Los fondos ejecutan su entrada en el Grupo Celsa y nombran a Jordi Cazorla consejero delegado

El reparto deja a Attestor y Deutsche Bank con un 20% aproximadamente cada uno, con la participación mayoritaria. Les siguen, con cerca del 12,5% de Celsa, Cross Ocean, SVP, Anchorange y GoldenTree. El 10% restante queda más atomizado, con entidades como JP Morgan o Sculptor.

En un comunicado trasladado el viernes a medios nacionales, la nueva propiedad confirmó igualmente los primeros movimientos para armar su cúpula corporativa. Así, Jordi Cazorla, hasta ahora director general para el sur de Europa en la empresa de packaging DS Smith, será el nuevo consejero delegado. Previamente, aún sin completarse todo el proceso tras la sentencia judicial, los fondos ya habían avanzado que Rafael Villaseca sería el presidente no ejecutivo. En este caso, un directivo con buenas relaciones con la Administración central y que conoce la estructura de la siderurgia en Cantabria. No en vano, fue consejero delegado de la empresa Nueva Montaña Quijano (ahora GSW), compañía santanderina absorbida a finales de los 80 por los Rubiralta.

Los inversores están en proceso de nombrar un nuevo consejo de administración formado íntegramente por independientes, tal y como se comprometieron con el Gobierno de España. De manera interina, dicho órgano estará compuesto por Javier Díaz-Gálvez, socio de reestructuraciones del bufete Abeca; Esther Alfonso, socia de la auditoria Audiex; Antonio Arenas, socio de Abantes Abogados; y Luis Martín Bernardos, socio de Abencys Reestructuraciones y consejero del Grupo Gallardo Balboa, firma que está en las quinielas para entrar en el capital de Celsa. Sidenor, con amplia trayectoria en Reinosa, también aparece entre las favoritas para convertirse en socio industrial.

La visita al notario llega después de que los nuevos propietarios alcanzaran un acuerdo con la banca nacional para la renovación de la línea de circulante que el sector, con Santander y CaixaBank a la cabeza, viene extendiendo de forma periódica en los últimos tiempos para facilitar la actividad de la compañía.

El contenido del pacto pasa por una financiación durante cinco años por 525 millones. No obstante, en esta ocasión la principal diferencia estriba en que dicho montante se distribuirá previsiblemente en un préstamo de 250 millones y otros instrumentos como líneas de factoring por 275. Precisamente, los fondos compraron a la banca nacional la deuda que les ha permitido quedarse con la siderurgia.