Más de 180.000 personas en Cantabria dependen de las arcas públicas para sus ingresos mensuales

La cifra en absoluto es menor, puesto que la población cántabra se sitúa, según los últimos datos disponibles, en 584.507 individuos, de los cuales 504.541 cuentan con más de 16 años.

129.473pensionistas tiene Cantabria, según los últimos datos de la Seguridad Social.

34.235empleados públicos –Estado, Comunidad y municipios– es la última actualización.

En concreto, 181.578 personas perciben algún ingreso de alguna administración. De esa cifra se pueden restar 4.552 pensiones de orfandad, lo que deja una tasa del 35% de los mayores de 16 años 'atados' al erario público. Otro detalle que no es baladí: hay en Cantabria 37.200 inactivos entre 16 y 24 años, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes en su amplia mayoría a estudiantes, por lo que si se detraen de este colectivo la dependencia alcanza el 37,8%.

En cifras, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la región cuenta con 129.473 pensionistas y 143.395 prestaciones a 1 de mayo, por lo que hay 13.787 pluripensionistas. De esos, 89.269 son jubilados, mientras que otros 13.076 tienen una incapacidad; 35.180 perciben pensiones de viudedad; las citadas 4.552 de orfandad; y 1.318 ingresan el favor familiar.

Otro pilar básico para el destino de los recursos públicos es el personal vinculado a la Administración. Según el último registro, de julio de 2021, había 34.235 trabajadores, de los cuales 4.502 estaban adscritos al Estado; 23.633 a la Comunidad; y 6.100 a los diferentes ayuntamientos de la región.

En último término, los parados. Los datos de mayo dejaban 34.197 personas a la espera de una oportunidad laboral que no encuentran, pero en relación a las prestaciones las estadísticas más recientes son las de abril. Ese mes percibían un ingreso 17.870 cántabros, de los cuales 8.215 disfrutaban de su prestación contributiva, mientras que otros 8.483 ya la habían agotado y tenían el subsidio. Como complemento, otras 1.172 personas contaban con la renta activa de inserción.

No se incluyen en este análisis otras coberturas públicas, como las becas a estudiantes o las ayudas instauradas a raíz de la pandemia como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o las prestaciones para autónomos.

En todo caso, como referencia, las afiliaciones a la Seguridad Social conocidas esta semana sitúan el número de cotizantes en 225.077. El grueso –182.171– pertenece al Régimen General, de los que 647 se incluyen en el sistema especial del sector agrario y 4.763 en el del hogar. En cuanto al resto de cotizantes cántabros, 41.615 son autónomos y 1.291 trabajadores del mar.

Si a esos 182.171 se les resta los funcionarios, aún con datos de 2021, el número de trabajadores por cuenta ajena baja a 147.936. La cifra de pensionistas y empleados públicos alcanza las 163.708 personas.

La tendencia, a tenor del devenir demográfico y el progresivo envejecimiento poblacional, previsiblemente irá a más. Nada nuevo, pero se necesitarán más trabajadores para sostener las cuentas. No sólo en Cantabria, sino a nivel nacional. El presidente de CEOE-Cepyme, Enrique Conde, opina que «son los empresarios, no la Administración, no los políticos, quienes crean empleo y consiguen que se puedan aportar los recursos necesarios para atender las necesidades sociales.

Por esta razón no es comprensible que estemos asistiendo a una situación paradójica: cada vez más funcionarios para una gestión cada vez más ineficiente. Es decir, más trabas para quien quiere crear riqueza y más facilidades para quien quiere vivir de un sueldo público».

El portavoz de los empresarios va más allá y apunta que «las arcas públicas, para poder atender la creciente demanda de prestaciones sociales, no necesitan ni más impuestos ni más funcionarios, sino una gestión más eficiente y la agilidad y profesionalidad imprescindible para poder facilitar las inversiones que generen –junto con el empleo– los recursos económicos necesarios para mantener los servicios públicos, especialmente los destinados a los más desfavorecidos», concluye.

David Cantarero, profesor titular de Economía de la Universidad de Cantabria, añade que «la cuestión no es solo cómo poder seguir financiando a ese 31% de población con los recursos que ellos mismos generan y se obtienen del sector privado a través de tributos y otras fuentes, sino cuál puede ser la evolución futura. Así, según el INE, Cantabria perderá más de 31.000 habitantes hasta 2035 de mantenerse las tendencias demográficas actuales», recuerda.

Así las cosas, según su criterio, «el 'iceberg' demográfico al que nos enfrentamos es un reto de magnitud, que nos debería preocupar más que a otras regiones donde el balance demográfico de dependientes-activos no es tan desigual», razona el académico.