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En 2012 se acordó la integración del antiguo Régimen Especial de Empleados del Hogar en el Régimen General. Han pasado 6 años y ahora se vuelve a aplazar su equiparación definitiva hasta el año 2024 tras incluirse una enmienda del PP en los Presupuestos ... Generales del Estado (PGE) de 2018 que demora en siete años el período transitorio previsto para ello y que concluía el pasado mes de diciembre. UGT rechaza este retraso que en Cantabria afecta a un colectivo de 5.397 personas de las 209.528 afiliadas a la Seguridad Social en la región al cierre de 2017. De ellas, 5.194 son mujeres.
La integración , que se realizó en enero de 2013 con el Sistema Especial de Empleados del Hogar, no se ha completado porque el PP «ha venido torpedeando una y otra vez lo pactado en el diálogo social, que establecía un período transitorio hasta 2017 para equiparar sus bases y tipos de cotización a los de los demás trabajadores por cuenta ajena».
Según precisa la Secretaría de Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, esta demora supone «un nuevo y gran retroceso en la equiparación de derechos en un sector que ocupa en Cantabria al 2,6% de todas las afiliaciones de la Seguridad Social (5.397 de un total de 209.528 al término de 2017) y a más del 5% de la femeninas (5.194 de un total de 99.010)».
En Cantabria, un 96% de las afiliaciones del Sistema Especial de Empleados del Hogar de la Seguridad Social corresponde a mujeres (5.194), que en su mayoría trabajan a tiempo parcial (3.225 ó 59,8%), con un contrato temporal (53,5% ó 1.382 de los 2.582 contratos registrados en 2017) y con un sueldo medio de poco más de 800 euros brutos mensuales, 812,45 euros, un 53% menos que los 1.752 euros del salario bruto medio mensual registrado en la región al término del año pasado por la Encuesta Trimestral de Coste Laboral.
Un 89% de las afiliaciones del Sistema Especial de Empleados del Hogar en Cantabria cuentan con una edad superior a los 35 años (4.787) en un colectivo profesional con una edad media alta de 48 años en la región y en el que casi un 49% son mujeres de nacionalidad extranjera.
Como aclara un estudio elaborado por UGT, España sigue sin cumplir con su promesa de equiparar los derechos de las empleadas del hogar a los de los demás afiliados por cuenta ajena del Régimen General, pese a ser uno de los países de la UE con más empleo en este colectivo junto con Italia y Chipre y acaparar el 28,6% de todo el registrado por el organismo estadístico europeo, Eurostat (619.600 de un total 2.162.300 ocupados de 16 a 64 años en la UE-28 en actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico).
UGT señala que el Gobierno español aún no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, que se acordó en el año 2012 y que ya ha sido avalado por 22 países, 6 de ellos de la UE.
«El Gobierno español se ha negado reiteradamente a iniciar los trámites para la ratificación de un instrumento internacional que obligaría a avanzar en la progresiva equiparación de derechos entre las trabajadoras del hogar y el resto de trabajadores», critica UGT, que confía que «el nuevo contexto político permita volver a abrir el diálogo social y resolver una parálisis de seis años».
El sindicato recuerda que «pese a la falta de reconocimiento laboral y social de este colectivo profesional, se le ha utilizado descaradamente para cubrir necesidades sociales que deberían de haber sido proporcionadas por las administraciones públicas». «Es un sector que en España tiene una notable aportación al empleo con más de un 3% de todas las afiliaciones a la Seguridad Social, el triple que en la media de la UE (0,9%) o de países como Alemania (0,4%), pero todo a costa de un empleo altamente precario, feminizado y empobrecido», puntualiza UGT.
En España, al término del año pasado el salario medio bruto mensual de este sector profesional ascendía a 823,16 euros (unos 11 euros más que en Cantabria) pero un 63% de los asalariados que trabajaban en los hogares (260.300) apenas superaban los 343 euros mensuales brutos.
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