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El proximo Gobierno tendrá que acometer una reforma fiscal y el control del déficit y la deuda pública, según los economistas. En una jornada sobre 'Asignaturas pendientes para fortalecer la economía española' organizada por el Consejo General de Economistas, la directora de Proyectos Internacionales del ... IVIE y vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Matilde Mas, y el catedrático de Organización de Empresas y ex miembro del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, Vicente Salas, subrayaron la «necesidad» de una «revisión en profundidad del sistema fiscal español», en palabras de Mas.
Salas aseguró que «va a ser inevitable un aumento de la imposición indirecta» y que habría que introducir más impuestos medioambientales. Salas también explicó que no deberían usarse los tipos impositivos para redistribuir, sino que es mejor hacerlo a través de pagos directos. «Toda la imposición indirecta es regresiva, por lo que esos aumentos tienen que ir acompañados de políticas de renta que compensen a los vunerables», matizó Salas, quien también previno de que «es más fácil bajar tipos impositivos que identificar a los colectivos a los que hay que ayudar». Por su parte, Matilde Mas denunció que uno de los frenos a la movilidad laboral es el tratamiento fiscal de las transmisiones inmobiliarias «que es carísimo y penaliza la movilidad de la gente» cuando quiere cambiar de localidad y tiene que vender su casa.
Sobre la cuestión fiscal también se pronunció el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, quien señaló que «más pronto que tarde el Gobierno tendrá que abordar un proceso de consolidación fiscal». Pich recordó que el Libro Blanco de la reforma fiscal elaborado por un comité de expertos por encargo del Gobierno «lleva año y medio aparcado en un cajón».
En 2024 con toda probabilidad volverán a estar efectivas las reglas fiscales europeas para que el déficit no supere el 3% del PIB y la deuda pública no sobrepase el 60% del PIB, aunque esta vez la Comisión Europea permitirá mayor flexibilidad para conseguirlo.
Mas recalcó que hay que gastar «más eficientemente» y pidió «prudencia» en las cuentas de 2024 como ha aconsejado la Comisión Europea. En España, las elecciones generales y la dificultad en lograr los apoyos suficientes para la investidura del próximo presidente retrasarán la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, con lo que la prórroga de los presupuestos de este ejercicio demorará la adopción de medidas de ajuste del gasto.
Vicente Salas consideró inevitable que se vaya a tener que volver a actuar para reducir el déficit porque a partir de 2025 el peso de la deuda pública sobre el PIB volverá a subir. La reducción que se está registrando de la deuda pública medida en porcentaje sobre el PIB se debe exclusivamente al crecimiento nominal del PIB, que ha estado por encima del tipo de interés, pero este efecto no durará.
El antiguo consejero del Banco de España insistió en que el gasto en educación o salud se considere inversión en capital humano y no gasto corriente y que la deuda se relacione con el stock de capital. En este sentido, apuntó que mientras en 2020 el stock de capital estaba en los mismos niveles que en 2012, la deuda pública había subido del 75% del PIB al 113% del PIB, lo que significa que el país se había endeudado por un tercio de su riqueza para financiar gasto corriente, no productivo.
Por otra parte, la Junta de Extremadura aprobó este martes una rebaja en los dos primeros tramos del IRPF, que afectarán principalmente a las rentas inferiores a 22.200 euros, así como la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio. También se rebaja el impuesto de matriculación, se suprime el impuesto a viviendas vacías de grandes tenedores, y se eleva al 30% la deducción por alquiler de vivienda habitual.
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