Constituida la mesa para la negociación del ERTE de Ferroatlántica

La constitución de la mesa para la negociar el ERTE de Ferroatlántica se logró este lunes a pesar de las discrepancias de algunas organizaciones por la representación asignada y que provienen de la división sindical que se vive en las plantas gallegas que junto con la cántabra de Guarnizo se van a ver afectadas por la regulación temporal de empleo anunciada por la compañía debido a los elevados costes energéticos. Este lunes se entregó la documentación inicial y la idea es que esta misma semana (el día 15) o la que viene (el 18) se produzca una nuevo encuentro. La regulación podría afectar a los 144 trabajadores que forman parte de la actual plantilla de la factoría y que son más de 500 en todo el grupo en España.

El presidente del comité de empresa, Francisco de la Hoz, ha explicado en una declaraciones radiofónicas que están muy preocupados por la situación ya que es una empresa que podría funcionar muy bien y, sin embargo, ya el año pasado ha entrado en pérdidas. «El elevado precio del mineral de manganeso y la caída del precio final del producto nos han llevado al momento actual», comentó y recordó que la planta de Guarnizo tuvo un récord de producción en 2017 y siguió con buen ritmo en el primer semestre de 2018 para desplomarse en el segundo, lo que supuso ya 'números rojos' en el ebitda. De hecho, las pérdidas actuales podrían rondar el millón de euros, según apuntó De la Hoz.

El grupo Ferroglobe, del que forma parte Ferroatlántica, tiene otras factorías fuera de España con menor coste de producción, lo que ha llevado a la situación actual y al planteamiento del ERTE cuya negociación comenzó ayer mismo. «Tenemos competencia con nuestros vecinos que tienen la energía más barata, como es el caso de Portugal», explicó el representante de los trabajadores de la fábrica de Guarnizo.

También en estas declaraciones, el presidente del comité pidió a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que no minimice los problemas y que colabore, junto con el secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, en buscar una solución a los elevados costes energéticos de España que pueden acabar con una industria regional y nacional que está en auge. «Esperamos que los cambios que ha anunciado el Gobierno central para dentro de 6 meses pueden mitigar los efectos del ERTE», añadió. De hecho, la empresa ha anunciado que la regulación podría extenderse hasta marzo de 2021, pero en caso de producirse los cambios pedidos para rebajar el coste, la medida podría durar menos.

La Mesa negociadora ha quedado formada este lunes en Madrid por 6 representantes de UGT, 3 de CIGA, 2 de CC OO y 1 de USO. La aceptación de la composición de la misma llevó un tiempo debido a las discrepancias que provenían de las plantas gallegas. Finalmente, se ha aceptado esta composición y en el próximo encuentro comenzarán ya las negociaciones propiamente dichas.

Hay que recordar que en las fábricas del grupo el coste de la energía eléctrica llega a suponer cerca del 50% de los costes totales de producción, por lo que disponer de una energía competitiva es imprescindible para mantener la competitividad de las mismas. Según explicó la empresa recientemente, el coste de la energía de las fábricas españolas previsto para 2019 es un 300% más caro que en las del mismo grupo en Francia; un 240% más que las de Noruega; y un 190% más cara que en Estados Unidos.

No hay que olvidar que el fuerte incremento del precio de las emisiones de CO2 o la disminución de la generación eólica han causado una subida del precio de la energía próxima al 30%, por lo que los costes de producción han sido superiores al precio de venta. Esto llevó al grupo a una reducción del 66% de la producción en las plantas españolas para poder mitigar las pérdidas. En este sentido, el año ha empezado mal y las previsiones de los precios del mercado mayorista son incluso superiores a los del último semestre de 2018.

Las denominadas industrias electrointensivas, como es el caso de Ferroatlántica, se enfrentan a esta complicada situación que requiere que las autoridades busquen una solución para reducir estos elevados costes que pueden suponer el cierre de plantas en España y, por tanto, la desaparición de puestos de trabajo.