El Gobierno de Cantabria apoya al Grupo Celsa ante el bloqueo de su rescate

Tal es así que el lunes el Consejo de Administración del Grupo Celsa rechazó el planteamiento de los fondos, que no estaban de acuerdo con las condiciones planteadas por la organización en torno a una quita próxima a los 1.200 millones y proponían entrar ya en el capital social. Estas desavenencias han llevado a la SEPI a frenar el expediente para otorgar la financiación, con el agravante de que todo el proceso se discute contra reloj: este mes concluye la excepcionalidad que la Unión Europea otorgó a este tipo de ayudas para no ser consideradas contrarias a la competencia comunitaria. Previamente debería pasar por el Consejo de Ministros.

Una situación de máxima tensión, en definitiva, que igualmente ha hecho salir a la palestra al propio Gobierno de Cantabria. En un comunicado, el consejero de Industria, Javier López Marcano, trasladó ayer su apoyo al grupo industrial ante la situación trascendental en que se encuentra para poder acceder a la financiación pública a través del Fondo de Ayuda a la Solvencia en Empresas Estratégicas.

López Marcano defendió que la actividad de Celsa debe prevalecer por encima de intereses financieros que no prioricen el mantenimiento y crecimiento de puestos de trabajo y que impedirían el acceso a los citados fondos públicos.

El consejero recordó que Celsa, a través de su filial Global Steel Wire, es una empresa fundamental para Cantabria. “Representa el 25% de nuestras exportaciones y de nuestro PIB industrial, y contribuye al mantenimiento del valor insustituible de la economía industrial en Cantabria”, subrayó.

En este sentido, recalcó que desde que el Gobierno de Cantabria conoció el impacto que provocó el covid en la compañía, “hemos apoyado siempre su candidatura” como empresa estratégica para recibir fondos de ayuda de la SEPI.

No sólo eso. “No nos podemos permitir que una vez aprobados esos fondos, la financiación pública no entre en la compañía por causa de un bloqueo interesado y especulativo de sus acreedores. No es razonable que los fondos de inversión pretendan beneficiarse de una ayuda pública a la vez que exigen altísimas rentabilidades", afirmó.

Al igual que sus homólogos de Cataluña y País Vasco, el consejero cántabro mostró su deseo de que los acreedores de Celsa se sumen a los acuerdos que ya se han adquirido por parte de la compañía y que eviten así el bloqueo de la entrada de capital público.

López Marcano espera que todas las partes implicadas en la resolución de los acuerdos que deben posibilitar la entrada de financiación pública para impulsar la compañía tomen conciencia de la relevancia de su decisión y se adhieran, antes de que finalice el plazo para la entrada del fondo gestionado por la SEPI.