Forjas de Cantabria otea la liquidación por una deuda imprevista con la Seguridad Social

Forjas de Cantabria, que en 2018 solicitó concurso de acreedores, se haya inmersa actualmente en un litigio judicial con su anterior director, al que afirma haber denunciado hace un año ante la Guardia Civil y con el que mantiene diversos pleitos tanto penales como laborales. La compañía confiaba en levantar el concurso de acreedores en primavera. «Marzo o abril» era el plazo manejado por Noray. De hecho, los propietarios abundaron en su momento en que «creemos que es una empresa rentable», aunque para ello hubo que visitar a todos los clientes y explicar la problemática aparecida en la fábrica.

Ahora bien. La pasada semana se reunieron con representantes del Ejecutivo y les trasladaron las tribulaciones que acechan a la compañía desde hace tres meses. Los propietarios actuales de Forjas están negociando en Madrid con la Seguridad Social para tratar de escalonar un calendario de abonos para una deuda que se entiende pertenece a Comforsa.

Más aún. El Gobierno, que colaboró en el proyecto a través del ente público Sodercán, debe decidir si inicia de inmediato acciones judiciales contra la firma que participó en la operación de 2016. ¿Los motivos? El Gabinete PRC-PSOE defiende de forma rotunda que ese incidente con la Seguridad Social no fue notificado tanto ni a Peña Herbosa como a Noray cuando se ejecutó la transmisión societaria hace tres años. No se informó, incluso, cuando se efectuaba la due diligence para corroborar la salud de las cuentas de la sociedad como paso previo a la compraventa.

Desde que solicitó el concurso, si no antes, Forjas ha estado pugnando por la rentabilidad. Como ejemplo, sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 arrojan unas pérdidas de 335.000 euros y unos fondos propios negativos de 161.000 euros, si bien evitó la disolución con un préstamo participativo de Comforsa, que sigue siendo cliente. De media hubo 34 trabajadores en el complejo industrial el año anterior.

Más aún. El Ebitda del primer trimestre de 2019 fue negativo, mientras que los empresarios han admitido que el volumen de actividad actual resulta insuficiente para sostener la actividad de la factoría.

De hecho, la sociedad dedicada a la fabricación, diseño y comercialización de matrices y piezas de acero ha tenido que aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde finales de abril.

El Gobierno autonómico tuvo que involucrarse a fondo en 2016 para evitar la liquidación de Forjas de Cantabria. Sodercán firmó en junio de aquel año en Barcelona el preacuerdo por el cual se hacía con la totalidad de las acciones de la compañía por un euro con la intención de traspasarlas inmediatamente a un grupo de directivos que se harían cargo de la fábrica (deuda incluida) para relanzar la factoría.

Hasta entonces, Forjas de Cantabria estaba en manos de la sociedad catalana Comforsa (participada en un 98% por Avançsa, el holding industrial de la Generalitat). Sodercán ostentaba un minoritario 2% del capital. Comforsa anunció en febrero de aquel año su intención de desvincularse de Forjas a la vez que informaba de un pleito por el alquiler de su nave con Gerdau, ahora Sidenor, la propietaria. Forjas de Cantabria ocupa desde 1966 un antiguo taller de Sidenor, de 21.000 metros cuadrados, y estampa en caliente en aceros al carbono cigüeñales y ejes delanteros para vehículos pesados.

El acuerdo incluyó que Sodercán dejaba de participar en Comforsa aunque apoyaría desde fuera la operación y facilitaría créditos y ayudas a los inversores, técnicos y trabajadores que se hicieran con la sociedad. Liberó 300.000 euros consignados como fondo de contingencia a favor de la firma campurriana.