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Para entender bien la incertidumbre, y hasta cierto punto inquietud, que vive Cantabria por el cambio de propiedad del Grupo Celsa en favor de los fondos acreedores, lo que supone un viraje desde una perspectiva familiar e industrial a otra puramente financiera, sólo hay que ... echar un ojo a las cifras de la siderurgia en la Comunidad.
Celsa Group dispone de dos complejos industriales en Santander –Global Steel Wire y Tycsa, junto a otras sociedades menores– y en Los Corrales de Buelna, con la antigua Trefilerías Quijano. Ambos centros productivos arrojaron una facturación de 811 millones de euros en 2022 en la región.
La cifra la aporta la propia Celsa, una suma que corresponde al 63% de la cifra de negocio del sector metalúrgico cántabro. Esta facturación representa un 6% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria y el 33% de la riqueza que genera el sector industrial.
En cuanto al impacto en el empleo, Celsa emplea el 3,6% de los trabajadores del sector industrial cántabro con 1.190 empleados propios y subcontratados. Asimismo, ha invertido más de 444 millones en sus plantas de Cantabria entre 2001 y 2021.
Otra derivada de la influencia de la corporación es su aportación a las finanzas públicas autonómicas vía impuestos y gravámenes. Algunos tributos se abonan de forma directa mientras que otros se recaudan de los clientes y empleados. En el año 2021, el total de impuestos y gravámenes pagados ascendió a 27 millones de euros.
En cuanto a las necesidades vinculadas a su actividad productiva, Celsa es el primer consumidor industrial de energía eléctrica en Cantabria. Además, se transportaron 2,37 millones de toneladas, dato que supone un total de 98.894 camiones anuales o, lo que es lo mismo, un total de 379 camiones diarios. Las toneladas de Celsa Group movidas en el Puerto de Santander suponen el 9% del tráfico total que registran los muelles cántabros a lo largo de todo el ejercicio. Estos parámetros sitúan a la organización como el primer cliente de la Autoridad Portuaria de Santander.
Todo un gigante que ahora vive sus horas más inciertas. El Gobierno de España, especialmente a través de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha pedido mayor control del Estado sobre este tipo de compañías. Una fórmula probable es la de buscar un socio industrial nacional que pueda acompañar a los fondos financieros al frente del Grupo.
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