Hacienda estrecha la vigilancia sobre operaciones a través de plataformas digitales y 'neobancos'

Este año, la Agencia Tributaria contará con nuevas fuentes de información. En 2024 se presentarán por primera vez declaraciones informativas sobre monedas virtuales, sobre pagos transfronterizos y de operadores de plataformas digitales, que deberán informar sobre las ventas de bienes, prestación de servicios, alquiler de inmuebles y alquiler de medios de transporte en los que intermedien. Es decir, Wallapop, Vinted, AirBnB o BlablaCar, entre otras, tendrán que informar. En concreto, las plataformas de venta por internet entre particulares tendrán que comunicar a Hacienda antes de abril las operaciones llevadas a cabo en 2023 por vendedores que hayan utilizado estas plataformas. En el caso de vendedores ocasionales solo tendrán que informar sobre aquellos que superen las 30 operaciones anuales de venta de bienes, con un importe superior a 2.000 euros. Tampoco tendrán que informar si los vendedores son entidades estatales o entidades cotizadas.

También este año Hacienda tendrá por primera vez información sobre saldos y operaciones con criptomonedas. Todo ello le permitirá dirigir actuaciones inspectoras a focos de fraude fiscal.

Además, la Agencia Tributaria impulsará la comprobación de sectores y negocios donde haya un alto riesgo de economía sumergida, con especial atención al uso de efectivo o al empleo de métodos electrónicos de pago radicados en el extranjero que eviten las obligaciones de suministro de información. En este sentido, intensificará los controles sobre los denominados 'neobancos', entidades de pago electrónico sin presencia física en España y al margen de las obligaciones de informar de los pagos por tarjeta, «lo que podría implicar esquemas de elusión o fraude por quienes utilizan sus servicios de cobro».

Junto a ello se mantendrá la atención sobre la inversión en criptomonedas «por los riesgos fiscales» que estas operaciones conllevan.

El plan de control, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), señala que se prestará una atención especial a la comprobación de los gravámenes temporales a las energéticas y a la banca, así como al Impuesto sobre las Grandes Fortunas y los impuestos sobre Determinados Servicios Digitales y Transacciones Financieras.

Otra circunstancia que va a influir en la actuación de Hacienda es la sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de enero de este año que tumbó la reforma de Cristóbal Montoro donde restringía las deducciones y compensaciones en el Impuesto sobre Sociedades y que se mantenía vigentes hasta la fecha. Hacienda admite en la resolución del Plan Anual de Control Tributario que esos topes más severos ya «no resultan de aplicación» y señala que la planificación de este año y de ejercicios futuros va a verse afectada por dicha sentencia. El Constitucional limitaba el efecto retroactivo de la sentencia y, por tanto, la devolución de lo pagado de más en Sociedades a las empresas que tuvieran un procedimiento administrativo o judicial abierto, pero en esta circunstancia se encuentran la mayoría de las empresas del Ibex, como poco, que habían recurrido las liquidaciones o autoliquidaciones.

Hacienda detalla las modificaciones que no resultan de aplicación a raíz de la citada sentencia del Tribunal Constitucional: la fijación de topes más severos para la compensación de bases imponibles negativas; la introducción ex novo de un límite a la aplicación de las deducciones por doble imposición; y la obligación de integrar automáticamente en la base imponible los deterioros de participaciones que hayan sido deducidos en ejercicios anteriores. Las dos primeras medidas solo son aplicables a las grandes empresas, mientras que la tercera puede afectar a cualquier contribuyente del Impuesto sobre Sociedades. La comprobación de las devoluciones por este motivo formará parte del plan de actuación tributaria.

Hacienda subraya que se producen «conductas extremadamente lesivas» por la simulación de residencia fiscal fuera de territorio español para lograr una tributación menor, especialmente en el caso de personas físicas. Junto con las actuaciones de control de este tipo se vigilarán las conductas de deslocalización interna de contribuyentes con grandes patrimonios, por lo que deberá actuar de forma coordinada con las administraciones autonómicas.

El plan de control prevé reforzar los análisis patrimoniales globales (persona y familia inmediata) de los contribuyentes para evitar divisiones artificiales de la actividad o bienes para minorar su tributación. Se seguirá controlando que no se adjudiquen bienes de lujo personales (viviendas, aviones, automóviles de gama alta o embarcaciones) a sociedades cuya actividad no está vinculada con tales bienes.

También quiere «perseverar» en la solicitud de autorización para «entrar» en los locales de las empresas porque «producía efectos muy favorables» respecto a las deudas descubiertas y mejora del comportamiento del contribuyente.

Como novedad, en el Plan Nacional de Captación de Información «se realizará un esfuerzo adicional» en recabar información sobre «la ejecución de instalaciones energéticas en viviendas y centros industriales», con el objetivo de «garantizar un mejor control del sector». En la instalación de placas fotovoltaicas intervienen muchos profesionales autónomos y pymes sobre los que Hacienda quiere «verificar» que declaran todo lo que ingresan.

Por otro lado, la Agencia Tributaria realizará una «campaña de avisos» a los contribuyentes informándoles de las incidencias que hayan detectado en sus declaraciones del IRPF para que las corrija antes de que intervenga la inspección. Además, se revisarán los criterios operativos de aplicación del régimen sancionador para mejorar la detección de la culpabilidad y centrarse en las conductas de mayor gravedad; es decir, que se valorará con más indulgencia cuando se trate de errores o pequeños incumplimientos involuntarios, sobre todo si los cometen contribuyentes tradicionalmente cumplidores y no hay perjuicio económico para la Hacienda Pública.

Asimismo, se emitirán «cartas aviso» a los contribuyentes de determinados sectores empresariales que declaren una cifra de negocio por debajo de la habitual de su sector para lograr una «mejora» y se sitúen en «niveles de cumplimiento acordes con su actividad y su sector».