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La actividad vuelve a la fábrica que Ferroatlántica tiene en Boo de Guarnizo. El Grupo Ferroglobe, donde se integra la planta cántabra, ha decidido reactivar la producción y encender uno de los cuatro hornos de los que dispone el complejo. La decisión pone fin a ... tres meses con la factoría detenida como consecuencia de los precios de la electricidad y los vaivenes del mercado.
La propia Ferroglobe así lo confirma a El Diario, en una actualización de las operaciones en España del fabricante de ferroaleaciones que pone en funcionamiento la instalación a caballo entre los municipios de Camargo y El Astillero.
La idea es que esa caldera esté operativa «durante los próximos meses», detalla Ferroglobe. Fuentes de la plantilla acotan esta decisión, por el momento, a un trimestre. Como motivos para retomar la actividad, la multinacional entiende que el precio de mercado de la energía parece haber mejorado ligeramente en comparación con el mes de julio, que suele ser el más alto, además de la necesidad de hacer frente a algún pedido puntual.
Precisamente, la corporación ya explicó a este periódico el mes pasado que las proyecciones de los costes energéticos para julio impedían cumplir con las pretensiones iniciales cuando la empresa detuvo el complejo en mayo, una parada que en un primer momento estaba prevista para dos meses. Otro factor que preocupaba a Ferroatlántica era el hecho de que el Gobierno nacional no hubiera extendido la ayuda por el peaje de acceso.
Ahora, mientras este martes arranca el horno en Cantabria, la corporación igualmente traslada su «descontento» por lo que es un clamor más o menos público en todo el sector electrointensivo español: la reclamación al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez para que acometa la ampliación hasta el máximo permitido de la bonificación por emisiones indirectas de CO2, tal y como está haciendo el resto de los países de la Unión Europea.
Según explicó días atrás este periódico, en la industria pesada nacional han redoblado esfuerzos para exigir al Ejecutivo el incremento de las ayudas por este concepto. Lo hacen en base a los propios datos que España ha enviado a Bruselas dentro de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec).
El documento recoge que en lo que va del periodo 2021-2030 las arcas españolas han ingresado unos 2.850 millones de media anual en las subastas de derechos de emisión. El propio Pniec contiene la facultad para destinar hasta un 25% de los ingresos a compensar a la industria por los efectos de los costes indirectos de CO2, dado que este tipo de compañías no sólo pagan por su contaminación atmosférica, sino que igualmente soportan en su factura la inclusión del coste del derecho de emisión de la generación de electricidad.
Con esa premisa, y de acuerdo con la cifra de 2.850 millones que aporta la propia Administración central, el máximo en ayudas al sector alcanzaría los 712 millones. No obstante, esa suma queda muy lejos de las partidas presupuestarias habilitadas por el Gobierno para tal fin. Como ejemplo, en 2022 las compensaciones llegaron a 244 millones, una cuantía casi tres veces inferior al citado tope autorizado por la supervisión continental.
La petición no es una reivindicación exclusiva de Ferroglobe, sino que la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) ha hecho de esta solicitud una de sus banderas. AEGE, además de a la fábrica de Boo, representa en Cantabria a firmas como Global Steel Wire, Reinosa Forgings & Castings o Bondalti.
Desde el punto de vista laboral, la decisión supone de nuevo un balón de oxígeno para la plantilla, compuesta por cerca de 145 personas. La organización se apoyó en los precios contenidos de la electricidad, un factor clave para la viabilidad de Ferroatlántica, así como en varios pedidos a los que tenía que hacer frente, para trabajar durante los primeros cuatro meses de 2023 una vez activada la caldera en enero. Previamente, la inactividad dominaba la instalación después de que desde finales de agosto se optara por no producir a tenor de la evolución de los costes energéticos.
Los empleados saldrán del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) rubricado en otoño de 2022, una herramienta para ganar en flexibilidad y que inicialmente estará activa hasta final de este año, aunque con posibilidad de prórroga por otros 12 meses. De momento, las regulaciones están por debajo de los escenarios máximos firmados.
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