La conflictividad laboral repunta un 12,6% en Cantabria después de cuatro años de descensos

En los años más duros de la crisis, los trabajadores vieron reducir sus derechos como consecuencia de las dificultades económicas que sufrieron muchas empresas. Las regulaciones de empleo se multiplicaron e incluso algunas compañías acabaron cerrando. Fueron unos años, del 2008 al 2013, en los que la conflictividad laboral en Cantabria alcanzó su cenit. Ahora, cuando la recuperación económica se prevé en 2017 entre el 2,5% y el 3,1% del PIB regional, se ha experimentado un repunte de los conflictos del 12,6% después de cuatro años de descensos.

Así se recoge en el balance del pasado año elaborado por el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) que tramitó un total de 5.289 expedientes de mediación-conciliación y arbitraje, que suponen 600 más que el ejercicio anterior. ¿Cuáles son las razones de este repunte? La gerente del organismo, Maite Herrero, prefiere ser cauta y esperar a hacer un análisis profundo cuando se estudien las causas. No obstante, adelanta que puede estar relacionado con una exigencia de los sindicatos, en el caso de las reclamaciones colectivas, y de los trabajadores en las individuales, de que se materialice ya una mejora laboral acorde con el despegue de la economía.

El peor año para la conflictividad laboral cántabra fue 2009 con una avalancha de expedientes hasta totalizar más de 6.700. Después de ese año se fue reduciendo hasta el mínimo logrado en 2016 con 4.694.

Del total de expedientes tramitados en 2017, se observa que tanto los de carácter colectivo como los individuales han aumentado. En el primer caso el alza ha sido del 25% y en el segundo del 12,3%. Los colectivos han afectado a 293 empresas ya 40.105 trabajadores.

En lo relativo a la actividad de origen de los expedientes de carácter colectivo, se sitúa en primer lugar la alimentación que agrupó 31 episodios. Le sigue en importancia el ámbito del metal, con 22 conflictos colectivos, y con el mismo número los servicios de limpieza.

Por el contrario los sectores que registraron un menor número de conflictos presentados fueron, con uno en cada caso, los de actividades administrativas, consultoría, deporte, industria y pesca.

El objetivo principal del organismo es poner en contacto a ambas partes para intentar acercar posturas y que los conflictos acaben en acuerdos. Con respecto a los que se tramitaron el pasado año, el porcentaje de avenencias alcanzados fue del 36%, sin avenencia el 37,25%, 23,39% casos se archivaron y 3,31% quedaron sin efecto. Teniendo sólo en cuenta los expedientes que se tramitaron hasta el final, los acuerdos y avenencias quedan prácticamente empatados. Un 50,84% en el caso de las avenencias y un 49,16% en los acuerdos. El porcentaje de avenencias es ligeramente superior al del año anterior que fue del 48,78%.

Es en los expedientes colectivos donde la proporción de avenencias es menor. Del total de los casos analizados el 77,69% finalizó sin acuerdo (62,83% en 2016) y sólo el 22,31% llegó a buen puerto. En el caso de los individuales el porcentaje de acuerdos es mucho mayor, prácticamente del 50%.

Maite Herrero destacó, no obstante, que si se analiza el número total de expedientes que tuvieron entrada en 2017, el año que más se aproxima a esta cantidad fue 2014, con 5.241. «Comparando ambos resultados, los de 2017 son mejores que los de 2014 ya que aumenta el número de acuerdos y disminuye el de sin acuerdos», resaltó la responsable del Orecla. Y si lo que se tiene en cuenta sólo es el número de acuerdos de 2017, el dato más similar es del año 2013, con 1.908. «Lo relevante es que, en 2013 se registraron aproximadamente 600 expedientes más que en 2017 por lo que el valor del número de acuerdos del pasado año es más significativo», puntualizó.

Los conflictos colectivos son los más relevantes por el número de trabajadores que agrupan. Los 160 registrados el pasado año se producen después de tres años de descensos. En su valoración inicial, Herrera destacó que el año que más se aproxima a este dato es 2010, cuando se contabilizaron 161, con lo que los resultados de ambos ejercicios son muy similares, «con la salvedad del porcentaje de sin efecto que es cuando no comparece la parte demandada».

Si se comparan los años previos a 2017, 2015 y 2016, se puede observar que el número de expedientes colectivos registrados en dichos ejercicios ha sido inferior, con una diferencia de 39 y 32 respectivamente. El porcentaje de los resultados sin acuerdo durante estos años es muy parecido y donde difiere es en el porcentaje de acuerdos y de no comparecencia de las partes.

Teniendo en cuenta este hecho referido a los expedientes que terminan en avenencia, Herrero valoró «positivamente» la marcha del organismo, aunque habrá que analizar el alto índice de falta de acuerdo en los colectivos. De los 160 presentados, en 101 casos no se acercaron las posturas. Se valoran cuestiones como que ambas partes, o una de ellas, consideren que es un mero trámite a la vía judicial o que sólo haya intención negociadora por una de las partes del conflicto. Ante estas situaciones, Herrero precisó que «queda limitada la capacidad de intervención del organismo».

«Cuando se produce la situación en la que ambas partes tienen intención negociadora, es cuando el organismo tiene capacidad de mediación-conciliación», agregó. «Es por ello que de ese total de 101 resultados sin acuerdo, será necesario determinar en cuántos expedientes se materializo la capacidad de intervención del organismo», mantuvo Herrero. Esta labor será computada a partir de este año.

Como ha ocurrido en anteriores ejercicios, las causas por las que se plantean conflictos individuales son mayoritariamente por cuestiones relacionadas con los despidos, que en este año han sumado 2.370 del total de 5.129.

Destaca que por primera vez se ha sobrepasado el 50% de las avenencias en los conflictos individuales. Se ha llegado al 50,09% cuando en años anteriores oscilaba entre el 40,34% que se registró en 2012 y el 49,11% de 2016. Así por vez primera en los conflictos individuales, las avenencias superaron a los casos sin acuerdo (50,09% por 49,91%).

Además de los despidos, se presentaron, sobre todo, reclamaciones por cantidades económicas, pérdida de derechos laborales, sanciones y extinción de relación laboral.