El Gobierno cántabro exige a los acreedores de Celsa garantías para el Plan de Reestructuración

Arasti ha realizado estas afirmaciones tras el pronunciamiento público de los acreedores, que considera «demasiado genérico», en el que los fondos asumen el compromiso de preservar la españolidad de la compañía así como el mantenimiento de la plantilla; el mantenimiento de las capacidades productivas en España; y la búsqueda de un socio industrial español.

El consejero reclama exhaustividad en la concreción de las medidas, en línea con el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno en septiembre para defender la integridad, la viabilidad, la actividad y el empleo del Grupo Celsa en Cantabria y en España, en el que la Comunidad Autónoma establecía una serie de condiciones particulares que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, trasladó por carta al ministro de Industria, Héctor Gómez.

En el acuerdo , el Gobierno de Cantabria reclama en primer lugar al Gobierno central que tome las medidas necesarias o autorizaciones preceptivas para garantizar el mantenimiento del centro principal de intereses, así como el domicilio fiscal y social del Grupo Celsa en España. Además, le insta a que impida «las modificaciones que supongan la desaparición, la disminución de actividad o volumen de negocio o cualquier otra forma de pérdida de valor de los centros de trabajo ubicados en Cantabria y en España».

Para garantizar la viabilidad, la integridad del Grupo Celsa y el mantenimiento del empleo actual, el Gobierno cántabro considera necesario que el Plan de Reestructuración incluya «compromisos específicos» en gestión del grupo, endeudamiento y política financiera, recursos humanos, inversiones productivas, transición ecológica y tecnología y sistemas, y que se verifique periódicamente para poder adoptar «medidas correctoras», si se produjeran «desviaciones significativas».

En cuanto al control accionarial, el Ejecutivo propone la existencia de un accionista o accionistas españoles de referencia con una participación que permita el ejercicio de facultades de control o derecho de veto, en su caso, sobre determinadas decisiones estratégicas societarias que afecten a modificaciones estructurales, transmisión o enajenación de activos productivos, reparto de dividendos, transmisión o enajenación directa o indirecta de acciones o participaciones de las sociedades del Grupo, y despidos objetivos individuales o colectivos basados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Finalmente, el Gobierno de Cantabria plantea la creación de un Consejo de Administración, con presencia de consejeros independientes, que fomente la integración de todas las visiones estratégicas necesarias para preservar el valor del Grupo Celsa.

El Gobiern regional recuerda que Celsa es la primera empresa en producción de materiales industriales de la región, con una facturación en 2022 de 857 millones de euros, lo que representa el 49% del sector metalúrgico de Cantabria, y con 1.145 puestos de trabajo, el 3,6% del empleo industrial, especialmente en sus filiales Global Steel Wire y Global Steel Products. Una empresa que, además, ha invertido más de 467 millones de euros durante el periodo 2001-2022 y que el pasado año movió 1.895 toneladas, el equivalente a casi 80.000 camiones (más de 300 diarios), cifras que la convierten en el primer usuario del Puerto de Santander por volumen de mercancías.