Calviño defiende que se exploren «todas las opciones» con Telefónica

Desde el Gobierno habían mantenido silencio respecto a este anuncio. Es más, solo unas horas antes de que la SEPI comunicara sus intenciones a la CNMV, desde el Ejecutivo tildaban de «rumores y especulaciones» estas informaciones adelantada por los medios. Pero este viernes durante un foro organizado por la APIE en Madrid, Calviño indicó que el Gobierno «debe ser muy prudente» con sus declaraciones porque se está hablando de una empresa cotizada, pero aseguró que Telefónica es la empresa «más estratégica», por lo que anunció que el Ejecutivo «defenderá su interés estratégico» en nuestro país. La vicepresidenta no quiso ir más allá porque «cualquier otra comunicación sería imprudente».

El accionariado de Telefónica está pendiente de la entrada del Estado a través de una participación en su capital después de veinte años de completa privatización. La SEPI, que es una especie de brazo inversor del Estado en el que se aglutinan las propiedades estatales en diferentes tipos de corporaciones tanto públicas como privadas, serviría de contrapeso para el poder de los saudíes en la operadora. Si la participación que estudia la SEPI ronda el 5% como han apuntado algunos medios, el Gobierno estaría obligado a movilizar unos 1.000 millones de euros para hacerse con ese porcentaje del paquete accionarial, según la capitalización bursátil actual de la empresa.

Las acciones de Telefónica se han revalorizado un 7% desde el pasado lunes debido a estas noticias. Los títulos de la operadora comenzaron la semana a 3,52 euros y la terminaron este viernes repuntando hasta los 3,73 euros por acción. Solo en la jornada de este viernes la compañía se revalorizó un 2,3% en Bolsa.

Hasta ahora, los principales propietarios de Telefónica son BBVA (con un 4,9%), CaixaBank (3,5%) y la firma BlackRock (4,5%). Si el Estado entra de nuevo en Telefónica (su salida definitiva se materializó en 1999 con el Gobierno de José María Aznar en un proceso de privatización que comenzó a principios de los 90 con Felipe González), puede hacerlo con la 'acción de oro'. Se trata de un derecho de veto sobre cualquier acción ordinaria, de tal modo que puede anular sus derechos políticos. De hecho, el Estado cuenta con esta posibilidad en compañías, como Indra, Redeia, Hispasat o Enagás.

Por otro lado y al hilo del posible apoyo del Ejecutivo a Telefónica, Calviño defendió que a las empresas «les está yendo muy bien con este Gobierno» y se mostró «sorprendida» por las críticas que recibe el Ejecutivo respecto a su relación con las grandes empresas del país. «Hemos seguido una política económica muy favorable para la buena marcha de la economía y de las empresas, que nunca les ha ido tan bien como con este Gobierno, con beneficios milmillonarios y, según los titulares de prensa, lluvias de dividendos. A las empresas españolas les está yendo muy bien con este Gobierno», destacó la vicepresidenta.

Además, informó de que el Gobierno trabaja en cerrar «cuanto antes» un cuarto pago de los fondos europeos y tener la lista de las 100 empresas que más fondos han recibido.