El Gobierno, abierto a debatir la flexibilización del nuevo impuesto energético y bancario

Todo dependerá de la negociación del texto, aunque por lo pronto el Gobierno decidió ayer retirar los vetos que había comunicado apenas 24 horas antes a las 70 enmiendas parciales presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.

Entre las iniciativas que finalmente se debatirán se incluirán las propuestas del PP para gravar con un 33% los beneficios extra de las energéticas con actividad centrada en petróleo, gas y carbón, frente a la propuesta de Hacienda de gravar los ingresos, así como la supresión del impuesto para la banca.

El grupo parlamentario del PNV también coincide con los populares y la propia Comisión Europea en su propósito de gravar los beneficios y no la facturación. Los nacionalistas vascos sostienen que la cifra de negocio de por sí «no es indicativa de los beneficios obtenidos». El PNV también quiere aclarar que «los intereses y comisiones que se pretenden gravar son los obtenidos en España tanto por entidades residentes en territorio español, como por entidades no residentes que operen en España, por ejemplo, a través de sucursales, excluyendo los intereses y comisiones que se obtengan en otras jurisdicciones». Además, insta a la participación de País Vasco y Navarra en el impuesto, dentro de la futura negociación de la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Por su parte, el PDeCat incide también en la necesidad de gravar beneficios y no ingresos. Además, en el caso del tributo dirigido a las entidades financieras, el partido nacionalista catalán ha incluido propuestas similares a las que ha venido planteando en las últimas semanas todo el sector financiero. Por ejemplo, que el gravamen se aplique a todos los bancos, independientemente de su tamaño, sin limitar un mínimo de cifra de negocio a partir del cual pueda aplicarse, en aras de no afectar a la competititividad del sector.

Otra enmienda del PDeCat aboga por suprimir la prohibición de que las entidades trasladen el impuesto a sus clientes. El partido considera que esta imposición «vulnera la libertad de empresa» y «resulta contraria» a la guía de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés)sobre el origen y seguimiento de los préstamos.

Está previsto que la tramitación del impuesto finalice antes del 31 de diciembre, para poner en marcha el impuesto en 2023.