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«El arte de los impuestos consiste en desplumar el ganso de forma que se obtenga la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de protestas». Con esta cita del político francés del siglo XVII Jean-Baptiste Colbert arrancó este martes su ponencia en el Foro Económico de El Diario Montañés la economista de Tax Foundation y experta tributaria Cristina Enache (Rumanía, 1980), quien ha asegurado que el ganso -como paralelismo con los contribuyentes- ha despertado y que empresas como Ferrovial o Repsol han puesto el grito en el cielo con las reformas fiscales y han dicho «basta» ante las «cifras récord de recaudación del Gobierno» y la creación de nuevos impuestos, como el de las grandes fortunas, a la banca y las energéticas con grandes beneficios, que a su juicio, «no tienen ningún sentido y lastran la economía del país».
Un encuentro que, una vez más, ha acogido el Hotel Bahía de Santander como sede oficial y ha sido moderado por el responsable de Economía del Diario Montañés, Jesús Lastra.
La competitividad fiscal de Cantabria respecto al resto de comunidades autónomas y países ha pilotado su discurso, en el que hubo espacio para valorar la nueva reforma fiscal del Gobierno regional encabezado por María José Sáenz de Buruaga: «Creo que va en la buena dirección» dijo justo antes de pronunciar el 'pero' y enumerar una lista de recomendaciones para estrechar ese margen de mejora y hacer de Cantabria una comunidad que atraiga «talento, capital e inversiones».
A su juicio, la región debería reducir los tipos impositivos de todos los tramos del IRPF en 2,5 puntos -y no uno como propone la nueva ley impulsada por el Gobierno del Partido Popular- además de «eliminar los coeficientes multiplicadores en cuanto al grado de parentesco y el patrimonio de sucesiones». También resaltó como una de las debilidades de Cantabria que en 2018 subió el gravamen sobre transmisiones de inmuebles y aplicó una tarifa en Patrimonio muy por encima de la media estatal, aunque ahora está en el 3,05%. En cuanto al impuesto de sucesiones, cree que es una de las fortalezas de la región, «que hace lo que se puede teniendo en cuenta el contexto nacional actual» y resaltó que es la más competitiva de España junto a Baleares, Andalucía y Galicia, ya que bonifica el impuesto al cien por cien para los grupos uno y dos.
En la receta de recomendaciones, también sugirió que lo «ideal» sería «indexar los tramos con la inflación» para evitar mayores cargas fiscales a los contribuyentes. En su opinión, en un contexto como el actual con la inflación por la nubes, si no existe una deflactación automática de la tarifa como ya hacen otros países europeos, el aumento generalizado de los bienes y servicios se convierte en una «subida encubierta de impuestos» para los contribuyentes.
Con todas estas aristas, ahora mismo, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal de España, promovido por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, Cantabria ocupa el puesto 12º en competitividad fiscal por comunidades autónomas, lejos del 9º que ostentaba en el año 2017 debido a un puñado d reformas realizadas en 2018, 2022 e incluso en este 2023, cuando se ha implantado un nuevo canon por la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en la región, que en opinión de Enache, «debería derogarse» y aprovechar este movimiento para situar a Cantabria como pionera en el panorama nacional y a nivel internacional.
La experta tributaria apunta hacia Madrid, con un tipo marginal máximo del 45%, como ejemplo en el que Cantabria y el resto de autonomías deberían fijarse para mejorar su competitividad fiscal. Según Enache, es la única comunidad que sostiene unas cifras en impuestos en sintonía con otros países europeos. En cuanto a los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha destacado que los cinco con mejor puntuación son Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza Y República Checa.
En su intervención también ha defendido planteamientos como eliminar el Salario Mínimo Interprofesional unificado para todas las profesiones; la apuesta por un modelo de pensiones en el que el sector privado tenga un peso importante; la eliminación de los impuestos del Gobierno de España a las grandes fortunas, los bancos y los beneficios extraordinarios de las energéticas; la reducción del gasto público o la implicación de las empresas en la transformación hacia una economía verde y que esta no dependa sólo del dinero público.
Una de sus conclusiones ha sido alredededor de la necesidad de reducir el gasto «superfluo»: «Aumenta la recaudación pero también la deuda y esto es un riesgo para el país. No vamos en la buena dirección. Hay que reducir el gasto público, es donde hay que recortar antes de subir los impuestos», ha matizado Cristina Enache, al tiempo que ha criticado impuestos «encubiertos» que ha puesto en marcha el Gobierno de España, como el aplicado sobre los plásticos: «Dicen que suben a los que más tienen, pero después este tipo de impuestos son los que más recaudan y afectan a todos por igual», ha enfatizado.
El Foro Económico de El Diario Montañés cuenta como patrocinadores con la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y Unicaja Banco, así como con EDP y Gullón como firmas colaboradoras.
La ponente defendió las herencias como mecanismo para «reducir la desigualdad». De hecho, aseguró que las transferencias son proporcionalmente mayores en relación con el patrimonio prexistente para los hogares que se encuentran en la parte más baja de la escala de riqueza. Según explicó, en España las herencias y donaciones recibidas en las clases más bajas representan el 95,6% de la riqueza neta de esos hogares, el porcentaje más alto de la OCDE. «Esto indica que las pequeñas herencias tienen un efecto igualdor de la riqueza y en España este fenómeno en mucho mayor», puntualizó. Bajo esa premisa y defendiendo que el impuesto de sucesiones supone una parte muy reducida de la recaudación (sólo un 0,58% del total), tiene una escasa redistribución y un impacto «negativo» en la actividad empresarial, el ahorro y el empleo, hizo un llamamiento a los representantes políticos para la «derogación total» de este impuesto, como ya hizo Suecia hace más de dos décadas.
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