El Gobierno aprueba la retirada de sus portavoces de las empresas participadas

El ejemplo más reciente fue el de la antigua Greyco. Como explicó este periódico, el Ejecutivo aceptó a finales de 2018 pagar más de 240.000 euros a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por la deuda que mantenía la compañía con el fisco. En concreto, Hacienda inició un procedimiento de derivación de responsabilidad de forma solidaria contra los que en su día fueron consejeros de la antigua fundición radicada en San Felices de Buelna, hoy renacida como Fundinorte y que también va camino de la liquidación. En ese Consejo el Ejecutivo tuvo a través de Sodercán dos representantes, contra los que dirigió, entre otros, sus actuaciones la AEAT y por los que ha tenido que responder el ente público, que por orden del Gabinete PSOE-PRC trató de reflotar la fábrica en los primeros años del siglo XXI con diversas ayudas públicas.

Ahora Sodercán ha decidido tomar precauciones y evitar riesgos innecesarios en empresas que, a fin de cuentas, no controla. Por ello, para evitar futuras reclamaciones, se opta por salir de forma progresiva de las sociedades no institucionales en las que la organización tenga presencia.

¿Por qué se adopta esta medida? Principalmente por dos motivos. El primero, porque desde 2012 se han venido efectuando en las oficinas de Sodercán derivaciones de responsabilidad a distintos administradores en los Consejos participados. Segundo, y más importante aún, en todos los casos el seguro que tenía contratado el Ejecutivo para tal efecto ha denegado hacerse cargo de las reclamaciones al apuntar que la cobertura no encaja en el contrato suscrito.

Como muestra, el citado expediente de Greyco, en el que Sodercán ha iniciado las acciones pertinentes para tratar de que la firma aseguradora se haga cargo del abono, pero que por el momento la tesorería autonómica ha tenido que asumir una reclamación de 240.278,13 euros, prácticamente la mitad de lo que el fisco demandaba en un primer momento, 481.949,02 euros. Como contrapartida, la Administración tuvo que asumir su culpabilidad en la deriva de la fundición y renunciar a alegaciones en sede judicial, un escenario que obviaba el pago 'reducido' que se efectuó a final del pasado ejercicio.

Así las cosas, la hoja de ruta diseñada desde el Gobierno arranca con la salida de Cloudit SL y Tubacex Services. La primera, una compañía de software; la segunda, una de las principales apuestas industriales de la pasada legislatura cuyo plan de negocio en el Polígono Industrial Marina-Medio Cudeyo no ha alcanzado los ambiciosos hitos previstos debido a las tribulaciones que han afectado al mercado metalúrgico. Como referencia, se esperaba la creación de 100 empleos directos tras una inversión de 14 millones.

Desde el Gabinete PRC-PSOE precisan que la retirada de las diversas participadas se efectuará de forma «progresiva», aunque en el planteamiento igualmente está la marcha del Consejo de Sidenor Forgings & Castings, la sociedad segregada después de la entrada del Gobierno en el capital social tras invertir 15 millones por el 24,9% de la sociedad y en la que cuenta con dos representantes: Salvador Blanco, antiguo consejero delegado de Sodercán; y José Miguel Barrio, alcalde de Reinosa.

En este caso, y dado que la división campurriana de gran forja se encuentra hoy en día en pleno proceso de venta entre unos traders estadounidenses del acero y el directivo cántabro Javier Cavada, la salida de los portavoces gubernamentales sería más tardía.

¿Cómo se va a controlar la evolución de las participadas desde la óptica pública? Básicamente a través de la participación en las juntas de accionistas; con comisiones de seguimiento periódicas con asistencia de personal de Sodercán y representantes de las participadas; así como acudiendo con invitación a sus consejos de administración.

Sodercán ya inició en septiembre este repliegue progresivo con el cese de sus dos consejeros en Santander Coated Solutions ante la incertidumbre en torno al desarrollo de la segunda fase en el Puerto de la capital cántabra, actualmente descartada. Con todo, la estrategia está tomada de organismos como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).