Manuel Garay Parás | Presidente de CSIF Cantabria

«La falta de empleados públicos se está agudizando porque se jubilan y no se ha planificado el recambio»

Garay afronta sus nuevas responsabilidades con el objetivo defender la mutualidad, en plena crisis ante el escenario incierto de Muface (hermana de Mugeju, de la que él es responsable a nivel nacional). También quiere luchar por mejorar la tasa de reposición de los empleados públicos y para que se les apruebe una subida salarial «acorde a la situación actual». Además, como uno de sus principales retos, señala que CSIF penetre más en la vida sindical de la empresa privada de la región, mientras mantiene su papel «consolidado» en el sector público.

–Ha cumplido ya su primer trimestre como presidente de CSIF en Cantabria, ¿cómo está siendo la nueva etapa?

–Está siendo un cursillo acelerado. Yo he sido muchos años presidente del sector de justicia y de la Junta de Personal de Justicia, sólo vinculado al sector público, y ahora, como presidente, tengo tanto que abordar sector público como empresa privada, ya que tenemos representación en algunas compañías, como Teka, Nissan, Ambuibérica, Nestlé o Altadis, y es un mundo bastante difícil. Además, un sindicato tiene muchos frentes abiertos: cuentas corrientes, gastos, auditorías, sueldos que pagar, impuestos...

–¿Por qué dio el salto?

–Cuando el anterior presidente se jubiló, el presidente nacional, Miguel Borra, me preguntó si estaba dispuesto a presentarme. Yo dije que si había una candidatura alternativa la apoyaría, pero que, si no se daba ese caso, yo me presentaba, porque si te lo pide Madrid, al final, es porque creen que eres la mejor opción.

–¿Cuál es su gran reto?

–A nivel sector público, el sindicato está muy bien instalado, mayoritario a nivel nacional y en Cantabria. El gran reto es la empresa privada. No es que hayamos tocado techo en la pública, pero estamos ya muy consolidados. Entonces, estamos intentando crecer lo posible en la privada, pero es complicado frente a CC OO y UGT, y en algunos sitios, USO.

–Y en el sector público, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que quiere lograr?

–Queremos que el Gobierno de Cantabria negocie una Ley de Función Pública porque la que tenemos es del siglo pasado. Queremos que se negocien los permisos y licencias adecuados a la conciliación, y que se legisle para que todos los funcionarios, da igual si es el SUAP de Bezana o un profesor de Castro Urdiales, tengan los mismos permisos, porque lo que tenemos es un desmadre.

Y luego el tema retributivo. Llevamos perdiendo poder adquisitivo desde el Gobierno de Zapatero, cuando nos bajaron el sueldo por primera vez de media un 5%, a lo que se añadió luego la congelación salarial. El último acuerdo, que no firmó CSIF pero sí CC OO y UGT, era una subida del 2%, cuando el IPC ha subido el 8% y en la privada se pacta una subida para los convenios del 4%. Todo ello junto a otras reivindicaciones como la tasa de reposición...

–¿La falta de personal en el sistema público se ha cronificado?

–Más bien se está agudizando porque la población de funcionarios se está jubilando y no está habiendo recambio. Las plazas hay que cubrirlas y no con interinos, porque, de hecho, Europa nos echa la bronca porque tenemos un 23% de media de interinidad. No hay una planificación y se lo hemos reprochado al Gobierno de Cantabria y al nacional.

–¿Cantabria está en una peor tasa de reposición de empleados?

–En algunos sectores sí y lo achaco a una mala planificación a largo plazo. Para la Administración es muy fácil porque sabes cuándo llega la edad forzosa de jubilación de los funcionarios, que es a los 65 años, y no se sacan ofertas de empleo para cubrir esas bajas que no son inesperadas. La solución acaba siendo tirar de lista de interinos, pero, por ejemplo, en sanidad no hay, y es por eso que hay plazas de médico que no se cubren. Pero es que esta región también tiene especiales problemas en otros sectores, como en educación. Yo entiendo que las legislaturas duran cuatro años, pero hay que mirar y planificar más allá.

–Respecto a ese tirón de orejas que ha dado Europa a España por la alta temporalidad del empleo público, ¿cree que hay solución?

–Europa ya ha avisado a España con no dar más fondos si no se reduce la precariedad en el sistema público, porque no se están haciendo los deberes para que esos interinos tengan su plaza y dejen de tener contratos que duran unos días y terminan el viernes para no pagarles el sábado y el domingo. Pero me temo que el Gobierno volverá a inventarse algo para que Europa no sancione y no cumplirá, como han hecho hasta ahora.

–¿Y la situación de Muface tiene solución?

–Volvemos a lo mismo, es un problema de planificación porque esto se veía venir. Muface tenía más aseguradoras y las ha ido perdiendo, y los cuadros médicos han bajado bastante porque, si la compañía no gana dinero, mal paga a sus médicos. Si sabes que va a vencer el concierto no puedes esperar a la última semana para plantear una oferta que ya tienes que saber que no les va a complacer porque se quejan de que están a pérdidas.

–El sector de la justicia, al que ha estado siempre ligado, también ha tenido muchas quejas.

–La cuestión económica no se ha resuelto y la carga de trabajo sigue aumentando. Está intensificándose mucho la litigiosidad, y el ciudadano quiere respuestas, pero también el funcionario tiene que hacer frente a cada vez más exigencias y capacidad de adaptación, porque se está pidiendo papel cero, nuevas tecnologías, conexión temática... Y hay una población de empleados con cierta edad al que las nuevas tecnologías nos está pasando por encima.

–¿El sistema va a poder asumir la jornada de 37 horas y media?

–En un sitio con tanta pyme como Cantabria, dile a un empresario que tenga seis trabajadores que tiene que reducir dos horas y media a la semana de cada empleado. Va a ser difícil porque no todos los negocios tienen músculo para pagar otro salario. En las grandes empresas es distinto, pero las pequeñas lo van a tener complicado, salvo que el Gobierno ayude económicamente de alguna manera.