El Gobierno reconoce la transición energética de Solvay como «estratégica»

En la visita que la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, realizó el pasado diciembre a Solvay anunció cambios en los Certificados de Ahorro y Eficiencia Energética (CAE) para las actuaciones industriales que reduzcan CO2 en su actividad. Una modificación que, según apuntó el responsable de la química en España, Jorge Oliveira, implicaba hacer viable la ambiciosa transición energética de la planta de Barreda. A día de hoy todavía no se ha concretado a cuánto asciende la inyección económica para la fábrica por dichos coeficientes, pero sí que se ha dado un paso para su obtención, en concreto se trata del reconocimiento del Gobierno de Cantabria como un proyecto estratégico, algo que era requisito indispensable para su obtención.

Así lo dio a conocer este lunes el Ejecutivo regional, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, que ha sido la encargada de emitir un informe en el que declara el carácter estratégico para Cantabria del proyecto de cogeneración de biomasa de Solvay Química de Torrelavega.

La resolución de la Dirección General de Planificación y Coordinación Estratégica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) del pasado 11 de diciembre, por la que se establece el coeficiente de corrección, en su artículo segundo, exige como condición particular «tener la consideración de proyecto estratégico», y para el cumplimiento de este requisito, «se deberá tener un informe del organismo público correspondiente donde se reconozca que la actuación es estratégica bien para el Ministerio competente dentro de la Administración General del Estado o bien para la Comunidad Autónoma, en cuyo territorio se ejecute la actuación».

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, espera que el Ministerio para la Transición Ecológica conceda a la compañía química, una vez cumpla con todos los requisitos exigidos por la resolución, los certificados con coeficiente multiplicador «cuanto antes», para que la empresa pueda comenzar las inversiones. Un respaldo que, tal y como incidió Arasti, «son necesarios de manera urgente», dado que el Perte concedido a Solvay, por un importe de más de 30 millones de euros, obliga a la empresa química a que la nueva instalación, una planta de cogeneración con biomasa de 49,99 megavatios, esté operativa en el segundo trimestre de 2026 y, para ello, es «imprescindible» asegurarse la ayuda a la financiación completa antes de comenzar una inversión estimada en 250 millones de euros.

No obstante, detallan desde el Gobierno que la cogeneración de biomasa de Solvay no se ha podido declarar como Proyecto Estratégico en sí puesto que esa es una figura que está prevista que se incorpore una vez salga adelante la Ley de Simplificación Administrativa, y en su ausencia sí que se ha podido reconocer el «carácter estratégico» de la actuación.

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