Solvay confía en que el nuevo Gobierno modifique el plan energético nacional

Ése fue el mensaje, en síntesis, trasladado por el director general de la factoría, Jorge Oliveira, que se mostró esperanzado respecto a que el nuevo Gobierno nacional, presumiblemente de nuevo con el PSOE al frente del país, acabe aceptando las alegaciones presentadas al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (Pniec) aprobado por el Consejo de Ministros en febrero y remitido a Bruselas para la validación continental.

Ese es el principal escenario con el que trabaja la organización, o al menos así se explicó al personal. Básicamente, se confía en que el Ejecutivo pueda cambiar la normativa propuesta para que la regulación que delimita el ámbito de la cogeneración ofrezca un marco más favorable que el diseñado hasta el momento, así como que, en caso de que esta primera solicitud se demore o no cumpla con las expectativas, se permita la quema de carbón hasta 2030.

Estas dos reivindicaciones no son nuevas. Como avanzó este periódico el 14 de abril, Solvay ya puso negro sobre blanco su preocupación. En sus alegaciones pedía la conversión de las calderas de cogeneración de carbón de alta eficiencia que emplea actualmente la factoría a una cogeneración, de alta eficiencia también, pero basada en gas natural. En el argumentario se abundaba en que «la cogeneración de alta eficiencia de gas aparece penalizada en el Pniec respecto a la tecnología de ciclo combinado», cuando esta metodología «emite un 11% menos de gases de efecto invernadero», resaltaba la empresa.

La segunda reclamación entroncaba con la «discriminación de la cogeneración de alta eficiencia de carbón frente a las centrales térmicas convencionales de carbón». En su alegato, la compañía esgrimía que «la cogeneración de carbón, a pesar de ser más eficiente y sostenible ambientalmente, tiene como escenario objetivo su cierre en 2025. Sin embargo, para las centrales térmicas de carbón, menos eficientes y con mayor impacto ambiental, se sitúa esa fecha en 2030». Por tanto, solicitaban que se mantenga también hasta ese periodo.

Aquí, en la justificación, es donde Solvay dejaba constancia pública de su preocupación de cara al futuro ante la Administración central. «En el caso particular de Solvay en Torrelavega, el cierre de la cogeneración de carbón significa una grave pérdida de eficiencia energética en nuestro proceso muy intensivo en consumo de calor y una grave pérdida de competitividad que pone en serio peligro la continuidad de la actividad del complejo industrial de Solvay en Cantabria. Esto supondría la pérdida del único productor nacional de una materia prima indispensable para el sector industrial como es el carbonato sódico», manifestaba.

La actual coyuntura política tampoco favorece las negociaciones que quiere impulsar Solvay con las administraciones para favorecer su plan de transición energética, cuantificado en 200 millones. En Madrid aún no se ha constituido Gobierno, mientras que en el apartado autonómico el futuro Gabinete empezará a germinar tras los resultados electorales del domingo.

Será una vez que haya representación tanto en el Ministerio como en la Consejería de Industria cuando la química belga ponga toda la carne en el asador en busca de un mejor escenario para sus intereses. De momento, el mensaje trasladado a la plantilla cuando se insistió sobre el asunto energético fue que cada empleado debe centrarse en llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible mientras la Dirección trabaja en el futuro.

Además del tema energético, la compañía aprovechó la reunión para calificar de positiva la marcha de la GBU Soda Ash y de la propia fábrica, insistiendo en que el negocio es rentable para Solvay y crea riqueza en la comarca. La empresa, que agradeció la respuesta de los trabajadores, aseguró que los diferentes proyectos estratégicos avanzan de forma correcta.