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Poco a poco Solvay va dando pasos firmes para avanzar en su proyecto de transición energética en el complejo industrial que posee en Torrelavega. ... A pesar de que la propia compañía ha reconocido la dificultad y problemas que le ha supuesto en su planteamiento la ausencia de Gobierno estable en Moncloa y, en consecuencia, de un interlocutor válido que le ofreciera certidumbre regulatoria para poder afinar en el cálculo de las inversiones, la química belga va avanzando en los pilares del plan que tiene más encauzados. Como ejemplo, el Gobierno de Cantabria está a punto de elevar a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental de una planta de producción de energía a partir de combustibles alternativos. El anuncio que recogerá el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en los próximos días se refiere al proyecto para levantar la planta de Combustibles Derivados de Residuos/ Combustibles Sólidos Recuperados (CDR/CSR), con la que la química belga quiere sortear en parte el final cada vez más cercano del uso del carbón en la producción industrial.
Dentro de los pasos dados por Solvay y el expediente remitido al Ejecutivo se encuentran algunos datos de interés. A saber, la instalación, que se ubicará en el interior del complejo de la organización a caballo entre los términos municipales de Torrelavega y Polanco, tendrá una eficiencia superior al 80%. Más aún, la inversión prevista alcanza los 125 millones y una previsión de puesta en marcha a final de 2023.
La Consejería de Industria, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, ya ha remitido los oficios pertinentes a los organismos afectados y potenciales interesados. La información pública es conjunta de la autorización de Industria y del trámite ambiental, y se prolongará por un plazo de 30 días hábiles, de manera que este paso se concluirá en febrero.
A partir de ahí se recopilarán todas las alegaciones para trasladarlas a Solvay. Una vez que la empresa se pronuncie, la Administración responde a las mencionadas reclamaciones. En plazos, esta fase del procedimiento debería estar acabada en abril de 2020 a más tardar.
Posteriormente será el turno de la Consejería de Medio Ambiente. Con el expediente completo, el departamento que pilota el regionalista Guillermo Blanco debe elaborar la Modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada y la Evaluación de Impacto Ambiental. Para estos trabajos dispone de medio año. Los cálculos giran en torno a finales del ejercicio próximo.
El consejero de Industria, Francisco Martín, ha solicitado al Gobierno de España que se incluya a Cantabria como una de las regiones que pueda recibir fondos europeos para la descarbonización, con vistas a la defensa de la empresa Solvay.
El consejero cántabro, que se dirigió la semana pasada por medio de una carta a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, manifestó su extrañeza por la no inclusión de Cantabria entre las regiones elegibles para recibir fondos europeos destinados a la descarbonización. Además, recordó que Cantabria cuenta con la única empresa con una central de cogeneración de carbón cuya supervivencia depende del cambio del modelo energético que forzosamente ha de afrontar, refiriéndose a Solvay, y «que entre trabajos directos e indirectos supone uno de los tres mayores empleadores de Cantabria y motor fundamental de la comarca del Besaya», apuntó.
Martín señaló en la misiva que la coyuntura internacional del mercado del carbonato hace que los sobrecostes inducidos por un forzoso cambio energético puedan sacar a la planta cántabra de los parámetros de competitividad global. «Sabemos que en este momento aún no está claro el mecanismo de reparto y destino de los 5.000 millones previstos por la Unión Europea, pero ya de partida Cantabria se queda fuera de las regiones elegibles», lamentó el titular de Industria.
Además, consideró que aunque no exista constancia en los organismos que han tomado esta decisión tan importante como garantizar una adecuada transición en las comarcas mineras o los intereses de las eléctricas propietarias de las centrales térmicas, se debe asegurar la supervivencia de las empresas directamente afectadas por este obligado cambio energético. «Y en este caso, te ruego que consideres a Solvay y su efecto sobre la comarca del Besaya, como un afectado 'con mayúsculas'».
Una vez pasado el filtro ambiental el proyecto retornará a Industria. El negociado que dirige Francisco Martín (PRC) emitirá la Resolución de Autorización Administrativa Previa. En dicho documento se indicará el plazo en el que Solvay debe presentar el proyecto de ejecución, que suele acompasarse a las demandas del promotor. Con ese plan en manos del Gobierno, la Consejería deberá mandar las separatas técnicas a los organismos afectados, si los hubiera. En caso de existir condicionados también tendrán que ser asumidos por Solvay para, acto seguido, emitir la correspondiente autorización para la construcción. Finalizados los trabajos materiales, se presentarán certificados de fin de obra para emitir la resolución de explotación.
La compañía ha puesto plazos a todo este camino administrativo. Baraja que la obtención de los permisos se demore hasta el primer trimestre de 2021, mientras que la decisión de inversión se adoptaría en el segundo trimestre. Para la ejecución del proyecto prácticamente se da dos años, hasta mitad de 2023. Tras una puesta a punto, la operatividad queda fijada en el último trimestre de ese año.
La energía, el tipo de fuente que alimentará el proceso productivo en Barreda, es la clave de los próximos años para garantizar el porvenir de la fábrica cántabra. En esa transición, como avanzó hace un año este periódico, el primer plan conllevaba una inversión próxima a los 200 millones. No obstante, ante las citadas dificultades regulatorias, se ha tomado la decisión de explorar alternativas para las patas del proyecto que van más rezagadas.
En el foco, la cogeneración de gas natural. El planteamiento que Solvay presentó al Ejecutivo autonómico gravitaba sobre dos ideas principales. El paso del uso del carbón a una nueva planta de cogeneración de gas natural y, en paralelo, la instalación de la caldera de combustible sólido recuperado (CSR) que implica la creación de 20 nuevos puestos de trabajo. La cuestión es que el primero de los escenarios se está complicando por la falta de certidumbre legislativa.
Por ello, en encuentros con el comité de empresa ya se han puesto encima de la mesa otras posibilidades para solventar la encrucijada actual. Dentro de ese 'macroplan', una de las actuaciones pasaba por la sustitución de la Balcke Durr –la última caldera de carbón que seguiría operativa en unos años en el complejo, toda vez que la otra se habría reemplazado antes por una caldera CDR de combustible sólido alternativo– por una nueva cogeneración con turbina de gas natural, que se sumaría a la ya existente para la que la empresa está pidiendo un Plan Renove y que constituye el tercer proyecto dentro de la transición energética.
Sin embargo, Solvay empieza a admitir que los plazos no cuadran para conseguir que se apruebe una nueva cogeneración de gas natural ante la falta de estabilidad en Moncloa, a lo que se suma que «el propio proyecto de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima no parece que esté apostando claramente por la cogeneración de gas natural, por lo que barajamos una alternativa a la construcción de la nueva caldera de gas natural. Ésta sería convertir la caldera de carbón Balcke Durr en una caldera de gas natural. En este caso la inversión sería menor, pero también la cogeneración de energía eléctrica, por lo que en teoría las compensaciones a percibir por el Estado español serían también inferiores», explicó en su momento la organización.
Solvay aún así incide en que esta propuesta sólo cristalizaría en caso de que fallase el plan inicial de poder hacer una nueva cogeneración de gas natural con un marco regulatorio favorable. Dado que esta normativa no se está produciendo, y el futuro Pniec parece arrinconar la cogeneración de gas natural, este 'plan B' empieza a coger fuerza.
No sólo eso, sino que igualmente en el interior de la fábrica de Barreda se ha comentado la opción asimismo de construir una segunda caldera de combustible derivado de residuo (CDR), aunque a este respecto Solvay matiza que no se trató en la reunión con el comité, sino que se habló de forma individual con algunas sindicalistas como «hipótesis de trabajo». ¿El motivo? «Porque en estos momentos no podemos rechazar ninguna posible solución para nuestro plan de transición energética. Pero ni es nuestro plan inicial y ni siquiera ahora es la alternativa al plan inicial», asevera la corporación.
La corporación belga se ha afanado en insistir en que «lo que se va a instalar en la planta de Solvay en Torrelavega es una caldera CDR (combustible derivado de residuo), que es el segundo proyecto de nuestro plan, no una planta incineradora de residuo. La caldera que pretendemos instalar es una caldera que quema un combustible que en su día fue residuo, pero ya no lo es. Lo que llegará a nuestra fábrica es por tanto un combustible, elaborado en otro lugar a partir de residuos, pero no son residuos mismos», anota.
Recientemente trascendió que Solvay tiene previsto iniciar en los próximos meses la producción a nivel industrial de un nuevo producto denominado 'gel de la apatita', que tiene importantes aplicaciones en la captación de metales pesados durante los procesos de tratamiento de las aguas residuales.
Fuentes de la empresa explicaron a Efe que este gel de la apatita es un producto surgido tras varios meses de trabajo en investigación y desarrollo del departamento de I+D de la empresa en la planta de Barreda, y que ahora se pretende iniciar su producción industrial y su comercialización.
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Ana del Castillo
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