Fundinorte vende su maquinaria tras la falta de comprador para la empresa

A pesar de que el calendario no ayuda, especialmente por la parálisis que se produce en la actividad empresarial en agosto, se confía en que este proceso se desarrolle con relativa rapidez como paso previo a la liquidación efectiva de una compañía que ha pasado por múltiples manos y que por el camino ha consumido millones de euros públicos. Como ejemplo, la pasada legislatura la Administración PRC-PSOE, a través de la firma regional Sodercán y del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), comprometió 3,3 millones para ayudar a la reapertura de la fundición, en esta ocasión con el Grupo Vela a los mandos de la organización. ¿El resultado? Los empresarios y Sodercán están litigando en los tribunales por 1,1 millones en avales personales de los dueños que ahora pretenden que Sodercán libere y cobre su deuda de la mencionada maquinaria.

Tal y como informó este periódico ya en febrero, el plan de liquidación reconocía que la falta de tesorería impedía hacer frente a los suministros corrientes, incluida la energía, así como cualquier medida para la conservación de los bienes y derechos del inventario.

El diagnóstico cuantificaba la finca en 1,43 millones -750.000 euros el terreno y 682.225,43 euros las construcciones- que está sujeta a varias cargas. La primera, una hipoteca del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) para responder por el principal de 700.000 euros de financiación otorgada más 49.700 euros de intereses; 105.000 euros para gastos judiciales; y otros 35.000 para costas extrajudiciales. El Ayuntamiento de San Felices también tiene derecho en función de una deuda por IBI de 3.434,19 euros.

En relación a las instalaciones (191.561,45 euros), la maquinaria (1,59 millones) y el utillaje (451.661,96 euros), Sodercán también tiene una carga hipotecaria para responder por los 300.000 euros del préstamo concedido a la fundición más intereses. La Seguridad Social igualmente tiene gravados estos bienes como consecuencia del aplazamiento del pago concedido por 687.862,45 euros.

Este plan de liquidación se presentaba después del fracaso en los intentos por captar a un inversor que pudiera relanzar la factoría o se hiciera con toda o parte de la unidad productiva. El único interesado en los últimos meses, un fondo de inversión alemán, se retiró de la carrera por la fábrica tras una visita realizada en noviembre. ¿Las razones? Una mayor inversión que la prevista y «contingencias ambientales» que dificultarían la actividad productiva enfriaron al potencial ofertante.

Desde el Ejecutivo autonómico, a tenor de los acontecimientos, se insiste en que desde la parte pública se ha hecho todo lo posible para que el proyecto saliera adelante. Una vez que los administradores concursales tomaron las riendas de la empresa, el pasado septiembre, «se han respetado todas sus decisiones».

Sodercán llegó incluso a aprobar una nueva ayuda para Fundinorte en abril de 2018, siempre que ésta llevara aparejados diversos compromisos por parte del Grupo Vela con el futuro del proyecto. Finalmente no hubo punto de encuentro ante la negativa de los empresarios a seguir invirtiendo fondos en la fundición de San Felices.

Desde el punto de vista laboral, la plantilla ya fue despedida tras aplicarse un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre los 53 trabajadores que la componían, aunque la fábrica solía albergar muchos menos al estar el personal sometido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sujeto a la producción.

Mientras la liquidación de la planta se va completando, aún quedan por resolver los coletazos judiciales, en absoluto superficiales. Estaba previsto que Sodercán y Grupo Vela se vieran las caras en el juzgado hace escasos días, aunque finalmente el señalamiento quedó pospuesto hasta noviembre.

El ente regional inició las acciones legales pertinentes para exigir el cobro de las garantías pero los dueños de la planta interpusieron demanda para que fueran los tribunales los que resolvieran el conflicto y, en segundo término, demorar el cobro del erario cántabro.

Sodercán se apuntó meses atrás el primer tanto tras una sentencia en la que se desestimaba íntegramente la demanda incidental presentada por Fundinorte para que el crédito del millón de euros de la empresa pública cambiara su calificación al variar los avales personales por hipotecas mobiliarias. Aún con todo, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santander tiene pendiente decidir sobre otra demanda impulsada por los empresarios.