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La actividad inspectora ha demostrado una vez más su eficacia para regularizar la situación de trabajadores en Cantabria. Así, de enero a octubre, un total de 5.832 personas han logrado las condiciones laborales que les correspondían en función del puesto que desempeñan. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la región ha aportado 7,6 millones de euros a base de descubrir fraudes y de las sanciones que se han impuesto. Así lo han destacado la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ayer en el Gobierno de Cantabria y en una rueda de prensa, en la que también ha participado el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez.
Quiñones y Álvarez han repasado la actividad desarrollada por este organismo en materia de prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, seguridad social, economía irregular y extranjería, y lo han hecho tras la celebración de la Comisión Operativa Autonómica de Cantabria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
De los más de 7,6 millones de euros que se han recaudado gracias a las actuaciones de los inspectores y subinspectores, 5,39 millones corresponden a liquidaciones de la Seguridad Social y más de 2,2 millones a sanciones.
La delegada del Gobierno destacó que estas cifras se logran «gracias al excelente trabajo que desarrollan los inspectores y subinspectores de la administración». En la misma línea, se ha expresado la consejera de Empleo subrayó que los resultados obtenidos «demuestran no sólo la importancia de la Inspección de Trabajo sino la necesidad de seguir intensificando la vigilancia de la normativa laboral» y añadió que «la Inspección la tenemos que ver como un apoyo a los trabajadores y trabajadoras y también a las empresas, porque combate la competencia desleal que le hacen otras empresas que no cumplen la normativa laboral».
En el área de prevención de riesgos laborales, se han desarrollado 30 campañas sobre condiciones materiales de seguridad y salud en el trabajo, gestión de la prevención, investigación de accidentes de trabajo e investigación de enfermedades profesionales. En el marco de las mismas, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha efectuado más de 4.600 actuaciones, ha extendido 1.209 requerimientos y ha tramitado 126 denuncias. Las sanciones han ascendido a 724.276,50 euros.
En el área de empleo y relaciones laborales se han efectuado más de 1.300 actuaciones y extendido 288 requerimientos y se han transformado en indefinidos un total de 498 contratos que se encontraban en situación irregular. A través del Plan de Choque contra el Fraude en la Contratación Temporal, se han regularizado otros 1.347 contratos e impuesto sanciones por 169.862 euros.
22millones de euros han correspondido a las sanciones impuestas tras la actuación de la Inspección de Trabajo
Dentro del área de Seguridad Social, se han realizado 4.451 actuaciones y se han detectado un total de 311 infracciones, con alrededor un millón de euros en sanciones y 2.083 trabajadores afectados. Se han efectuado liquidaciones por una cuantía de 5.394.660,45 euros ante casos de falta de cotización a la Seguridad Social, extendiéndose 69 requerimientos contra empresas por incumplimientos en la normativa de Seguridad Social.
En materia de economía irregular y extranjería, se han detectado 34 infracciones que han afectado a un total de 1.904 trabajadores sancionándose a los empleadores que ocupaban irregularmente a los mismos con algo más de 315.000 euros.
La delegada del Gobierno ha destacado el «firme compromiso» con los derechos de los trabajadores y trabajadoras y, por ello, ha aprobado en el pasado Consejo de Ministros el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023. Quiñones ha ensalzado que es un organismo clave para la defensa de los derechos laborales y, por ello, es necesario fortalecerlo con «importantes transformaciones estructurales» que permitirán readaptar su actividad, sobre todo teniendo en cuenta los sustanciales cambios económicos y sociales, que se han visto acelerados con la pandemia.
De cara a los objetivos del año 2022, el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez, avanzó que se ha acordado la realización de 103 campañas con un total de 6.960 órdenes de servicio a cumplimentar por el sistema de Inspección en Cantabria y señaló que destacarán actuaciones de prevención de riesgos en materia de género, peluquerías, construcción en investigación especial de accidentes leves y plan de choque contra la siniestralidad mortal. En materia laboral se actuará preferentemente en el control de tiempo de trabajo y registro de jornada, contratación, salarios y planes de igualdad.
En materia de Seguridad Social la lucha contra el fraude, contra el empleo irregular y empresas ficticias serán los ejes básicos de actuación.
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Ana del Castillo
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