista oral y el examen de las operaciones enjuiciadas concluyó que no eran actuaciones «irregulares» de la sociedad y tampoco apreció «perjuicio» para Ecomasa ni sus socios, entre ellos la empresa Sodercán, dependiente del Gobierno regional.

El tribunal ha desestimando los recursos interpuestos contra esa resolución por todas las acusaciones salvo el comité de empresa de Ecomasa, que recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fallida fábrica de estufas del polígono de La Cerrada (Maliaño) y que recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales, el grueso en la legislatura 2011-2015, bajo el Ejecutivo del PP.

Apelaron el fiscal -que pedía además 8.100 euros de multa y una indemnización de 3,2 millones-, la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y también uno de los procesados, pero por el pago de las costas, que ahora se declaran de oficio.

Los magistrados han corroborado la anterior sentencia -según la cual Sodercán y el ICAF estaban al tanto de «todas» las operaciones objeto del proceso penal-, ratificando así la absolución de los dueños de Ecomasa, «solución» que es «plenamente correcta». Al mismo tiempo, la Sala segura que «no ha habido delito de administración desleal» y llega así a la misma conclusión que la jueza de lo Penal: «Los acusados no han actuado en beneficio propio o de un tercero, pues nada han incorporado a sus patrimonios, ni nada han incorporado a los patrimonios de las sociedades vinculadas a EWI por ellos representadas».

Igualmente, los magistrados no han constado «abuso de las funciones propias de su cargo», pues todas las decisiones que sirven de base a la imputación de los hechos enjuiciados fueron adoptadas por un Consejo de Administración formado primero por cinco y luego por cuatro personas y han sido «conocidas y autorizadas» por Sodercán y el ICAF. Y tampoco han visto acreditado que De León y Lavín «dispusieran fraudulentamente de los bienes de la sociedad o que contrajeran obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios».

«Así las cosas, no observa la Sala, como tampoco lo observó la magistrada de instancia, que existan indicios del delito de administración desleal que imputan las acusaciones a los dos acusados –a pesar de que en las fechas de los hechos imputados la administración de EWI era compartida con otros dos administradores a los que no se acusa».

Además, para la Sección Tercera que ha estudiado los recursos tampoco ha quedado «probado ni acreditado» que ambos acusados falsearan las cuentas de la sociedad. «Se constató en ellas la realización de unas operaciones respecto de las cuales no se puede apuntar que sean o no fraudulentas», tal y como se desprende de las pruebas practicadas en el proceso penal como de las realizadas en la vía jurisdiccional concursal« (por el concurso de acreedores, que fue declarado culpable, y tras lo cual los dos dueños y el administrador de Ecomasa fueron inhabilitados).