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El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid ya ha dictado el auto por el que se declara finalizada la fase de convenio del Grupo Sniace, incluidas las sociedades de Celltech y Viscocel, y procede a la apertura del proceso de liquidación de ... la compañía hasta ahora presidida por Gema Díaz Real, y que tenía en el asturiano Sabino García Vallina con la ingeniería TSK como máximo accionista.
En el auto, dictado el pasado 6 de marzo y que acaba de ser difundido a las partes inmersas en el procedimiento, se acuerda la suspensión de facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio. Asimismo, el documento, al que ha tenido acceso El Diario, recoge el acuerdo de reponer a la administración concursal FTI Consulting Spain SL, Pentalegis SLP, Peñafort Legal y Financiero SL y Audalia Auditores SL AIRE, que cesó de sus funciones por sentencia de 23 de septiembre de 2015. Los administradores tienen 15 días para presentar un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa de Sniace.
El magistrado Andrés Sánchez Magro también declara disuelta la entidad concursada, cesando en su función sus administradores sociales, que serán relevados por los concursales. Asimismo, también se declaran vencidos anticipadamente los créditos concursales aplazados y se acuerda la conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones.
El juzgado acciona así la maquinaria procesal que debe desembocar en la venta de los activos de Sniace, bien en un solo paquete con la unidad productiva en su totalidad bien en lotes, la opción que nadie quiere ya que supondría acabar con la esperanza de dar continuidad a la actividad fabril. Eso sí, el agujero concursal quedará a la espalda de los acreedores.
El auto se conoció este viernes precisamente un mes después del 13 de febrero, cuando la compañía anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que presentaría la liquidación al no poder hacer frente a sus compromisos de pago. El desencadenante definitivo, el anuncio de la Administración central de recortar las retribuciones a la cogeneración, que derivó en la ruptura unilateral del contrato por parte del proveedor energético de la firma cántabra, Cogen, aduciendo que la nueva regulación no hacía rentable la explotación de la instalación. La Orden entró en vigor a finales de febrero, con efectos retroactivos a 1 de enero, un texto definitivo que apenas varió el descenso retributivo a pesar de las alegaciones del sector. En Cantabria, la Orden supondrá un coste de 33 millones a compañías autonómicas, entre ellas Nestlé, Dynasol, Solvay o Textil Santanderina.
Sniace ya mandó días atrás a la plantilla a casa. Ahora toca esperar las medidas de los administradores concursales y el plan de liquidación, en el que igualmente se efectuará una valoración de los activos de Sniace para sufragar parte de la deuda que deja la papelera.
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