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Desde que tomó posesión como presidenta de Cantabria en julio, María José Sáenz de Buruaga ha puesto especial énfasis en la sanidad y en la economía como símbolos de su Gobierno. Rodeada de empresarios en el Foro Económico de El Diario Montañés, quiso poner el acento en lo segundo, con un fuerte subrayado de sus dos medidas estrella en estos primeros cien días en Peña Herbosa: la reforma fiscal y el Presupuesto autonómico para el año que viene. Pero Buruaga no quiso dejar escapar la oportunidad de hacer un guiño a todos los directivos de las grandes compañías que ayer llenaron los salones del Hotel Bahía para escuchar, en un escenario distinto al del Parlamento, una de las primeras declaraciones de intenciones de la presidenta en este arranque de legislatura. «Sin empresas ni empresarios valientes no hay riqueza ni empleo. Este Gobierno está mucho más cerca de ellos. Somos un Gobierno amable y facilitador. Las empresas son nuestras aliadas», insistió la líder del PP, sabedora de que sus medidas para impulsar el desarrollo de la región necesitan ir de la mano de la iniciativa privada para conseguir resultados visibles y un impacto real.
Y esa coalición, a la que aspiran todos los gobiernos de cualquier color, deberá ser ahora tremendamente fuerte a tenor del escenario actual que dibujó la presidenta, con una Cantabria «rezagada y paralizada que se está quedando atrás». Las cifras que dio, pese a huir del «catastrofismo», no dejaron en buen lugar al Gobierno saliente. El PIB regional, por ejemplo, crece la mitad que la media nacional desde hace dos años, mientras que los afiliados a la Seguridad Social aumentan solo un 12% frente al 20% del resto de comunidades.
A todo esto hay que sumar el contexto en el que se encuentran sectores, en otros tiempos fuertes y motores de la economía regional, como la ganadería o la industria, con costes de producción elevados, entre otros problemas coyunturales. «Algo no se ha hecho bien», apuntó Buruaga, que se atrevió a decir exactamente lo que se había hecho mal: «Exceso de impuestos y de burocracia, retrasos en las inversiones públicas, falta de reivindicación al Gobierno central en materia de infraestructuras, falta de cambio de modelo productivo...».
Por eso, activar la inversión «de cualquier dimensión» es una de las prioridades que se ha fijado el PP para este arranque de la legislatura. Los inversores, anunció Buruaga, «ya han comenzado a mirar con optimismo y ambición a Cantabria», aunque la líder del PP no quiso concretar los nombres de esas compañías «para no entorpecer las conversaciones», sí que anticipó «mucha expectación» en el ámbito de las energías renovables. «También hay importantes empresas que miran a Cantabria en el sector de la automoción, y puede haber noticias en el ámbito de la educación, la cultura y Defensa.
Al margen de la iniciativa privada, el Presupuesto cuyo borrador ya ha terminado de elaborar la Consejería de Economía será la primera pieza de ese cambio que proclama Buruaga. Las cuentas autonómicas del año que viene ascenderán a 3.542 millones de euros, un 1,9% más que las actuales.
«Después de años de cuentas falseadas, haremos un presupuesto sin trampas ni engaños, muy prudente, sensato y responsable», señaló la jefa del Ejecutivo, que también confirmó la subida de un 5,8% en la partida de Sanidad y un 6,6% en la de Educación, como ya había adelantado el consejero de Economía, así como una reducción de la deuda en 50 millones. Concretamente, a Sanidad se destinarán 62,7 millones más, lo que supone un 5,8% por encima de lo que hay en 2023, mientras que el presupuesto de Educación se eleva en 45,9 millones, con una subida del 6,6% respecto a este año. Las inversiones ascenderán a 465 millones frente a los 451 de este año, según el borrador.
«Se acabó la prestidigitación presupuestaria. Llevo años denunciando las cuentas falseadas y los números a la baja en Sanidad y Educación. Vamos a invertir la tendencia y solo presupuestaremos lo que se va a ejecutar y gastar», se comprometió la jefa del Ejecutivo.
Pese a que el documento ya está finalizado, no será en el Consejo de Gobierno de esta semana cuando se apruebe. «No lo haremos hasta que no abramos el dialogo político y social», anunció Buruaga, que necesita el apoyo de otro partido en el Parlamento para poder aprobar las cuentas. El PRC, de momento, ya le ha hecho llegar su predisposición a negociar y alguna propuesta concreta que la presidenta no ve con malos ojos. Y hasta que no se llegue a un acuerdo con otra formación, el documento no se llevará al Consejo de Gobierno, un proceso inverso al habitual en pasadas legislaturas. La dirigente del PP aclaró que la negociación con los grupos parlamentarios se hará sin «vetos ni exclusiones».
Otra de las herramientas con la que Buruaga pretende impulsar la economía regional es la reforma fiscal ya anunciada, y que convertirá Cantabria «en una de las regiones con la fiscalidad más atractiva del entorno».
«Bajaré todos los que pueda y todo lo que pueda», enfatizó la presidenta en su sesión de investidura hace más de tres meses. Y ha cumplido, al menos, con tener en tiempo y forma esa reforma fiscal que ella consideraba tan urgente y que su partido, desde Madrid, ordenó poner en marcha en todas las comunidades bajo su gobierno para emular el modelo de Madrid. El consejero de Economía ya ha terminado la propuesta y ahora solo les falta encontrar otro partido en el Parlamento al que le convenza para poder sacarlo adelante.
El compromiso es extender la bonificación del 100% del Impuesto de Sucesiones que actualmente se aplica entre cónyuges y padres e hijos a los hermanos, reducir el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tanto para bienes muebles como inmuebles, eliminar el Impuesto de Patrimonio y rebajar el tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas. Eso supondrá que, a partir del año 2025, el Gobierno dejará de ingresar en torno a 90 millones por esos tributos, pero el Ejecutivo entiende que se compensará por la actividad económica generada.
La tercera pata de esta estrategia reside en la simplificación administrativa, un objetivo muy atractivo tanto para las empresas como para los ciudadanos. Para empezar, la consejera Isabel Urrutia ha encontrado más de mil procedimientos distintos con un 40% de duplicidades. Unos números que el nuevo Gobierno quiere rebajar a toda costa a lo largo de la legislatura.
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