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Forjas de Cantabria ha solicitado concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander. Una petición para declarar la insolvencia ... de la firma enclavada dentro del complejo de Sidenor en Reinosa que se plantea con convenio anticipado y sin quita con objeto de emplear 2019 para ordenar la gestión de la sociedad y volver a operar con normalidad el próximo ejercicio. La compañía, que en octubre de 2016 pasó de la catalana Comforsa a su actual propietaria, Noray, por el precio simbólico de un euro, acabó 2017 prácticamente en positivo pero el año pasado se vio sacudida por un terremoto que obligó a los nuevos dueños a acudir en verano ante la Guardia Civil y el juzgado para denunciar al por entonces director general, Sergio Fernández, por «irregularidades» en la gestión, como supuesta falsificación documental o presuntamente endosar pagarés sin autorización. Ambas partes se han cruzado una querella y una demanda por despido improcedente que deberán dirimirse en las próximas semanas.
Según detallan desde Noray, la fábrica ha obtenido el respaldo de los principales clientes para continuar con su actividad tras explicar la situación vivida en la segunda mitad de año, que devino en un deterioro del cuadro financiero de la sociedad. Los propietarios echan la vista atrás y recuerdan que asumieron Forjas de Cantabria con «una idea muy clara: poner en positivo una compañía que perdía 600.000 euros cada año para posteriormente buscar un inversor industrial que se hiciera cargo del complejo».
Los socios de Noray pusieron a Fernández como «persona de confianza» y se centraron en la gestión económica de la organización, mientras que la parte industrial la delegaron en el director general. Desde Noray admiten que el inicio fue prometedor en su esfuerzo por diversificar negocio e ir hacia mercados como la automoción, ferrocarril o el sector eólico. Un escenario que les llevó a pensar en 2017 en traspasar la empresa. «Fue entonces cuando empezaron los problemas, aunque nos dimos cuenta tarde», manifiestan.
La alarma saltó cuando el principal cliente llamó al comienzo de verano al entender que se le estaba engañando. Noray, cuyos socios no gestionaban el día a día de la fábrica y acudían a Reinosa una vez por semana, pusieron en marcha una investigación y una «especie de 'miniauditoría'» que les llevó al cuartel de la Guardia Civil.
En las pesquisas, supuestamente aparecieron prácticas como pagarés endosados de forma irregular por 150.000 euros, de los que se devolvió buena parte, «cifras falseadas o pedidos ficticios», anotan. Se espera una primera vista en el juzgado en las próximas semanas puesto que no sólo los dueños se querellaron frente al director, sino que éste les demandó por despido improcedente, aunque Noray alega que la relación mantenida era mercantil y no laboral.
Según los afectados, «no sólo descubrimos estas prácticas, sino que la gestión ha sido nefasta, con contratos deficitarios en los que hemos tenido que invertir dinero». A esta coyuntura se suma la presunta producción sin pedido, lo que ha originado un stock de 400 piezas en la planta por valor de 200.000 euros.
A pesar de la actual encrucijada, Forjas de Cantabria confía en levantar el concurso de acreedores en primavera. «Marzo o abril» es el plazo manejado por Noray. De hecho, los propietarios abundan en que «creemos que es una empresa rentable», aunque para ello hubo que visitar a todos los clientes y explicar la problemática aparecida en la fábrica.
No sólo eso. La investigación interna no ha acabado. «Seguimos escarbando, aunque al estar el tema judicializado no podemos dar más detalle», sostienen, para agregar que «lo que es evidente es que hubo una gestión nefasta que no supimos ver a tiempo y que provocó una pérdida de confianza total».
La planta cuenta actualmente con 34 trabajadores, a los que se anunció un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 2019 hasta que se estabilizara la actividad, pero que aún no se ha concretado ni es oficial. De hecho, Noray detalla que no se ha presentado el expediente y se está a la espera de acontecimientos.
Ahora, la prioridad de la compañía campurriana es «ponernos al día con una gestión normal». Los empresarios se han visto obligados a incrementar sus visitas a Campoo, aunque tampoco están presentes todos los días. «Lo que hemos sacado en claro del caso es elegir mejor a las personas de confianza. Hemos aprendido mucho con el episodio», razonan. Para esclarecer los hechos deberán ser los tribunales los que resuelvan si hubo ilícitos penales en la gestión de la fábrica o si lleva razón el director denunciado.
. El Gobierno autonómico tuvo que involucrarse a fondo en 2016 para evitar la liquidación de Forjas de Cantabria. La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercán) firmó en junio de aquel año en Barcelona el preacuerdo por el cual se hacía con la totalidad de las acciones de la compañía por un euro con la intención de traspasarlas inmediatamente a un grupo de directivos e inversionistas que se harían cargo de la fábrica (deuda incluida) para relanzar la factoría.
Hasta entonces, Forjas de Cantabria estaba en manos de la sociedad catalana Comforsa (participada en un 98% por Avançsa, el holding industrial de la Generalitat). Sodercán ostentaba un minoritario 2% del capital. Comforsa anunció en febrero de aquel año su intención de desvincularse de Forjas de Cantabria a la vez que informaba de un pleito por el alquiler de su nave con Gerdau, ahora Sidenor, la propietaria. Forjas de Cantabria ocupa desde 1966 un antiguo taller de Sidenor, de 21.000 metros cuadrados, y estampa en caliente en aceros al carbono cigüeñales y ejes delanteros para vehículos pesados.
El acuerdo incluyó que Sodercán dejaba de participar en Comforsa aunque apoyaría desde fuera la operación y facilitaría créditos y ayudas a los inversores, técnicos y trabajadores que se hicieran con la sociedad. De hecho, el pasado mes de octubre Sodercán liberó 300.000 euros consignados como fondo de contingencia a favor de la compañía campurriana.
La cuestión clave en aquella negociación de 2016, una vez que el grupo catalán ratificó sin dudas su voluntad de abandonar Cantabria, fue asegurar una carga de trabajo estable. Ese pilar sentó las bases del crecimiento durante 2017.
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Ana del Castillo
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