La foto completa del paro en Cantabria

Para abundar en la dificultad de los diagnósticos actuales -profundizando en criterios más técnicos y de tendencias estructurales que se alejen de la propaganda política-, basta reseñar incluso el diferente criterio a la hora de publicar la nueva información. En el caso de los fijos-discontinuos y su evolución, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha tardado más de diez en marzo en actualizar las cifras, cuando por lo general las aporta horas después del resto de datos.

En todo caso, una fotografía entre el momento previo a la pandemia y la época actual exhibe una coyuntura similar tras cuatro años en Cantabria, pese al descenso del empleo registrado que publicita el Gobierno. En este caso, el cambio en la denominación y forma de valorar la temporalidad es una de las claves. Como se observa en la tabla que acompaña este artículo, justo antes del aterrizaje del covid, en febrero de 2020, había en la Comunidad 49.892 demandantes de empleo tanto ocupados como no ocupados, de los cuales 6.669 tenían trabajo. En aquel momento se contaban 2.389 fijos discontinuos, que nunca han computado como parados. De ese modo, el total de demandantes de empleo no ocupados más esos fijos discontinuos era de 45.612 personas, frente a un paro 'registrado' de 38.873 nombres y apellidos en el Servicio Cántabro de Empleo (Emcan).

Un repaso a los cambios cuatro años después, en febrero de 2024, arroja un trasvase de personas entre los distintos grupos, incluso más demandantes reales, frente al descenso notable del paro que cuentan las administraciones. A saber, entre ocupados y no ocupados apuntados al Emcan suman 48.934 personas, de las cuales 10.225 tienen un puesto de trabajo, por lo que el total de demandantes no ocupados se sitúa en 38.709. Aquí se empieza a ver la gran diferencia, porque esa reducción en relación a las magnitudes de 2020 queda más que compensada por el crecimiento evidente en los fijos-discontinuos, que pasan a 7.236, casi 5.000 integrantes más en cuatro ejercicios. Esta transformación lleva a que el total de demandantes no ocupados más estos fijos discontinuos crezca un 0,7% en este periodo, hasta las 45.945 personas. En cambio, los datos oficiales de paro 'registrado' apuntan hacia una tremenda caída del 18,7%, hasta los 32.754 reclamantes de un empleo.

El impacto de la reforma laboral en 2021, llamada a dotar de mayor seguridad a los trabajadores temporales favoreciendo estas conversiones en fijos-discontinuos, tiene también este efecto indiscutible de 'maquillaje' contable. La controversia no es únicamente regional, puesto que la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tenido que responder en diversas ocasiones a la polémica e incluso ha declinado ofrecer información desglosada sobre qué porcentaje de esta bolsa de trabajadores está activa en cada momento.

El sindicato USO es uno de los actores que más ha analizado la situación. La organización, en relación a Cantabria, señala que hasta febrero de 2020 los fijos discontinuos (2.389) eran los afectos a una temporalidad amplia -normalmente más de ocho meses de actividad- como los servicios de limpieza de los colegios, transporte escolar, la industria conservera o campañas industriales como la producción de helados y chocolates. El resto de trabajadores ligados a la temporalidad con contratos de días o semanas tenía contratos denominados de 'obra y servicio' o de 'circunstancia de la producción'. En ambos supuestos, en los periodos de inactividad, estos trabajadores eran computados a todos los efectos como desempleados, es decir, dentro del paro registrado.

Tras la reforma laboral de 2021 las condiciones a los contratos de duración determinada se endurecen. Todos aquellos contratos ligados a actividades cíclicas como refuerzo en verano o Semana Santa a la hostelería, vinculados a las fiestas patronales o similares pasan a denominarse fijos discontinuos. Este contrato da preferencia al trabajador cuando haya actividad y si por causas ajenas a su voluntad no es incorporado deberá recibir la correspondiente indemnización. En la mayoría de las ocasiones esta compensación es de muy escasa entidad dado que va en consonancia con el periodo trabajado. Otro de los efectos que tiene este tipo de contrato es que para la Administración estos empleados son 'ocupados' y por tanto sacados de la lista de parados en los tiempos de actividad como de inactividad, sin importar la duración anual de su contrato. «Sirvan como ejemplo los más de 100 trabajadores de la Plaza de Toros de Santander. Trabajan una semana al año y si no tienen otro trabajo permanecerán 51 semanas sin actividad, pero para el SEPE estos trabajadores son 'ocupados' y por tanto eliminados permanentemente de las listas de desempleo», recuerda USO.

Norma de hace 39 años

Tampoco ayuda a una interpretación clara la regulación en base a la cual se estructura el paro. El modo de registro de parados está sujeto a la Orden de 11 de marzo de 1985, siendo ministro de Trabajo el socialista Joaquín Almunia. La norma estadística limita desde entonces el concepto de paro registrado.

Según dicho criterio, que rige hasta la actualidad, no son considerados parados a efectos estadísticos las personas demandantes de jornadas inferiores a 20 horas semanales. Tampoco son computables los demandantes que asisten a cursos de formación ocupacional y la misma suerte corren en el censo las personas que son poseedoras de un contrato parcial por reducido y temporal que sea éste. En este capítulo se encuentran los fijos discontinuos. «Resulta llamativo que la norma firmada por Almunia justificó su implantación por 'las modificaciones producidas en los últimos años en la naturaleza y condiciones de trabajo'. Esta norma entró en vigor el 14 de marzo de 1985. Es decir, hace 39 años y desde entonces se han producido siete reformas laborales, algunas de ellas profundas y que han afectado a la naturaleza del mercado de trabajo», precisa USO. Dicho de otro modo, la forma de separar a los reclamantes no ha evolucionado al mismo ritmo que sí lo ha hecho la sociedad y el mercado de trabajo.

Para el sindicato, «no hay peor ciego que quien no quiere ver. Y nadie quiere ver parados. La norma utilizada para la clasificación y registro de parados en España ha quedado totalmente obsoleta. Tras casi 40 años desde que entró en vigor, las diferentes reformas laborales la han ido haciendo inútil si el objetivo es saber el estado real del mercado laboral. El último cambio promovido por el Gobierno de Sánchez y la ministra Díaz ha sido la puntilla. La exclusión del casi millón de parados temporales del registro de desempleados en uno de los países con ciclos laborales más acusados de la Unión Europea desvirtúa cualquier análisis estadístico y por tanto hace inútil la labor estadística del SEPE. La cuestión es que ningún gobierno quiere conocer los datos reales. A efectos electorales es más rentable esconder parados bajo la alfombra y no tener que enfrentarse a cifras reales».

El profesor de la Universidad de Cantabria David Cantarero completa que «además de confiar en los datos suministrados por el Ministerio, es crucial explorar otras fuentes de información, como investigaciones independientes o evaluaciones realizadas por expertos, con el propósito de obtener una visión más integral e imparcial del panorama laboral. La ampliación de fuentes permitirá enmarcar los datos oficiales dentro de un contexto más amplio, lo que nos ayudará a entender con mayor profundidad las tendencias y los retos asociados al empleo y al desempleo en España».

A su juicio, «la falta de claridad en la definición y clasificación de diferentes formas de empleo temporal, como los fijos discontinuos, puede complicar aún más la comparación y el análisis de los datos laborales a lo largo del tiempo y entre diferentes países. Esto subraya la importancia de establecer criterios claros y consistentes para la medición del desempleo y otras formas de empleo precario».

Como corolario, recuerda que «si bien las políticas laborales pueden tener como objetivo mejorar la situación del mercado laboral y proporcionar mayor seguridad a ciertos trabajadores, es crucial evaluar su impacto completo y considerar los desafíos y limitaciones en la medición del desempleo para garantizar una comprensión precisa de la realidad laboral y adoptar medidas adecuadas para abordar los problemas existentes».