El Gobierno se aviene a pagar 240.000 euros a Hacienda por la deuda de Greyco

El proceso germinó el pasado año cuando la AEAT impulsó un procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria, reclamando al hoy técnico de Sodercán 481.949,02 euros como posible responsable subsidiario en relación con Greyco, y solidaria con los restantes miembros de su Consejo, otros tres compañeros, entre ellos el citado extrabajador. Entre 2007 y 2008 salieron de la compañía los dos representantes públicos.

A pesar de presentar las alegaciones correspondientes, Hacienda comunicó a finales de noviembre al afectado que había agotado el fin de la vía administrativa sin que hubiera prosperado su argumentario.

Sodercán, ante esta tesitura, puso en marcha diversas actuaciones. La primera, pedir consejo a Glezco Asesores; la segunda, comunicar a la compañía aseguradora la existencia del siniestro. No obstante, el seguro ha rechazado hacerse cargo de la cantidad exigida. Según ha podido saber este periódico, el Gobierno ya ha iniciado las acciones pertinentes para que la póliza finalmente tenga que cubrir la cantidad.

Fue a finales de diciembre cuando el Ejecutivo tuvo encima de la mesa un informe de Glezco en el que se recogían dos alternativas para hacer frente a la ofensiva fiscal. Por un lado, aceptar la resolución y asumir el abono antes de los primeros días de enero por un importe reducido, esto es, 240.278,13 euros, cerrando de forma definitiva el camino para poder presentar cualquier recurso adicional. La otra posibilidad, interponer una reclamación antes de Navidades, aunque se hacía constar que la misma tenía pocas posibilidades de prosperar y en tal caso no procedería rebaja alguna respecto a los 481.949,02 exigidos. La consultora colegía en su análisis que avenirse al pronto pago era la elección menos gravosa, ya que entendía que no iba a resultar razonable conseguir un veredicto en favor del interés público.

En consecuencia, Sodercán acordó pagar y no pleitear contra Hacienda. No así contra el seguro para tratar de recuperar la cantidad comprometida.

No sólo eso. En una política que empezará a verse de forma progresiva -ya se han producido casos como en Santander Coated Solutions- el ente público ha propuesto el cese progresivo de las personas físicas que actúen como consejeros en las sociedades participadas, en línea con la estrategia marcada por la SEPI Desarrollo Empresarial (Sepides) o el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Y mientras el erario regional aún sigue sufragando facturas de la antigua Greyco, su sucesora, Fundinorte, también supone un foco de tribulaciones para los actuales gestores regionales.

Como muestra, la batalla judicial que mantienen los dueños de la planta, el Grupo Vela, también con Sodercán por tratar de evitar que el Ejecutivo recupere parte del dinero invertido en esta nueva etapa, 3,3 millones entre la propia Sodercán y el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), con los avales personales presentados por los empresarios en el momento del acuerdo.

Los dueños, de hecho, tratan de que el Gobierno satisfaga sus cobros con la maquinaria de San Felices, pero Sodercán se niega a renunciar a las garantías personales.

De momento los tribunales están dado la razón a la firma regional. Primero fue el Juzgado de lo Mercantil y, ahora, el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander, que en un auto reciente acaba de denegar las medidas cautelares interesadas por Jesús Vela SL y Jesvefe SL para que Sodercán se abstuviera temporalmente de reclamar por la vía ejecutiva las citadas fianzas.

¿Y cuál es el estado actual de la planta? Los administradores concursales ya presentaron a los acreedores el plan de liquidación. La búsqueda de inversores por el momento no ha arrojado fruto después de que un fondo alemán declinara en noviembre apostar por la fundición al entender que la inversión iba a ser mayor que la prevista en un primer momento y ante el riesgo de contingencias ambientales.

La propia vicepresidenta cántabra, Eva Díaz Tezanos, sostuvo el pasado viernes que no había novedades en torno a la empresa. Más allá, claro, del pago que a finales de año hubo que realizar a la Agencia Tributaria.