El Gobierno cántabro propone sancionar a Sniace con 37,2 millones por el C02 de 2019

El párrafo brilla con luz propia dentro de la diferente documentación que los administradores concursales de Sniace remitieron semanas atrás al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, dentro de la revisión trimestral de cuentas que de forma periódica envían al tribunal que pilota el proceso de liquidación de la antigua cotizada con complejo industrial en Torrelavega.

En el fondo, una propuesta de multa histórica impulsada por el Ejecutivo de Cantabria, que dada su particularidad y, sobre todo, la altísima cuantía tendrá que ser validada por el propio Consejo de Gobierno que preside Miguel Ángel Revilla.

Así lo confirma a El Diario el director general de Medio Ambiente, Antonio Lucio, que igualmente explica los orígenes del expediente. «Es un procedimiento sancionador que se abrió en septiembre del año pasado por incumplimiento de las obligaciones de una ley estatal de 2005 que establece el régimen de comercio de derechos de emisión y que obliga a las empresas que emiten dióxido de carbono a la atmósfera a cumplir unas obligaciones que establece la mencionada legislación», comienza.

En el caso concreto que evalúa el expediente de la Administración, esas obligaciones relativas al ejercicio 2019 «se tendrían que haber cumplido por parte de la empresa antes del 30 de abril de 2020, algo que no se produjo en plazo. En consecuencia, se abre un expediente, del que se da traslado a la empresa», concreta el director de Medio Ambiente.

Dado que Sniace enfila el proceso de liquidación desde que anunciara en febrero de 2020 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su incapacidad para poder cumplir con el convenio concursal pactado prácticamente un lustro antes, fueron los administradores quienes recibieron la comunicación de la Consejería. José Luis Ramos Fortea y Pedro Vilella presentaron alegaciones, pero el Ejecutivo las ha rechazado. «Entendemos que esas alegaciones no están fundamentadas. Después de todos los trámites, por la cuantía tiene que ser el Consejo de Gobierno el que lo apruebe», agrega Lucio.

¿En qué plazo? «En los próximos días o semanas», remacha.

En relación a si es factible cobrar algo de esa suma, en caso de que prosperara el expediente administrativo, dada la situación de liquidación en que se halla Sniace, a juicio del director «no tiene relación con el concurso. Según nuestro criterio, es una obligación que tiene la empresa antes de entrar en la situación concursal. Estamos hablando del año 2019. La sanción se cuantifica de acuerdo con la ley, que a su vez da cumplimiento a una normativa europea».

Como cualquier expediente administrativo, el acuerdo de Consejo de Gobierno sería trasladado posteriormente de nuevo a la organización, que podría recurrirlo en vía administrativa.

Si esta amenaza para Sniace todavía está pendiente de concretarse, hay otros créditos contra la masa por el CO2 que ya figuran entre la documentación de los administradores concursales. En concreto, según informó el viernes este periódico, destacan algunos abonos pendientes con el Ministerio para la Transición Ecológica correspondientes con el valor de los derechos de CO2 a devolver, calculados de forma provisional, en tanto en cuanto dependen de las fluctuaciones de precio en el mercado. Como referencia, Celltech -la sociedad de Sniace centrada en el negocio de la celulosa- adeuda 553.745,46 euros por este concepto; mientras que Sniace arrastra otro crédito de 10.132.303,05 euros por el mismo requisito.