La falta de Gobierno complica aún más la transición energética de Solvay

Una de las más interesadas es Solvay, que llevaba desde los pasados comicios de abril aguardando la constitución de un Gabinete estable en Madrid para tener un interlocutor fijo al frente del Ministerio de Transición Ecológica con el que discutir el marco normativo que regulará el abandono del carbón en beneficio del gas natural como energía fundamental en la industria. La química belga confiaba en una certidumbre política para poder dar luz verde a la inversión aparejada a su cambio energético en el complejo de Torrelavega. Sin embargo, la próxima celebración de elecciones generales en noviembre demora aún más los plazos para un proyecto de calado cuyos tiempos no van sobrados de margen.

200

millones de euros supondrá el plan de transición energética de Solvay en Barreda.

Desde la propia Solvay admiten que la situación no es la ideal y que esta inestabilidad no favorece su plan de transición energética. El Grupo ya remató en otoño de 2018 la que era su hoja de ruta en este campo, con una actuación de 200 millones de inversión que se sustentaba en dos pilares principales: el paso del uso del carbón a una nueva planta de cogeneración de gas natural y, en paralelo, la instalación de una nueva caldera de combustible sólido recuperado (CSR) que implica la creación de 20 nuevos puestos de trabajo.

Dos vías para las que la organización ha pedido desde un primer momento el respaldo de la Administración. Mientras el proyecto CSR camina dentro de lo que se podría definir como asumible, el programa para saltar del carbón a la cogeneración de gas natural sí que está más retrasado. La situación, de hecho, se agravará con estos nuevos meses sin Gobierno en Madrid, de forma que los plazos cada vez transitan más apurados.

El sindicato USO ha sido uno de los más reivindicativos con este asunto. De nuevo, el portavoz de la organización, José Vía, se cuestiona si «¿vamos a llegar a tiempo para tener lista la nueva cogeneración en diciembre de 2024?». El sindicalista pide al comité ejecutivo de la compañía que «apruebe las inversiones de inmediato».

Porque Solvay ya puso negro sobre blanco los riesgos de su complejo cántabro en sus alegaciones al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), un texto que según fuentes conocedoras de la tramitación debería estar en Bruselas para la aprobación de la Unión Europea antes del 31 de diciembre. En su argumentario, un documento público, la corporación solicitaba que el Plan contemple la conversión de las calderas de cogeneración de carbón de alta eficiencia que emplea actualmente la factoría a una cogeneración, de alta eficiencia también, pero basada en gas natural.

Más importante aún. La «discriminación de la cogeneración de alta eficiencia de carbón frente a las centrales térmicas convencionales de carbón» en el borrador del Pniec, pidiendo que se mantenga su empleo hasta 2030 y no frente a 2025. Según el alegato, «el cierre de la cogeneración de carbón significa [...] una grave pérdida de competitividad que pone en serio peligro la continuidad de la actividad».