El Gobierno avala el permiso ambiental de la nueva planta de cloro de Barreda

Altamira Electroquímica del Cantábrico SA. Ése es el nombre de la sociedad adscrita al grupo portugués CUF que está dando los pasos administrativos para explotar una nueva planta de cloro en terrenos de Solvay en Barreda después de que la instalación existente tenga que echar el cierre el próximo 11 de diciembre al no conceder el Gobierno autonómico una moratoria al uso de mercurio durante la producción.

Solvay ha insistido en los últimos días en que las negociaciones con la corporación lusa transcurrían por la senda adecuada pero no estaban cerradas, aunque ya el 24 de octubre aportó al Ejecutivo regional un documento rubricado por las tres partes -la propia Solvay, Altamira y CUF- que constituía un «principio de acuerdo de la cesión y cambio de titularidad de referencia».

La información queda recogida en una resolución reciente de la Dirección General de Medio Ambiente en la que se entrega a Altamira Electroquímica del Cantábrico SA. la Autorización Ambiental Integrada para el conjunto de instalaciones necesarias para la fabricación de productos químicos inorgánicos, en particular para la línea de producción de cloro y derivados. En el mismo expediente igualmente se da luz verde al cambio de titularidad de la citada línea, pasando de Solvay a la compañía integrada en CUF.

Fue en ese escrito de 24 de octubre mediante el cual Solvay solicitó a Medio Ambiente la segregación de la autorización ambiental integrada de la que es poseedor, en concreto la de la planta de producción de cloro y sus derivados. Esa parte se cede a Altamira, «así como la titularidad de dichas instalaciones a partir del día 11 de diciembre de 2017». Acompañando la petición, además de la mencionada copia de acuerdo, también se adjuntó un plano de las instalaciones del complejo industrial de Barreda, delimitando con zonas sombreadas las ubicaciones de las áreas objeto de la segregación; y la escritura de constitución de la sociedad anónima Altamira Electroquímica del Cantábrico.

Precisamente, la semana pasada se produjo una polémica entre USO y la propia compañía después de que el primero afirmara estar en posesión de información suficiente para anunciar un acuerdo y la empresa desmintiera tal extremo. Este lunes, cuestionada por la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente, Solvay insistía en que la operación no estaba cerrada, pero reconocía que trámites como el recién conocido son «barreras» que se están sorteando para poder tener todos los elementos encima de la mesa a la hora de estar en disposición de alcanzar un consenso final.

De hecho, desde la empresa aseguran que gestiones de este tipo ante diferentes administraciones son necesarias para avanzar en la venta definitiva. «No hay acuerdo firme aún. Las dos empresas han tenido la obligación de dar otro enfoque a las propuestas después de que el Gobierno cántabro no aprobase la moratoria para seguir utilizando el mercurio en la producción. Seguimos avanzando con los pasos burocráticos en busca de una solución viable», recalcan.

Aunque Solvay sostiene que «hasta el último día todo puede pasar», la fecha tope para que la actual fábrica de cloro deje de producir es el 11 de diciembre, lo cierto es que los plazos aprietan. Empresa y sindicatos trabajan hoy en día con el escenario más probable, esto es, la llegada de CUF a través de Altamira para la construcción de una nueva fábrica que utilice la tecnología de membranas.

Así quedó reflejado en la reunión celebrada la semana pasada con el comité, en que se pusieron sobre la mesa dos ideas fuerza. La primera, que Solvay recolocará a todos los trabajadores de la planta de cloro, unos 40, más otros empleados indirectos. Este personal será redistribuido por el resto del complejo, lo que llevará implícito el inicio de negociaciones para perfilar un «plan social» que permita digerir ese excedente de recursos humanos. Ambas partes se han citado para próximo día 22 con objeto de empezar a dibujar esa hoja de ruta.

En paralelo, Solvay insistió en que no habrá traspasos forzosos de su plantilla a CUF, ahora ya Altamira Electroquímica del Cantábrico. Las marchas, en caso de haberlas, tendrán lugar después de que la firma lusa haga ofertas al personal y este las acepte o no de forma voluntaria. Los plazos estimados para que la futura factoría pase de los planos a la realidad oscilan entre los 18 y los 26 meses.

Este escenario ha llevado a USO a expresar su satisfacción con el plan de recolocaciones, que a su juicio da pie a las prejubilaciones demandadas por la organización desde hace tiempo, además de insistir en la 'fumata blanca' respecto a la nueva planta de cloro que Solvay está confirmando «por la vía de los hechos».

UGT, por su lado, hizo converger la semana pasada su discurso con el de la Dirección de la factoría y defendió que aunque las negociaciones estaban muy avanzadas no estaban cerradas. En todo caso, el optimismo también era la nota predominante en el sindicato.