Fundinorte se acerca a la liquidación al no haber acuerdo para su reapertura

Se esperaba con interés el encuentro celebrado ayer entre el Grupo Vela y el Gobierno autonómico, representado por Sodercán y el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF). Encima de la mesa, la crisis de Fundinorte, cerrada desde hace meses, con las deudas acumulándose y la plantilla en casa tras firmar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Como testigos de excepción de la cita, el presidente del comité de Empresa, Francisco González, y el secretario, José Antonio Hernández, así como los sindicatos UGT y CC OO.

¿Sirvió para algo el cónclave? Más bien para poco en lo relativo a que la fundición de San Felices de Buelna, antigua Greyco, retome la producción. Pero la cita sí que evidenció que las posturas están bastante definidas, prácticamente en el mismo lugar que en marzo. El Ejecutivo insistió a los dueños de la fábrica que no puede comprometer más fondos públicos en un proyecto si no son los propios propietarios quienes acreditan un compromiso con la planta saldando las deudas generadas y poniendo en marcha un plan de viabilidad y comercial. Ahora, además, se da la circunstancia de que el Grupo Vela tendría que levantar el preconcurso que presentó en el juzgado en primavera con carácter reservado. Hasta que no se produzca este hito no habrá nuevo apoyo del Gobierno, es el discurso desde Peña Herbosa.

Los dueños, por su parte, también se cierran en banda. Primero, tratando de atribuir a la Administración regional la responsabilidad de la situación actual de Fundinorte al no haber sumado nuevas ayudas. Los empresarios reclamaban 1,3 millones adicionales a los 3,3 ya comprometidos por Sodercán e ICAF, a la par que se niegan a invertir más dinero propio por la supuesta debilidad que atraviesan hoy en día las empresas del Grupo Vela.

Como mar de fondo, el inicio de acciones judiciales de los propietarios contra el Gobierno, como el acto de conciliación previo a una demanda por la no liberación de los avales personales depositados como garantía para el proyecto. Como muestra, tanto los dueños como Sodercán y el ICAF acudieron ayer a la reunión con abogado, por lo que no es descartable que el caso termine en el juzgado.

Desde el comité de Empresa, González sostuvo que «queríamos confrontar las opiniones de unos y otros sobre la situación actual de la compañía, pero en las contestaciones que se daban unos y otros quedó claro que no había ningún punto de encuentro». La plantilla acabó «sin ningún tipo de conclusión».