Ferroatlántica prepara un ERTE para la fábrica de Boo que se alargue hasta final de 2024

Una regulación que se otea de largo recorrido. Según confirman fuentes sindicales a El Diario, la primera pretensión de Ferroglobe es que el ERTE esté en vigor hasta diciembre de 2024, una muestra de que la corporación especializada en ferroaleaciones no espera que los nubarrones continentales puedan despejarse a lo largo del próximo ejercicio.

Ferroatlántica es hasta la fecha la firma electrointensiva cántabra más afectada por el incremento desmesurado de los costes energéticos, hasta el punto de que los precios actuales en España sacan sus producciones del umbral de rentabilidad. En otras palabras, no sale a cuenta trabajar, más en una fábrica en la que un proceso para encender uno de los cuatro hornos disponibles no es una cuestión automática, sino que requiere varios días e implica un coste cercano a los 60.000 euros.

La organización lleva tiempo supliendo esta problemática ibérica mediante la fórmula del trasvase de producciones desde otros territorios, en especial Francia y Noruega, con los que está abasteciendo el mercado español.

Responsables de Ferroglobe ya trasladaron días atrás al consejero de Industria de Cantabria, Javier López Marcano, que su idea era que el ERTE estuviera operativo en noviembre. Previamente, en verano, la Dirección planteó al comité intercentros una hoja de ruta que también recogía una regulación, a aplicar unas semanas antes, y un escenario en el que la fábrica de Boo finalizaría 2022 con un único horno. Esa proyección estival se ha ido deteriorando de forma progresiva y a día de hoy no se conoce cuáles son las intenciones de la empresa.

Porque Ferroatlántica lleva tiempo reclamando ayuda, más allá de la financiación obtenida a través del fondo de rescate que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) habilitó para socorrer a empresas estratégicas golpeadas por la pandemia. En el encuentro con Marcano, el vicepresidente de Operaciones en Europa y Sudamérica, Alberto Fuentes; junto con el director de la fábrica de Boo, Juan Luis Bernardo, reclamaron "las mismas medidas de compensación con las que cuentan sus competidores en Europa".

Entre esas iniciativas, señalaron la necesidad de que se exima a las empresas del ajuste al precio del gas a los PPA (Power Purchase Agreement), contratos de compraventa de energía a largo plazo entre un generador y un comprador que las empresas industriales tienen que firmar para cumplir el Estatuto de Consumidor Electrointensivo. También propusieron que se impulse la contratación de PPA con productores de energías renovables y que se pongan en marcha contratos puente hasta el comienzo de los PPA.

Otras de las medidas presentadas fueron la recuperación del sistema de gestión de la demanda por interrumpibilidad para los consumidores electrointensivos, así como alcanzar la máxima compensación por CO2 indirecto. Los responsables de Ferroglobe reclamaron el acceso de una parte de la energía adjudicada en las subastas de renovables para la industria electrointensiva, así como un porcentaje de la energía generada por las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos (Recore) al precio de la tarifa fijada por el Gobierno, así como el desacople del gas y carbón del precio de la energía.

Como complemento, solicitaron que la reducción del 80% en la tarifa de acceso sea definitiva. El problema, que a pesar de las medidas introducidas por la Administración central -la que tiene que aplicar incentivos y bonificaciones a este tipo de industrias en colaboración con Bruselas-, el precio final de la electricidad se ha multiplicado por cinco.

Ferroatlántica lamenta esta situación, pues a pesar de que factorías como la de Boo son de las más eficientes, la factura eléctrica supone hasta el 60% de los costes de producción.