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Las administraciones han recibido el tsunami coronavírico decididas a que la pandemia sanitaria convertida en recesión económica no deje ni a muchas personas ni empresas por el camino. Para ello, de momento se ha optado por una política expansiva vía mayor gasto público. ... Ayudas a autónomos; bonificaciones para favorecer los ERTE y que las compañías no despidieran; prestaciones sociales; el ingreso mínimo vital... Unos esfuerzos que tendrán su reflejo tanto en el déficit como en la deuda pública. Un aspecto, el de las obligaciones con terceros en el corto y medio plazo, que España y sus autonomías ya tenían desbocado previamente. Los intereses y amortizaciones anuales, que en territorios como Cantabria se erigen como una consejería más en cada presupuesto, no harán sino dispararse con esta recesión actual por el covid.
Así al menos lo concluye el Grupo de Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios de la Universidad de Cantabria (UC) en colaboración con el Instituto de Investigación Valdecilla (Idival), que como primera gran reflexión establece que el pasivo regional se descontrolará en la actual coyuntura. Como referencia, en un escenario de recuperación gradual, esto es, una hipótesis intermedia y, por consiguiente, más factible, la deuda crecerá al cierre del año actual en 789 millones, lo que supondría un incremento del 24,7% respecto a la conclusión de 2019, cuando el dinero por pagar sumaba 3.187,76 millones.
Doce meses después, según los cálculos obtenidos por los expertos de la UC, sobrepasaría los 3.977,1 millones. Como comparativa, el presupuesto autonómico vigente llega hasta los 2.886 millones,
El documento de trabajo, titulado 'Incertidumbre presupuestaria y endeudamiento autonómico ante la crisis de la Covid-19', va más allá y en el caso de Cantabria desgrana en sus anexos lo que le espera al erario regional. El estudio se basa igualmente en proyecciones como las del Banco de España.
La evolución de la deuda pública en Cantabria se ha incrementado en 251 millones en el primer trimestre de 2020 con respecto al trimestre anterior y alcanza los 3.439 millones de euros, que representan el 24,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), «pero estimamos que en el escenario de recuperación temprana todo indica que pasará desde el 22,3% en 2019 a un 26,7% en 2020, reduciéndose en 2021 y aumentando ligeramente en 2022 (26,1% y 26,3%, respectivamente). Su evolución ante el escenario de recuperación gradual es similar, en 2020 aumentaría hasta un 27,9% y en 2021 se reduciría hasta el 27,1%, pero en 2022 se incrementaría de nuevo hasta un 27,7%. Por último, basándonos en el escenario de riesgo, la deuda como porcentaje del PIB crecería gradualmente todos los años. En 2020 sería de 29,6%, en 2021 de 30,4% y en 2022 de 30,8%», anotan los investigadores cántabros.
En términos absolutos, para 2020 en un escenario de recuperación temprana la deuda aún así se elevaría en 629 millones más, hasta los 3.817,119 millones. Peor aún resulta la matemática en el horizonte más adverso, con nuevas obligaciones por 1.036 millones que llevarían a la cuenta regional a superar los 4.223 millones de deuda pública. Las subidas serían del 19,74 y 32,5 por ciento, respectivamente.
En términos de deuda pública por habitante, las previsiones indican que, ante el escenario de recuperación temprana, la deuda pasaría de 5.486,80 euros en 2019 a 6.578,41 en 2020. Mientras, en 2021 y 2022 se reduciría ligeramente (6.471,55 y 6.463,51 euros, respectivamente). Ante el escenario de recuperación gradual, su valor se incrementaría en 2020 hasta 6.854,19 euros, disminuiría en 2021 (6.658,85 euros) y en 2022 aumentaría (6.819,72 euros). Finalmente, si nos situamos en el escenario de riesgo, la deuda cántabra por habitante prevista crece en todos los años, siendo de 7.279,35 euros en 2020; 7.468,94 euros en 2021; y 7.572,36 euros en 2022.
En síntesis, una tendencia que se convertirá en un problema nuclear de la gestión pública en estos años.
El Grupo de Economía de la Salud tiene claro que la capacidad de maniobra de las comunidades autónomas para enfrentarse a esta nueva crisis, junto a sus problemas de sostenibilidad presupuestaria dependen, en su mayoría, del nivel previo de endeudamiento y de otros factores presupuestarios (nivel de ingresos, gasto ejecutado, etc.).
Esta situación también ha provocado que varias instituciones hayan alertado de la necesidad de adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de las distintas administraciones públicas, debiendo tomar estrategias sólidas de cara a los próximos años. «Una de las posibles soluciones sería mantener e, incluso, reforzar los mecanismos de financiación adicionales o reestructurar tanto las reglas de estabilidad como el propio volumen de deuda, implementando transferencias de fondos condicionadas a la disminución del stock de deuda dado el incierto resultado final de unos fondos europeos que aún están por venir y en donde se presume que traerán consigo numerosas condiciones y medidas de reforma tanto en el presupuesto como en el propio sector publico y privado», apuntan desde el organismo dependiente de la Universidad de Cantabria (UC).
Porque la ayuda europea parece que será condicionada, más después de que el jueves se impusiera en la votación para presidir el Eurogrupo la ortodoxia financiera del irlandés Donohoe frente a la aspiración española de situar a Nadia Calviño al frente de la institución. Un duro revés para el país.
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