Fedea confirma que Cantabria perderá más de 600 millones con el pacto fiscal catalán

En el caso concreto cántabro, la marcha de Cataluña del sistema de solidaridad común supondrá todo un desafío para mantener los servicios públicos como hasta ahora. Ya lo advirtieron en un primer momento las previsiones realizadas por el Departamento de I+D de Economía Pública de la Universidad de Cantabria (UC) por encargo del Gobierno autonómico, que cifraban el quebranto en 600 millones de euros, según avanzó El Diario el domingo. Ahora, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) llega a la misma conclusión y, prácticamente, a igual cifra: la Comunidad dejará de percibir 609 millones, equivalente al 35,22% del dinero que llega procedente de Madrid.

Los cálculos los firma Ángel de la Fuente, director de Fedea y todo un referente en relación a la financiación autonómica y los potenciales cambios del sistema, en constante discusión en los últimos años.

En un informe publicado el lunes, bajo el título 'La liquidación de 2022 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común', refuta la tesis de la infrafinanciación catalana. Al contrario, sostiene que la Generalitat obtiene recursos que superan ligeramente la media (en nueve décimas), una tendencia mantenida en el tiempo durante cerca de dos décadas según el observatorio de Fedea.

Más aún, el artículo que firma De la Fuente choca con esa premisa de castigo hacia Cataluña, el principal argumento entre PSC y ERC para sacar a esta autonomía del régimen común.

Una cuestión política que pone en duda el sostenimiento de las finanzas cántabras, además de otras regiones muy dependientes del mecanismo de solidaridad. Las cuentas de Fedea concluyen que el 35,22% de los 2.337 millones que la región recibió del Estado en 2022 proviene de los denominados 'flujos redistributivos', un total de 609 millones.

Todo ello en un ejercicio 2022 marcado por un notable incremento del 13,6% de los recursos recibidos por las autonomías, gracias a la mejora de la recaudación vía impuestos en un contexto de inflación histórica (8,4% en 2022) y sólido crecimiento del Producto Interior Bruto (5,8%).

Los diferentes expertos consultados por este periódico coinciden en señalar el claro perjuicio que dicho acuerdo implicará para Cantabria, fuera de posicionamientos políticos.

Como referencia, esos 600 millones son comparables al sueldo anual de todos los médicos y enfermeras de la Comunidad; suponen todo el presupuesto educativo del año pasado; y duplican los fondos que manejan la consejería de Fomento y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). Con ese dinero, el Gobierno autonómico puede pagar seis meses de nóminas de sus 28.000 trabajadores públicos.