Fomento sacará un máximo de 1.000 millones por las autopistas de peaje

«Las cifras finales, no obstante, todavía no están decididas», apuntaron este jueves fuentes del Ministerio de Fomento, responsable de este proceso a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa). Esta asumirá el control temporal de esas vías (en principio, por no más de doce meses) y se subrogará de sus contratos principales –fundamentalmente, los 700 empleados que suman–, prescindiendo del resto relativos a la prestación de servicios jurídicos y otros.

Según el calendario que manejan en el departamento de Iñigo de la Serna, a lo largo de marzo se recuperarán la mayoría de esas concesiones conforme se aprueben en los juzgados mercantiles sus convenios de acreedores. En la autopista Madrid-Toledo (AP-41) los trámites van bastante más lentos, aunque en el Ministerio insisten en que la idea es adjudicar todas este año: las dos citadas junto a otras cuatro vías que afectan a Madrid (tres radiales y la conexión de peaje con el aeropuerto de Barajas), la autopista manchega Ocaña-La Roda y otras dos en el corredor mediterráneo (circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera).

Si fuera necesario, llegaría a anular la concesión anterior antes de finalizar el trámite concursal, posibilidad prevista en la normativa sobre acreedores. Y es que esta vez parece que el Ejecutivo no quiere más demoras -desde 2015 se viene hablando de ese rescate ante la falta de acuerdo con los actores implicados-, e incluso descarta que el retraso en aprobar los nuevos Presupuestos del Estado para 2018 pueda penalizarles dado que, llegado el caso y hasta habilitarse la posibilidad de nuevos créditos para elevar el gasto, se recurriría al Fondo de Contingencia.

A partir de la fecha de rescate de cada autopista empezará a contar el plazo máximo de seis meses para que el Gobierno fije la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), esto es, la compensación a las concesionarias actuales por recuperarlas antes de tiempo.

Estas empresas elevan ese coste por encima de los 3.000 millones, pero en Fomento no adelantan estimaciones –el Tribunal de Cuentas estima un coste máximo de 3.718 millones-. A ello se sumaría el coste de los préstamos participativos que el Estado les concedió en la etapa de Rodríguez Zapatero (unos 550 millones), aunque se les restarían las expropiaciones abonadas por la Administración.

Además, en Fomento se estima que pueden ingresar más de 300 millones por las fianzas depositas en su día por las concesionarias (para garantizar que cumplían tanto con la construcción como con la explotación de las vías), aunque la mayoría de la deuda está en manos de bancos y fondos ‘buitre’ que la recompraron casi a precio de saldo, pensando en rentabilizar luego su inversión.