La Fiscalía considera acreditados los delitos de apropiación indebida y fraude de seis exdirectivos de B3

«Intervinieron en su propio interés al apoderarse de 6,3 millones de euros que, tras varias vueltas, acabaron en sus bolsillos». Aseguró este jueves la fiscal durante las conclusiones del juicio que se ha celebrado estas semanas en la Audiencia Provincial de Cantabria contra siete exdirectivos de B3 Cable. Del grupo, sólo retiró de la acusación a uno de los encausados, pero respecto a los otros seis considera que «está probado» el delito de apropiación indebida, mientras que en lo que concierne al de fraude por la deducción de dicha factura mantuvo a todos, a los siete, en el mismo saco. Igual que hizo la abogada del estado. Por su parte, los letrados de la defensa mantuvieron que no hubo delito alguno porque «no existe la autoapropiación indebida» y porque «no se ha podido demostrar lo contrario» durante las vistas. Además, volvieron a insistir en que, en todo caso, los hechos «habrían prescrito ya», puesto que todo parte de la compra de B3 Cable de la fábrica de Maliaño a Nexans en 2008.

De los siete acusados, solo exculpa la Fiscalía del delito de apropiación indebida (no del de fraude) a Sthepen Vohn Ellis, que también es el único de ellos que ha seguido el largo juicio de manera presencial en sala (el resto volvió a su país tras declarar). Una decisión argumentada en que «no se ha podido acreditar» que Ellis, que ejercía de director de producción y operativa de la planta de Maliaño, se beneficiara de parte de los 6,3 millones de euros puesto que era el único que tenía participaciones en B3 pero no en Axis. Sin embargo, para la abogada del Ministerio Público sí existe «suficiente prueba de cargo» sobre los hechos que se imputan al resto de los encausados. Lo afirma en base a que ese importe se abonó a Axis (una empresa que compartía casi la totalidad de los accionistas con B3 Cable) por el asesoramiento y representación en la compra de la unidad productiva de Maliaño, pero «esos servicios no se prestaron», y en todo caso, «los socios no actuaban en nombre de Axis y no eran un tercero».

Entre los argumentos, la fiscal insiste en que la operación estuvo «envuelta de oscurantismo», «que no existe ningún soporte documental al respecto, sólo una carta de encargo con incongruencias» y que, además «la transferencia se hizo de un día para otro con una celeridad inusitada». Así las cosas, «el dinero, con una opacidad absoluta y en tiempo récord, acabó en manos de los acusados». Y no sólo eso, «cuando las autoridades piden explicaciones a las inglesas resulta que saben todavía menos que las españolas sobre dónde ha ido a parar el montante». Igual lo aprecia la abogada del estado, la otra parte acusatoria, y que sigue imputando a los siete un delito de fraude fiscal por deducirse parte de ese pago de 6,3 millones a Axis, una entidad que «sólo fue un instrumento para sacar los fondos, que ni siquiera se quedan en esa sociedad, sino que en bloque se transfieren a una cuenta con código alfanumérico a un paraíso fiscal que ni las autoridades británicas han podido descifrar».

Los cuatro abogados de la defensa reiteraron la petición de absolver a sus representados de todos los cargos −la acusación pide penas de entre tres y seis años y multas que superan el millón y medio de euros−. No sólo porque consideran que no hubo delito y que este estaría prescrito, también porque ven «más que probado» que Axis sí desarrolló «una ardua labor» en las gestiones de la compra y por las que consiguió «un precio ventajoso de adquisición de 18,8 millones por una de las fábricas más importantes de aquel momento en Cantabria». Para ello, han aportado «cientos de documentos» sobre todos con correos electrónicos fruto de dichas gestiones y que este jueves se llevaron a la sala en seis cajas para escenificar su volumen. También insisten en que el pago se hizo con «transparencia» y, al mismo tiempo, afearon los letrados que la acusación «no ha hecho un esfuerzo por individualizar los hechos» porque se ha metido a los siete en el mismo bloque pero «cuando se culpa hay que identificar muy bien a quién y de qué». El caso queda viso para sentencia.

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