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Las perspectivas de recuperación económica, así como los anuncios procedentes de Joe Biden, nuevo presidente de Estados Unidos, habían llevado a varios metales como el ... hierro, el cobre o el acero a máximos de la última década. Un incremento en el precio de estas 'commodities' que en la práctica está siendo la tabla de salvación para buena parte de la gran industria. Así lo explica un alto directivo de una de las principales empresas de Cantabria: «La única situación positiva es que los mercados son favorables. Si no llega a ser por eso seguramente estaríamos parados. Una relajación de los precios de venta originaría posiblemente cierres industriales», razona.
¿El motivo? Un precio de la electricidad en máximos, más de un 40% por encima de lo registrado el pasado año en primavera y que ha convertido la excepción del temporal Filomena de enero en tendencia estructural en abril y mayo. La gran industria ya está advirtiendo sobre la cuestión de las tarifas, empujadas principalmente por la debilidad de las renovables y la necesidad de que los ciclos combinados entren en momentos puntuales en la generación, así como una «especulación bestial» con los derechos del C02. Este último fenómeno, que afecta a toda Europa, no tiene visos siquiera de estabilizarse, sino que las compañías temen que continúe al alza. La Unión Europea ya ha avanzado que no tiene pensado intervenir para controlar los precios, por lo que el diferencial del megavatio por hora con países como Francia por ejemplo no es que se doble, sino que ya sobrepasa esa distancia.
Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), analiza la situación. «Para lograr un precio eléctrico competitivo necesitamos que se utilicen las medidas que se aplican en otros países europeos como Alemania o Francia. El propio Ministerio de Transición Ecológica, cuando publicó la memoria de análisis de impacto del Real Decreto del Estatuto, explicó que había una serie de medidas en otros países que no podía introducir por su cuenta al necesitar una normativa superior, caso de la fiscalidad; o por ser cuestiones que excedían sus atribuciones, en clara alusión a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Hay iniciativas que deben coordinarse entre Gobierno, Competencia y Ministerio; mientras que las exenciones tributarias deberían recogerse en la Ley de Fiscalidad», comienza.
INCERTIDUMBRE
RIESGOS
AEGE, que agrupa a gigantes cántabros como Global Steel Wire, Reinosa Forgings & Castings, Ferroatlántica o Bondalti, insiste en «copiar lo mismo que tienen en otros sitios. Si ellos han conseguido el plácet de Bruselas, ¿por qué nosotros no?».
Sobre la escalada de precios que se otea en los futuros de la electricidad a 12 meses vista, Soto sostiene que «para nosotros lo importante es el diferencial de precio que tengamos con nuestros competidores. Los precios se están viendo afectados en Europa por la especulación que existe en torno a los derechos de C02, en combinación con los elevados precios del gas. El diferencial está siempre en la parte regulada, entendiendo que aquí se recibirían las compensaciones máximas por C02. Si además se diera el caso de que no tendríamos esas compensaciones máximas, el agujero sí que sería importante con los precios disparados», manifiesta.
Sin embargo, esta misma semana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha enfriado los ánimos de las empresas al señalar que ella es partidaria de elevar la cuantía hasta ese 25% de los ingresos de la subasta de emisiones que permite Bruselas, pero que los 79 millones presupuestados para este año por el Ministerio de Industria «es lo que hay».
La comparativa actual está clara, más si el espejo es Francia. «Disponen de una tarifa que les supone un precio de 42 euros/ MWh. Si la tarifa se dispara, se acogen a esta modalidad», algo que se está dejando notar en la actual coyuntura.
¿Va a bajar el precio de la luz? AEGE subraya que el sobrecoste actual se acerca a los 1.000 millones. «De no haberse pagado en la factura, las industrias podían haberlo dedicado a pagar sus procesos de descarbonización. Está restando capital para hacer esas inversiones. En la medida en que consigamos que los precios finales se asimilen a los de nuestros competidores podremos contar con más recursos para acometer estos planes que necesitamos», concreta Soto.
Andrés Barceló es el director general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid). «Lo único que sorprende es el silencio clamoroso» en torno a esta escalada. «Hace un año el Gobierno estaba orgullosísimo de lo barato que estaba el precio de la energía y que iba a seguir bajando. La realidad es que ahora en el momento en que entra una central de ciclo combinado a producir sube el centro porque paga C02. Hay un movimiento especulativo impresionante. El C02 se ha convertido en un instrumento financiero. Es un auténtico disparate, pero que se traslada a los precios», arranca.
Barceló admite que «estamos preocupados. Tiene difícil arreglo. Digan lo que digan los responsables políticos, los precios están subiendo en toda Europa. El problema es que aquí además tenemos otros costes propios», subraya.
De cara a otras inversiones, admite que «estos sobrecostes no ayudan. El mayor problema para acometer desembolsos en España y la electricidad es que no hay visibilidad. El Gobierno se ha pasado tres años prometiendo el Estatuto y cuando ha llegado ha sido la nada. Ahora tiene lanzado un proyecto de ley para un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico que en la práctica no baja nada, sino que se reparten los costes. Hacen maquillaje. La siderurgia, además, somos consumidores del gas, que se va a elevar. A los ciudadanos directamente se les ha engañado, pero a nuestras empresas nos van a incrementar la factura», relata.
Barceló además lamenta que el Gobierno central está tomando medidas de manera unilateral. «No hay una sola línea en la memoria de impacto de esta futura ley de sostenibilidad que recoja los efectos en el precio del gas», reprueba.
Sobre la escalada del C02, «no veo previsible que vaya a bajar por el momento. Principalmente porque los operadores financieros están encantados. La mayoría de los que compran esos derechos son empresas que los pasan directamente al precio», recuerda.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que aglutina a las patronales de la automoción, el refino, la siderurgia o el papel advirtió el jueves en un manifiesto de que la aprobación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (Fnsse), impulsado por la vicepresidenta Teresa Ribera, supondría un sobrecoste asfixiante de 2.650 millones de euros hasta 2025, que «pone en riesgo su futuro». Los sectores afectados recuerdan que es un momento complicado por las escalada de los precios del gas y la electricidad y exigen que el coste se traslade a los Presupuestos Generales del Estado.
Desde que el Gobierno lanzó el pasado diciembre este instrumento para descargar la factura de la luz del coste que supuso el desarrollo de las renovables, se han sucedido las críticas. Las primeras llegaron del sector petrolero, el más perjudicado en el nuevo reparto de costes, al asumir un 43% de la factura total de 7.000 millones anuales. «El que tiene coche, gasolina o diésel, y el que consume gas natural va a pagar las fiestas pasadas del sector eléctrico», se quejó el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, a los pocos días de anunciarse. Pero luego se fueron extendiendo a otros ámbitos también muy afectados: hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la siderurgia tiene un alto consumo de gas, que se encarecerá, mientras que el abaratamiento de la electricidad solo llegará a los hogares; de la misma forma, la industria papelera es intensiva en el uso de gas.
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