¿«Hachazo fiscal» o reforma necesaria?

La presidenta del PP de Cantabria entiende que «el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas un plan en el que propone subir los impuestos a todos los españoles, cuando lo que necesita en este momento el país es justo lo contrario: bajar los impuestos, introducir estímulos fiscales a familias y empresas para reactivar el consumo y la inversión, y generar crecimiento económico y empleo». En paralelo, subraya que «estamos ante una agenda oculta de la que probablemente sólo conocemos la punta del iceberg».

Para Enrique Conde, portavoz de los empresarios como presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, «no estamos de acuerdo para nada con las reformas fiscales. Creemos que a menos impuestos habrá una mayor actividad y menor economía sumergida. Hay cuestiones como tasas en los billetes de avión o a determinados plásticos no reciclables que suponen autoimponerte tributos que otros países del sudeste asiático no tienen». Además, sostiene que «en ese plan no viene nada de reformar la Administración. No puede ser que en una crisis se vaya todo el dinero en ella», lamenta.

Para Andrés Tárano, presidente de las grandes empresas de transporte por carretera en la Comunidad, «el pago por el uso de las infraestructuras nos parece una idea disparatada desde el momento en el que el transporte por carretera ya contribuye a las arcas del Estado con más de 11.000 millones de euros anuales procedentes del impuesto especial de hidrocarburos y que sirven no sólo para pagar sobradamente por las infraestructuras que utilizamos, sino también para hacer frente a todo tipo de gastos corrientes como, entre otros, la educación y la sanidad». A más, «estamos convencidos de que la implantación de nuevos peajes tendría efectos negativos inmediatos en la competitividad de toda la economía española».

«Más allá de la polémica de ir descubriendo propuestas más o menos controvertidas de implantación futura entre los párrafos del propio plan, consideramos que el Plan desarrolla un programa ambicioso de implementación y que sin lugar a dudas generará un fuerte revulsivo de mejora económica en nuestro país si conseguimos aprovecharlo», razona, como la modernización de la Administración o la digitalización del tejido industrial y la pyme.

Para la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomas de Cantabria (ATA), «el maná de los fondos europeos para unos pocos traerá acarreado un sablazo fiscal para muchos. Y nos decían que estos fondos europeos no estaban condicionados a la realización de duras reformas. Han terminado las elecciones en Madrid y el Gobierno de España nos presenta su 'infierno fiscal', que han tenido escondido hasta el martes aunque ya habían enviado a Bruselas. El resultado es que vamos a pagar más impuestos y más cotizaciones para ciudadanos, empresas y autónomos».

Para el profesor titular de la Universidad de Cantabria, «el plan trata de transformar el modelo económico de cara al futuro, crecerse ante la adversidad y aprovechar oportunidades. Aún así, el alto nivel de deuda y déficit lo condiciona todo. Por eso, lo importante es el documento conocido posteriormente con las medidas. Sobre la reforma fiscal, no hay otra vía con el elevado nivel de deuda que aumentar la presión. La otra opción es hacer caja. El debate es cómo hacerlo. Se echa en falta reflexión sobre qué se va a hacer con el gasto y centrar todo en los impuestos».

Para Fernando García, decano del Colegio de Economistas de Cantabria, «resulta de importancia capital el análisis de impactos del Plan. Desde un punto de vista técnico el documento está orientado en la buena dirección con vistas a recibir los fondos europeos».

Para el rector de la Universidad Europea del Atlántico, «el plan persigue reducir el déficit estructural y asegurar unos recursos que garanticen el Estado de Bienestar, pero es muy complicado pedir ahora a los españoles un esfuerzo fiscal después de un año de grandes sacrificios personales, familiares, laborales, psicológicos... Las reformas no se limitan a la fiscalidad, se pretende modificar el sistema de pensiones, modernizar la salud, modificar el sistema eléctrico y, sobre todo, me parece interesante la idea de reducir a tres las modalidades de contrato laboral: indefinido, temporal y de formación. Está claro que se persigue la estabilidad del empleo pero habrá que ver si la medida proporciona también la suficiente flexibilidad».

Según el secretario general de UGT, «los objetivos prioritarios y más urgentes del sindicato ya los estamos reivindicando en la calle y todo lo que se aleje de ellos no será aceptable: subir el SMI y reforzar la protección social para los que más lo necesitan; derogar la reforma laboral y el profundo desequilibrio que ha generado en las relaciones laborales y la negociación colectiva; además de derogar la ley de las pensiones de 2013 y volver al acuerdo de 2011», detalla. «A partir de ahí, habrá que debatir muchas cuestiones y propuestas para crear una economía verde más digitalizada y con un modelo productivo basado en el empleo de calidad».

Para el presidente de los gestores administrativos de Cantabria, «el Gobierno ha incluido en el plan de reformas remitido a Bruselas dos medidas que afectarían a los conductores: la subida de los impuestos al diésel, para equilibrar el precio con el de la gasolina, a partir del cuarto trimestre de 2022; y la posibilidad de introducir peajes en las autovías un año después, a principios de 2024», comienza. En paralelo, recuerda que el Ejecutivo «se compromete también con Bruselas a evaluar 15 beneficios fiscales entre 2021 (a partir del segundo trimestre) y 2024, que no detalla, y que serán seleccionados por un grupo de trabajo del Ministerio de Hacienda».

A juicio del catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Cantabria, «algunas de las reformas más necesarias son, probablemente, la fiscal, la laboral, la educativa, la sanitaria y la de las pensiones, entre otras muchas. Sin ellas, y sin implementarlas mediante un gran acuerdo nacional (algo que parece que no se ha producido en el caso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), es difícil que consigan el objetivo deseado de elevar nuestra productividad y competitividad. Hay otras reformas, sin embargo, que puede que no sean tan necesarias, como la propuesta de pago por circular por las autovías; en todo caso, una reforma fiscal encubierta».

Según el consultor de Comunicación y Agenda Pública, «lo que se sabe de un programa aún muy inconcreto en los detalles anuncia una vida más difícil para muchos españoles y resultará impopular. Podría incluso generar eurofobia. En parte es una operación de imagen ante la UE, para salvar el trámite de recepción de cuantiosas ayudas, pero el problema práctico de implementar las medidas es claro».

La secretaria general de USO considera que «aplicar una subida generalizada de impuestos a una de las economías más afectadas por la pandemia es un error que va a lastrar el futuro de nuestro país. Ningún miembro de la zona euro ha optado por incrementar la presión impositiva para recuperar la economía. Todo lo contrario».

Jorge de Benito, presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Cantabria, así como de la Confederación nacional, cree que «no entendemos cómo una subida de impuestos va a beneficiar a la población. ¿Esto que se recaude en qué se va a destinar? ¿Va a pasar como con el céntimo sanitario? A ver si nos van a poner un tributo por uso de red viaria y se va a utilizar en hacer pisos de protección oficial. No entendemos cómo en una crisis como la actual una subida fiscal vaya a beneficiar a la recuperación».

Para la presidenta de las Mujeres Empresarias, el Plan «nos preocupa. Vemos una clara tendencia recaudatoria como la que refleja la reforma fiscal que, si bien es cierto que plantea cambios lógicos como la modernización de los organismos oficiales o la potenciación de la digitalización de los trámites, tienen una clara vertiente recaudatoria y poco desarrollada. Con la reforma laboral ocurre lo mismo, necesitamos alternativas que nos permitan poder contratar y mantener el empleo».