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El futuro energético del complejo que Solvay tiene en Torrelavega y el proyecto para encauzar una inversión que fomente la transición en la factoría siguen estando de actualidad en la química belga. El comité de empresa, compuesto por UGT, CC OO y USO, ... ha solicitado a la Dirección de la organización una reunión con carácter urgente para recabar información acerca de esa actuación estratégica, así como los movimientos que el Grupo Solvay está llevando a cabo en torno a la producción de carbonato y bicarbonato en otras de sus plantas repartidas por el mundo.
El motivo de la petición de cónclave pivota en torno a los diversos acontecimientos que se están sucediendo en los últimos tiempos tanto a nivel nacional como dentro del mercado de la sosa.
En primer término, como ya explicó este periódico días atrás, la ausencia de Gobierno en Madrid ha venido a dificultar aún más la aprobación de la inversión para la migración energética. Solvay lleva desde abril aguardando un interlocutor estable en el Ministerio de Transición Ecológica con objeto de obtener certidumbre acerca de la normativa a la que debe someterse a la hora de abordar su iniciativa. Desde Bruselas aún no han autorizado el desembolso por, entre otros motivos, estas dudas regulatorias.
Pero hay más, tal y como ya ha avanzado USO en el interior de la fábrica de Barreda. Por un lado, la decisión de Endesa de cerrar sus centrales térmicas de As Pontes (La Coruña) y Litoral (Almería), lo que según el sindicato previsiblemente adelantará el final de la quema de carbón, aunque aún está pendiente de establecerse la fecha oficial hasta que se pronuncie el propio Ministerio.
El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que deberá ser validado antes de final de año por la Unión Europea, ya fijaba el límite para el uso del mineral en 2025, un escenario que Solvay ya había calificado como crítico para la continuidad de su actividad en España, por lo que una reducción de plazos elevaría la complejidad de su transición.
Aún con todo, los sindicatos pretenden obtener información sobre otras actuaciones de la corporación. A saber, el incremento de producción de bicarbonato en 200.000 toneladas anuales asignado a una factoría en Bulgaria, una carga de trabajo que se había esperado durante largo tiempo en Torrelavega.
No sólo eso. Entre los representantes de los trabajadores se ve con preocupación la iniciativa de ampliar en 600.000 toneladas por ejercicio el carbonato natural fabricado en Wyoming (EE UU). Según USO, el destino es el mercado global y los principales destinos que suministra la planta de Torrelavega, lo que para el sindicato supone «una falta de apuesta» por Cantabria y «parece más ponerse la venda antes de tener la herida, causada por el retaso de la transición energética».
Todo ello en un contexto en que la producción global de carbonato, en especial el de origen natural, camina al alza y gana terreno frente al producido en Cantabria. USO lleva tiempo reclamando, además de la inversión energética, una diversificación para apostar por productos de alto valor añadido e intensivos de mano de obra.
¿Y en qué estado se encuentra la transición energética de Solvay Torrelavega? Según explicó la propia compañía a este periódico días atrás, la inestabilidad política no favorece sus planes. El Grupo ya remató en otoño de 2018 la que era su hoja de ruta en este campo, con una actuación de 200 millones de inversión que se sustentaba en dos pilares principales: el paso del uso del carbón a una nueva planta de cogeneración de gas natural y, en paralelo, la instalación de una nueva caldera de combustible sólido recuperado (CSR) que implica la creación de 20 nuevos puestos de trabajo.
Dos vías para las que la organización ha pedido el respaldo de la Administración. Mientras el proyecto CSR camina dentro de lo que se podría definir como asumible, el programa para saltar del carbón a la cogeneración de gas natural sí que está más retrasado. La situación, de hecho, se agravará con estos nuevos meses sin Gobierno en Madrid, de forma que los plazos cada vez transitan más apurados.
No sólo eso. La posibilidad de que el Estado acuerde de forma definitiva la instalación de la nueva depuradora que sustituya a Vuelta Ostrera en la isla de Solvay también condicionaría sobremanera la actividad y futuro del complejo industrial. Los sindicatos ya han pedido al Gobierno cántabro que se posicione para respaldar a la compañía. Se espera que la semana próxima, con motivo del Día de la Seguridad, acuda a Torrelavega el responsable de la Unidad de Negocio de Carbonato y derivados del Grupo Solvay, Christophe Clemente.
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