Montero anticipa que el déficit cerró 2020 en el entorno del 11,3%

De acuerdo con las últimas previsiones del Banco de España, que se hicieron públicas el pasado 11 de diciembre, el déficit, en función de si se materializara un escenario suave, central o severo, podría oscilar entre el 10,3% y el 10,9% del PIB, pasando por un intermedio 10,5%. Aunque el Fondo Monetario Internacional eleva hasta el 14,1% del PIB el descuadre presupuestario español de 2020.

Las cifras esbozadas por María Jesús Montero están, de todas maneras, pendientes de la recepción de información de las comunidades autónomas y de las entidades locales, además del cierre de la contabilidad nacional.

El Gobierno, en línea con las decisiones adoptadas por la Unión Europea, decidió suspender la aplicación de las reglas fiscales para los años 2020 y 2021. Pero la ministra de Hacienda ha insistido una y otra vez en que el Ejecutivo no ha abandonado «nunca» la senda de la consolidación fiscal. Y ha respaldado estas declaraciones afirmando que para el ejercicio 2021 se espera una reducción del déficit hasta el 7,7% del PIB, es decir, de alrededor de tres puntos, la mayor corrección de la historia reciente.

La cifra prevista por el Gobierno para este año es consistente con la estimación del FMI, que pronostica un déficit del 7,5% para 2021. Mientras tanto, según cuál sea el escenario macroeconómico que se haga realidad, el Banco de España amplía la horquilla del déficit de este ejercicio desde el 6,7% hasta el 9,6%.

La corrección del déficit, según defiende María Jesús Montero, convivirá con un diseño expansivo de los Presupuestos también en 2022. Aunque aún se desconoce si la Unión Europea mantendrá la suspensión de las reglas fiscales también para ese ejercicio.

Tras haberse aprobado las cuentas públicas para 2021 a final de 2020 y haber entrado en vigor este 1 de enero, Hacienda está embarcada en dos nuevas misiones: acometer una reforma fiscal, por un lado, y transformar el modelo de financiación autonómica, por otro.

Con respecto a lo primero, el Ejecutivo convocará en este comienzo de año a un comité de expertos para analizar el sistema tributario español. Contará con un año para aprobar sus conclusiones. El objetivo del Gobierno con esta reforma es adaptarla a la economía contemporánea, menos analógica y más digital. Y, además, cerrar la brecha de recaudación con Europa y que es de siete puntos de PIB. La reforma tributaria pondrá el foco especialmente en el Impuesto de Sociedades. Pero también se tratará el IRPF. En este sentido, se estudiarán las deducciones obsoletas y otras que es necesario introducir. Además, se trabajará en la imposición medioambiental. Y también se abordará el sistema de módulos, con el objeto de que se tribute, no por estimación, sino por los beneficios reales que se obtengan.

En cuanto a las figuras fiscales cedidas a las comunidades autónomas, como Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, es probable que su armonización se trate en el seno de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. El Gobierno acordó con ERC abordar la armonización de los tributos autonómicos a cambio de su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado.

Montero, en la entrevista concedida a Europa Press defiende reflexionar sobre cuáles son las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza y también armonizar Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. «No tiene sentido que en un territorio como España haya diferencias de fiscalidad tan obvias», asegura. «Este equilibrio que siempre ha existido se rompió cuando alguna comunidad autónoma hizo prácticamente nula la figura tributaria, se quedó de forma tan testimonial que ha provocado que comunidades, teniendo menos capacidad recaudatoria, se vean obligadas a subir mucho la presión fiscal para tener la misma recaudación», añade.

Precisamente, el nuevo sistema de financiación autonómica buscará abordar la «infrafinanciación» de algunos territorios, al tiempo que garantizará cierta «armonización» fiscal para garantizar unos recursos por habitante suficientes que permitan una buena provisión de servicios públicos, de acuerdo con la ministra. Ello se ejecutará, según avanzó Montero, con el establecimiento de unas «horquillas razonables», pero no «idénticas», para respetar la autonomía de cada comunidad en materia tributaria.