
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El descontento y la incertidumbre fue palpable este miércoles a las 18.00 horas en la calle en la alameda de Jesús de Monasterio, justo ... en el acceso a las oficinas de Muface de la región. Ahí más de 200 personas, principalmente trabajadores del sector público, se concentraron ante la actual falta de un acuerdo con las aseguradoras que perpetúe el modelo de salud al que están acogidos. «Esto es una tomadura de pelo», «que no nos digan que no nos preocupemos» o «esto es un problema que nos afecta a todos, no sólo a los funcionarios», son algunas de las frases que dejaron escucharse entre corrillos en la concentración, al tiempo que a preguntas de este periódico reconocieron que algunos de ellos ya están teniendo problemas para conseguir citas con sus respectivos especialistas y que, incluso, ya han recibido cartas de sus aseguradoras recordándoles que está cerca el fin vigencia de sus pólizas.
Entre los manifestantes de este miércoles en Santander, principalmente se encontraban jubilados, aunque también había trabajadores en activo. Sobre todo eran maestros y policías. En total algo más de 200. «Pocos», reconoció alguno de los presentes. Y no le faltaba razón teniendo en cuenta que sólo en Cantabria hay cerca de 20.000 mutualistas afectados. Pero la perspectiva de que todos ellos puedan pasar a formar parte de golpe de la sanidad pública también alcanza al resto. «Toda esta gente que está ahora paseando por aquí ajena a la protesta seguramente no lo sabe, pero esto también les incumbe y les debería importar», dijo una de las asistentes, Verónica Díez.
Ella es maestra y reconoce que hasta hace un año formaba parte de la sanidad pública, pero ante la prolongada falta de un médico de cabecera en su pueblo, decidió adscribirse a Muface y cambiarse a la privada (tal y como se permite a los funcionarios). Explica que la atención médica que encontró tras el cambio fue mucho más expeditiva y se pregunta cómo va a afectar si «tanta gente» se suma a las ya largas listas que hay en la pública.
Otra compañera de la enseñanza valoraba que «los funcionarios somos a los que menos nos están subiendo los salarios desde hace años y lo única ventaja que teníamos era Muface, y nos lo quieren quitar». También lo ve igual una manifestante policía, que reconoce que «nos preocupaba muchas cosas, el tema salarial, la equiparación, que nos reconozcan como una profesión de riesgo, la jubilación, pero la sanidad no era una de ellas». Es más, reconoce que ella y sus compañeros no vinieron venir toda la polémica que se ha desatado con Muface.
Eso es algo en lo que también coinciden los jubilados que este miércoles acudieron pancarta en mano. En ellos todavía hay más intranquilidad. «José Romero, policía jubilado, explica que desde que tuvo un infarto tiene que estar muy controlado y teme que pueda haber algún problema con su tratamiento y sus chequeos rutinarios. «Si te dicen que te van a quitar a tu médico quién no se va a preocupar», dijo, mientras su excompañero de comisaría, Fernando, también incidió en que «más cuando la solución es que te pasen a un sistema colapsado». También dos maestras retiradas añadían que «es toda una vida en un sistema y con unos especialistas, así que su perdemos a nuestros médicos vamos a tener que hacer un duelo muy grande». «No sé a que esperan para llegar a un acuerdo, esto es una tomadura de pelo, que hablen claro», recriminaban.
La convocatoria de este miércoles en Santander era una más de las que se convocaron desde los sindicatos CC OO, UGT, ANPE, Adide, USIE, UFP, Acaip, SIAT, SUP, ACAIP y USO en las principales ciudades españolas. Todo para exigir una solución urgente y definitiva que dé tranquilidad y calma a los trabajadores públicos adscritos a Muface y que asegure su asistencia sanitaria, así como para reclamar más transparencia en este proceso desde las partes implicadas. Las movilizaciones anunciadas son una medida de presión al Gobierno y también a las compañías de seguros que prestan a día de hoy esos servicios de salud a más de un millón de funcionarios y sus familias (DKV, Asisa y Adeslas), que decidieron no acudir al último concierto para los próximos dos años al considerar que no les sale rentable y pierden dinero.
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Ana del Castillo
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