Gobierno y agentes sociales pactan las primeras medidas de choque por valor de 90 millones

El acuerdo recoge además la ampliación de plazos y fraccionamiento del pago de los impuestos autonómicos, con un impacto calculado de 28 millones de euros para las arcas autonómicas, más otros 12 correspondientes al canon de agua residual, además de las anunciadas líneas de avales para pymes y autónomos a través de la Sociedad de Garantía Recíproca (20 millones) y del Instituto de Finanzas de Cantabria (Icaf).

Se trata de un primer acuerdo de medidas de choque que deberán reforzarse en una segunda fase con nuevas medidas para la recuperación económica tras la pandemia, como recoge el texto que se ha pactado.

El Gobierno y los agentes sociales han coincidido en que el acuerdo es un buena noticia y en la necesidad de afrontar la crisis sanitaria y sus consecuencias en la economía y el empleo desde el consenso y la unidad.

El acuerdo recoge la creación de un fondo sanitario dotado con 49,8 millones de euros, una batería de medidas para garantizar la renta de las personas y los hogares, que incluye un fondo de 6,9 millones para complementar la renta de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y un tercer paquete de medidas para la reactivación y el mantenimiento de la economía.

Establece asimismo los objetivos de la segunda fase del plan de reconstrucción que se negociará en el marco del diálogo social y recoge la demanda de la patronal de incorporar a las asociaciones representativas de los distintos sectores económicos.

Tras la firma del acuerdo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha subrayado que la acción de un gobierno no es suficiente para salir de una situación de emergencia como la ha generado la COVID-19 y la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan afrontar desde la unidad «esta etapa tan difícil que tenemos por delante».

La mayor parte del fondo sanitario, dotado con 49,8 millones, irá destinada al suministro de medicamentos y adquisición de material, el refuerzo del personal y la habilitación de nuevos espacios sanitarios, especialmente en materia de equipos de asesoramiento científico.

Dentro de las medidas para garantizar la renta de personas y hogares, destacan los 6,9 millones en ayudas a las personas afectadas por un ERTE. Se establece una ayuda de 200 euros por persona y mes completo de suspensión, que se abonará de menor a mayor base reguladora de la prestación por desempleo y hasta agotar la dotación prevista.

Así, las primeras personas en recibir la ayuda serán aquellas con menor prestación por desempleo, estableciéndose un pago único para este mes, sin perjuicio de que pueda estudiarse la extensión de este tipo de ayudas para aquellas afectadas por un ERTE que se hubieran alargado de manera significativa en el tiempo, siempre y cuando llegaran fondos adicionales por cualquier vía.

También se establece un complemento a las personas beneficiarias de la Renta Social Básica (RSB) en función del número de hijos a su cargo.

Tendrá una dotación de 1.600.000 euros para atender a aquellas familias perceptoras de la RSB con hijos menores de 18 años, durante 6 meses y por una cuantía de 75 euros por mes e hijo., una medida que, según el Gobierno, beneficiará a más de 2.000 menores.

También habrá una partida de 1,9 millones en ayudas a los alquileres de la vivienda habitual, a la que podrán acogerse los arrendatarios que se identifiquen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida como consecuencia de la COVID-19.

Además, se destinan 380.000 euros para el servicio de comedor a domicilio, del que se han beneficiado por el momento 1.300 alumnos, y otros 200.000 para la adquisición de ordenadores, routers inalámbricos y tarjetas de datos, para que los alumnos, especialmente los de las etapas superiores, puedan acceder a equipos para seguir las actividades docentes no presenciales.

Y se han habilitado ayudas, por un millón de euros, para paliar la reducción de ingresos de las personas que ejercen el derecho a la conciliación de la vida laboral y personal, recurriendo a la excedencia o la reducción de la jornada de trabajo.

Dentro del paquete de medidas para la reactivación y mantenimiento de la actividad económica, el plan recoge la creación de un fondo de apoyo municipal, con una dotación inicial de 8 millones de euros extraídos, principalmente, del Fondo de Cooperación Municipal.

Se destinarán a cubrir los gastos extraordinarios derivados de la crisis sanitaria, a la prestación de servicios básicos dirigidos a la población y, en último término, a obras y actuaciones de carácter local o comarcal.

Asimismo, se destina 1 millón para incentivar la contratación en las empresas, con el requisito de que hasta el 31 de diciembre de 2020 no hayan reducido sus plantillas y realicen nuevos contratos de trabajo de al menos un año de duración.

El documento recoge, además, el denominado «cheque de resistencia», destinado a los autónomos y micropymes que tuvieron que cerrar por el decreto de 14 de marzo, con una consignación inicial de 10 millones de euros, y el «cheque de autónomos», que desarrollará Sodercán y está dotado con 9 millones para subvencionar el equivalente a una cuota mensual de autónomos unipersonales (283,31 euros).

También está contemplado el aplazamiento de los pagos por alquiler o compra en la empresa pública Sicán y la exoneración del pago por aparcamiento a transportistas en Citrasa.

Para asegurar el sistema público de transporte por carretera, el Gobierno subvencionará íntegramente el coste de la adaptación de los vehículos para reducir el riesgo de contagios tanto en autobús como en el taxi.

Para el sector primario, el acuerdo incluye ayudas urgentes por 1,1 millones de euros, para el sector pesquero, los subsectores del ovino, caprino y de carne de vacuno, y para apoyar a los productos y alimentos de Cantabria.

Revilla ha valorado el hecho de que el Gobierno y los agentes sociales se hayan puesto de acuerdo para reordenar los «recursos escasos» de la comunidad y destinar las partidas presupuestarias «que no eran imprescindibles hacia lo imprescindible».

«Esto nos da ilusión para seguir avanzado en esta unidad. Hoy tenemos un primer paso que no es suficiente porque tendremos que recibir de Europa y de España partidas complementarias», ha señalado el presidente.

Revilla ha calificado además de «buena noticia» el plan de desescalada que ha anunciado el Gobierno de España ya que cree que hay que luchar con garantías contra el coronavirus pero no «se puede dejar caer la economía».

El vicepresidente, Pablo Zuloaga, ha destacado la «capacidad de acuerdo de todas las partes por entender la gravedad del momento» y hacer un frente común para ayudar a salir adelante a las economías más vulnerables, «blindar un sistema de salud público que en este momento está haciendo un gasto extraordinario para contener la enfermedad» e iniciar la vía de la recuperación, apoyando a autónomos, empresas y micropymes.

«Por parte del Gobierno nos toca ponernos a trabajar y desarrollar medidas para que lleguen ayudas cuanto antes a quienes más lo necesitan», ha subrayado Zuloaga, quien cree que no hay mejor manera de celebrar el Primero de Mayo que cerrar un acuerdo como este.

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha expresado su satisfacción por este primer acuerdo de diálogo social que se ha alcanzado en «en un contexto difícil y en una situación nueva para todos».

Carmona ha destacado que el Gobierno y los agente sociales hayan llegado a un acuerdo «en apenas una semana», que «van a percibir los trabajadores de la región, las administraciones, diferentes ayuntamientos, y que tiene líneas adecuadas para la industria de Cantabria».

Y ha incidido en que se trata de un primer paso, a la espera de las ayudas de la Unión Europea y del Estado para que se puedan «repartir entre todos» los problemas que ha generado el Covid-19.

«Nos gustaría haber llegado a acuerdos muchísimos mejores, pero Cantabria es una comunidad con unas limitaciones y tenemos que repartir la carga. Sin duda este es el camino a seguir», ha subrayado.

El secretario general de CCOO en Cantabria, Carlos Sánchez, ha opinado que el acuerdo «ha tardado demasiado tiempo» y ha defendido que si alguien tiene que apuntarse la iniciativa de buscarlo son los sindicatos, que hicieron una primera propuesta por escrito.

A su juicio, se ha hecho un esfuerzo «muy importante» para constituir un fondo «global y muy permeable» porque se pueden compensar unas partidas con otras a la hora de afrontar el gasto y además abierto a que si se reciben fondos adicionales, como así espera.

Ha insistido en que es un primer paso al que seguirá una segunda fase con el desarrollo de medidas de apoyo para hacer frente ahora a una situación «aún más difícil desde el punto de vista económico y social» y que espera que no tenga «demasiadas consecuencias en materia de empleo».

Según el presidente de CEOE-Cepyme, Enrique Conde, se ha «tardado demasiado tiempo» en tomar medidas para hacer frente a la crisis del COVID-19 y llegar a un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales era «lo lógico y lo coherente».

Un acuerdo, ha añadido, que incluye medidas sanitarias, hacia las personas y «medidas de escudo hacia las empresas y los autónomos» que ahora se tienen que reforzar con un planteamiento «mucho más fuerte y crucial» y medidas que refuercen la economía regional para volver a la senda anterior a la pandemia.

Conde ha señalado que la CEOE ha puesto sobre la mesa la reivindicación de que esas medidas se traten con cada sector productivo y que a partir de ahí lo que hay que hacer es trabajar por esa recuperación.