La guerra de las operadoras por el 5G se aplaza, al menos, hasta entrado 2020

Este sábado los mismos protagonistas estrenaron la primera red comercial 5G de España, anticipo al despliegue de estas nuevas redes por parte de Vodafone en otros países europeos como Italia (el lunes, 17 de junio) y Reino Unido (3 de julio). Una quincena de grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Vitoria, San Sebastián, A Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y Santander) ya disfrutan, con una cobertura inicial del 50%, de unas conexiones más veloces (1 gigabit por segundo en descarga de datos, que se duplicará a finales de año) y con menor tiempo de respuesta.

Pero, ¿supone el comienzo de una nueva guerra comercial? No, aunque obviamente la multinacional británica toma la delantera, para sus principales competidores no resulta preocupante, al menos según sus valoraciones en un reciente encuentro informativo. «En la vida hay que llegar en el momento justo..., ni muy pronto ni muy tarde», afirmaba el director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España, Joaquín Mata, para quien toda nueva tecnología «hay que testarla y no quemarla; hay que probar bien el ecosistema».

Su homóloga (el cargo es CTO) en la filial española de Orange, Mónica Sala, apuntaba en la misma dirección: «nuestro 5G llegará cuando se pueda ofrecer a los clientes todas las promesas que se han realizado sobre esta tecnología». Y con ellos coincidía el responsable de Operaciones de MásMóvil -el cuarto operador del país con red propia-, Miguel Sala, quien ponía el foco en contar antes con una demanda suficiente.

Desde Vodafone defienden lo que su presidente y consejero delegado en España, Antonio Coimbra, calificó esta semana de «revolución». Fuentes de la operadora señalan que el 5G disponible para sus clientes «es el mejor que podrá instalarse con la tecnología habitual». Por eso será lo que se conoce en términos técnicos como Non Stand Alone (NSA), un sistema respaldado por el 4G actual.

Y desde sus rivales señalan que no se trata de un 5G real, sino una «adaptación» -básicamente la antena y el móvil contarán con la nueva tecnología- que, en cualquier caso, es aplaudida desde la Administración porque puede terminar siendo un incentivo al sector para acortar los plazos -en 2020 podrían verse las primeras iniciativas competidoras- y «mejorar la experiencia», apuntan desde el Observatorio Nacional del 5G. Por ahora las experiencias internacionales han sido en sistema NSA, dado que el despliegue de las nuevas redes es aún incipiente.

Para contar con la tecnología 5G Stand Alone (SA), es decir, la independiente que permitirá, por ejemplo, multiplicar por diez las velocidades de conexión y cuadruplicar los niveles de descarga, habrá que esperar varios años. En la UE no se prevé completar hasta 2025 un despliegue que en todos sus Estados debería empezar, al menos, en 2020. España está entre los más adelantados -su proceso se completaría en 2024- y en julio de 2018 ya hizo una primera subasta de espectro de red (en la banda de 3,6 a 3,8 GHz, donde Vodafone adquirió la capacidad que explota ahora) por 437 millones de euros, aunque con intereses y tasas casi se triplican hasta 1.411 millones.

En menos de un año (probablemente marzo o abril de 2020) debe celebrarse la segunda subasta, la de los 700 MHz, que obligará a su inquilina actual -la televisión digital terrestre (TDT)- a mudar de frecuencia y, a la vez, ascender de nivel tecnológico. Pero las operadoras temen que el Gobierno, necesitado de ingresos para cumplir con el objetivo de déficit, incremente los precios.

Así lo hicieron los gobiernos de Italia (6.500 millones recaudados en 2018 para toda su red 5G) y Alemania (6.550 millones esta semana), mientras que el británico fue más moderado (1.270 millones). La patronal europea de las 'telecos' (GSMA) ya ha advertido de que usar el despliegue con «fines recaudatorios» frenará el desarrollo tecnológico de la UE, beneficiando a EE UU y Asia.

Cuando el controvertido pero poderoso presidente norteamericano Donald Trump afirma que «la carrera por el 5G está en marcha y Estados Unidos debe ganar», no hablamos solo de desarrollo tecnológico, por más avanzado que pueda ser. La denominada red ultrarrápida -podrá alcanzar una velocidad de descarga de hasta 20 gigabit por segundo- es la llave de entrada al internet de las cosas (IoT), esto es, que todo tipo de objetos puedan conectarse a la Red, interactuar entre ellos e incluso llegar a tomar decisiones de manera autónoma.

No hablamos ya de una latencia mucho menor -el tiempo de respuesta para que una orden se ejecute, por ejemplo, en cirugía con robots a miles de kilómetros de distancia-, ni tampoco de automatizar gran parte de los procesos industriales -también las redes energéticas- o lograr que los coches autónomos dejen de ser experiencias aisladas. La conexión de hasta un millón de dispositivos por metro cuadrado frente a los 10.000 actuales, gracias al 5G independiente (Stand Alone), multiplicará el tráfico de datos, un nicho de negocio en el que las operadoras europeas vienen insistiendo desde hace bastante tiempo.

«Los datos van a desplazar al petróleo como materia prima más valiosa», llegó a afirmar el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, pensando en su explotación comercial. La Comisión Europea estima que a finales de 2020 ya habrá ocho millones de empleos relacionados directamente con el 'Big Data' (las tecnologías para extraer valor del flujo de datos), con cerca de 300.000 empresas trabajando en ese negocio y una facturación global de más de 89 billones de euros.

Por eso es clave elegir bien a los compañeros de viaje. Dos grupos europeos, el sueco Ericsson y la finlandesa Nokia, compiten con el gigante chino Huawei por ser el principal proveedor tecnológico para las redes 5G, que también ofrece los 'smartphones' compatibles en competencia con otras marcas asiáticas como Samsung, LG y Xiaomi.

Pero EE UU -inmersa en el desarrollo de sus redes 5G- ha abierto una guerra con Huawei, y por extensión con la tecnología china, bajo la acusación de espionaje industrial. Desde el 19 de agosto sus empresas no podrán hacer negocios con ella y ha emplazado a sus socios a hacer lo mismo. Pocos -Japón entre ellos- le han secundado por ahora y la UE aún no ha tomado partido.