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Después de mucho tiempo esperando novedades, las noticias procedentes del Gobierno de España han trocado la incertidumbre por la decepción. Ése es el sentir industrial tras conocer el contenido del Estatuto del Consumidor Electrointensivo (ECEI), con el que las compañías que más luz demandan ... para sus procesos productivos esperaban obtener bonificaciones que abaratasen la factura y les acercaran a sus competidores europeos. Sin embargo, una vez analizado el borrador, y en pleno proceso de preparación y presentación de alegaciones, las conclusiones son claras: El futuro marco regulador no sólo no compensa las pérdidas sufridas por el recorte en la subasta de interrumpibilidad, sino que además está diseñado de modo que se penaliza a las grandes electrointensivas.
En Cantabria, que en este grupo tiene a firmas como Ferroatlántica, Global Steel Wire, Sidenor o Bondalti, ya se lamentó el incremento de potenciales beneficiarios de las nuevas ayudas, lo que en parte coadyuvaba a diluir el impacto de los apoyos para un sector que ya ha dado la voz de alarma. Tal es el caso de Ferroatlántica, que ha advertido que con el coste energético actual, en comparación con otras competidoras continentales, se corre el riesgo de deslocalización en plantas como la que el grupo tiene en Boo de Guanizo, entre Camargo y El Astillero.
Que el ECEI había caído como un jarro de agua fría entre las electrointensivas era algo que se podía colegir tras la tibia acogida, pero es que además esa premisa se ha visto aquilatada al analizar los números. Las aspiraciones quedan truncadas con las propias estimaciones elaboradas por el Ministerio de Industria, que muestra que los mayores consumidores obtendrán las bonificaciones más bajas por megavatio hora, unos 0,54 euros del fondo previsto para compensar costes relacionados con las energías renovables y otros cargos.
Ese incentivo es el menor de un reparto que llega hasta los 6,45 euros, el correspondiente a las empresas con un menor consumo. Así consta en la memoria que acompaña el proyecto de decreto, que recoge una 'simulación del coste' que tendrá el mecanismo para paliar parte del dinero que las electrointensivas abonan, como el resto de consumidores, para financiar plantas renovables y cogeneraciones, además de los denominados costes extrapeninsulares.
A tenor de la citada simulación, la ayuda máxima agregada para los usuarios de la tarifa 6.4 será de 10,69 millones al año, equivalente al 11,6% del total (91,8 millones), cuando esa categoría corporativa tiene los consumos más altos (48,5% del total subvencionable) y es por ello la más expuesta a los problemas de competitividad y riesgos de deslocalización asociados a los precios energéticos.
Más aún. Si se considera que el diferencial de precios con Alemania y Francia llega a ser, según la industria, de hasta más 20 euros, los 0,54 euros de la bonificación lo recortan en menos del 3%. En cambio, los usuarios de la tarifa 6.1A, que aglutinan el 14,3% del consumo, accederían al 41% del fondo de compensación si el documento no es permeable a las inminentes alegaciones.
Alberto Fuentes, director de la fábrica de Ferroatlántica en Boo, sostiene que «seguimos pensando que las medidas planteadas son totalmente insuficientes y que la forma de compensación debería ser más justa y lógica, favoreciendo más a quienes somos más intensivos en consumo energético, mientras que el proyecto de Estatuto penaliza a los grandes consumidores».
«Hay criterios totalmente objetivos aceptados por la Unión Europea, como son el peso de la factura energética sobre las cifras esenciales del negocio. Todo eso es medible», agrega.
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